Será entonces cuando Yusty decida si mantiene la suspensión de la licencia de obra. En el caso de que el magistrado revoque su propia medida, el Gobierno tendrá vía libre. En cambio, si la prolonga, la batalla se trasladará de escenario. Es entonces cuando el Ejecutivo puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia y, en el caso de que sigan sin darle la razón, podrá acudir al Supremo. Todo este proceso, según los cálculos de fuentes jurídicas, suele durar entre dos y cinco años.