El Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía del Estado instauraron la pena de muerte a líderes corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a los 463 mil dólares. Esta medida entrará en vigor desde la publicación y supone una revisión del Código Penal de 2015 donde no se estipulaban las cantidades exactas para justificar o no su aplicación.