La justicia europea entra en juego ante la avalancha de cartas que llegan sin previo aviso a los domicilios de ciudadanos de varios países del Viejo Continente exigiendo una cantidad de dinero a cambio de no llevarlos a juicio por piratería. Será el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) el que decida si esta práctica, que afecta a varios miles de usuarios españoles, tiene encaje en el derecho de la Unión o supone un abuso.