La orden secreta que el Ministerio de Justicia e Interior dirigido por Juan Alberto Belloch implementó para gestionar los fondos reservados y el régimen de los confidentes -plenamente vigente en la actualidad- permite pagar a los colaboradores policiales sin necesidad de autorización judicial previa, sin que quede constancia en ningún documento oficial de las identidades de los que reciben esos abonos en ‘B’.