La Comunidad de Madrid busca compensar a las empresas de comedor escolar a las que suspendió el contrato en marzo, cuando pararon las clases presenciales en los centros educativos. Aquella suspensión abrió la puerta a los contratos con cadenas de comida rápida para familias vulnerables. El Ministerio de Trabajo ha negado el ERTE a algunas de estas empresas y ahora la Comunidad tendrá que indemnizarles si lo solicitan, asumir el coste de personal y se negocia incluso una prórroga de los contratos.