La normativa impulsada por el Ministerio de Trabajo para garantizar la "laboralidad" de los riders ha dividido a las plataformas de comida a domicilio y a los casi 15.000 repartidores que trabajan para ellas entre los defensores de seguir con el modelo de autónomos, calificados como "falsos" por una parte de los tribunales, y los que buscan que se fije por ley un "marco laboral estable y seguro" que despeje cualquier duda sobre su condición de trabajadores por cuenta ajena.