La Fiscalía acusa a Jorge Fernández Díaz y a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de no ejercer el control que exige la ley sobre la utilización de los fondos reservados, permitiendo "su utilización ilícita" y además "propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal", como el "enriquecimiento personal de altos mandos policiales".