El poder judicial, en los países que dicen ser o quieren ser democráticos, se utiliza para asegurar que el incumplimiento de las leyes que emanan del resto de poderes del Estado se cumplan con igualdad y equidad entre toda la ciudadanía, independientemente de la situación personal o particular. Sin embargo, la extrema derecha ha intentado hacer un uso político de la justicia aprovechando las herramientas establecidas en la legislación, las administraciones públicas, los resquicios del sistema e ingentes recursos económicos y mediáticos.