La provincia de Petorca sufre una sequía severa provocada por los efectos del cambio climático y la actividad de las grandes compañías agrícolas en un país donde el mercado del agua no está regulado. Esta realidad se remonta a la Constitución de 1980, elaborada durante la dictadura de Pinochet, que abrió las puertas a vender, arrendar o especular con el recurso.