El Estado peruano no quiere ver “la violación sistemática del derecho al territorio, a la propiedad, a la consulta, al propio modelo de desarrollo, a vivir en un medio ambiente equilibrado y adecuado y del derecho a la vida de los pueblos indígenas”. Por el contrario, permite que las empresas ingresen a territorios indígenas sin permiso, y de esta manera impone de modo violento un modelo de desarrollo opuesto a los planes de vida de los pueblos indígenas u originarios.

Policías y agentes fiscales queman viviendas y destruyen los lugares sagrados en una comunidad indígena de Corpus Christi, Canindeyú (Paraguay), aprovechando la ausencia de los integrantes de la parcialidad. Los indígenas no se encuentraban en el momento del desalojo y destrucción debido a que participaban en una audiencia a la que fueron convocados por la jueza Silvia Cuevas para tratar el caso de sus tierras. La misma juez es la responsable de la orden de desalojo y quema en el mismo horario.

Tras 86 años de litigio, el Tribunal Agrario Unitario del quinto circuito falló en favor de la tribu indígena de Baqueachi, restituyendo los predios invadidos por ganaderos mestizos del municipio de Carichí, en el estado de Chihuahua (México).

En un fallo calificado de histórico un tribunal colombiano ordenó devolver 50.000 hectáreas de tierra al pueblo indígena Embera Katío, en riesgo de desaparición física y cultural por el conflicto armado, como reconocimiento a sus derechos fundamentales.