La norma ha contado con un amplio apoyo y establece el deber de denunciar y medidas de prevención innovadoras. La norma contará con una financiación de 70 millones de euros, según ha anunciado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien ha calificado la nueva legislación de "hito" en la protección de los derechos de la infancia. En su opinión, la nueva ley sitúa a España "a la vanguardia" internacional en esta materia.
