El Ministerio Público acusaba al magnate de haber comprado la finca a Pioninin, dejando a la sociedad sin activos y de esa forma impedir su subasta para que, en enero de 2022, cuando ya estaba siendo investigado por la gran causa de supuesto fraude fiscal, la sociedad pagara 120.000 euros a la Agencia Tributaria por sus deudas. La defensa negó estos hechos y la intención fraudulenta, y ahora los magistrados consideran que las pruebas no son suficientes para aseverar que Aristrain actuó de forma premeditada para “perjudicar” a la Agencia T
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