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La Xunta da luz verde a la creación de la universidad privada de Abanca desoyendo las recomendaciones de su órgano consultivo

Sede del Institututo de Educación Superior Intercontinental de la Empresa en Vigo.

Beatriz Muñoz

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 La Xunta ha dado el último paso dentro de sus competencias para la creación de la universidad privada que impulsa Abanca. Ha remitido al Parlamento gallego el anteproyecto de ley de reconocimiento de la Universidad Intercontinental de la Empresa, que es el nombre que recibirá la institución educativa. Sigue adelante, de este modo, con una propuesta que uno de los órganos consultivos del Gobierno gallego, el Consello Económico e Social, ha informado negativamente. Los motivos son que no se especifica qué titulaciones se impartirán ni hay una adecuación del plan a los requisitos que impondrá el Gobierno central. Su opinión no es vinculante.

El jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo informó del trámite en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete. Contestó, sin citarlo, al dictamen y afirmó que las titulaciones ofertadas se regulan una vez está creada la universidad a través de una ley. Un decreto recogerá los estudios específicos que se impartan a través de un “procedimiento adicional” y a propuesta de la propia universidad.

La solicitud para crear la que será la primera universidad privada de Galicia se presentó en 2018 y, desde entonces, se han seguido “todos los trámites preceptivos”. El proyecto tiene la aprobación del Gobierno central desde noviembre de 2020, recordó Feijóo. Sin embargo, ese mes el Ministerio de Universidades no solo confirmó la autorización, sino que también anunció un nuevo real decreto sobre universidades que elevará las exigencias para crear o mantener un centro de educación superior y complicará esta iniciativa de Abanca. Las nuevas condiciones se aplicarán a las universidades ya existentes y solo 12 de 81 cumplen actualmente los requisitos.

La nueva universidad, que la Xunta ve con buenos ojos, prevé centrarse, según la información que ha trascendido, en dos áreas de conocimiento: las ciencias sociales y jurídicas y la ingeniería y la arquitectura. El decreto en el que trabaja el Gobierno pide que las áreas que se abarquen sean tres y más titulaciones de las que preveía el plan para este nuevo centro.

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