Drogado y borracho atropella a un peatón, huye y se deja la matrícula en la calzada

Laureano y Clara llevan años queriéndose. El pasado 3 de julio salen a dar una vuelta. A eso de las 00.30 de la noche van de regreso a casa. Cruzan un paso de cebra en la confluencia de la calle Lagartera con Ronda Sur, en Madrid capital. Ella va delante. Su pareja camina algo más retrasada. De repente, aparece un vehículo a gran velocidad, rugiendo. Parece que se va a chocar con otros coches aparcados en la curva, pero frena y logra evitar el impacto. Justo a continuación vuelve a acelerar en dirección al paso de cebra. Laureano ve que el vehículo se lanza sobre él. Mueve los brazos para delatar su presencia y le da tiempo a gritar: “¡¡Cuidado!!”. De nada le sirve. El conductor ni hace ademán de frenar. Le golpea salvajemente con el parachoques y lo lanza volando diez metros más allá. Clara entra en shock.

Una vecina, que ha salido al balcón a fumar un cigarrillo, observa la escena: “Vi como un Mercedes gris claro iba a toda velocidad. En la curva hasta le chirriaron las ruedas. Delante una pareja, hombre y mujer, iban cruzando por el paso de cebra. A pesar de ello, el coche no aminoró de velocidad y se llevó al hombre por delante. Del topetazo el vehículo se paró. Luego volvió a arrancar y huyó, pasando por encima de peatón que estaba en la calzada”.

Inmediatamente llegan al lugar agentes de la Policía Municipal de Madrid. Laureano todavía sigue con vida. Avisan a emergencias, que se lo lleva al hospital con un hilo de vida. Horas después acaba falleciendo. Los policías interrogan a los testigos e inspeccionan la escena del atropello. Sobre el suelo ha quedado la matrícula del vehículo y el aro frontal con el símbolo del Mercedes. Al consultar las bases de tráfico localizan al dueño y le llaman: “Sí, el coche está a mi nombre, pero jamás lo he usado. Lo compró mi hijo y lo conduce solo él”. Les da su número de móvil y los agentes empiezan a llamarle insistentemente, pero no coge. Mientras, rastrean el lugar. Localizan el Mercedes. Lo han aparcado a dos kilómetros de distancia. La puerta está bien cerrada y no hay señales de que haya sido forzado.

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EFE

De madrugada, a eso de las 4.30, el hombre que presuntamente conducía el vehículo, devuelve la llamada a los agentes. “Miren, yo no sé nada de ningún accidente”, dice con la voz pastosa. “Ahora mismo voy camino de comisaría de Entrevías para denunciar que me han robado el coche”. Los policías le piden que les espere, que van para allá porque quieren entrevistarse con él: “Sin problema”. Lo localizan a las 5.15 en la sala de espera de la comisaría y allí mismo lo detienen. Lo trasladan a dependencias de la Policía Local y le hacen una prueba de alcoholemia. Son las 5.30, más de cinco horas después del atropello. El resultado es de 0,71 de alcohol en aire aspirado. Se la vuelven a hacer una hora y media después y todavía es de 0,51 mg/L. El detenido tiene los ojos muy enrojecidos, el habla pastosa, apesta a alcohol y le cuesta mantenerse recto.

Le someten a una prueba de drogas y da positivo en cannabis. Cuando se lo comunican, lo confiesa sin problema: “Sí, he fumado”. Lo pasan a disposición judicial y Su Señoría lo envía a prisión provisional sin fianza. Le acusa de homicidio, omisión del deber de socorro y un delito contra la seguridad del tráfico.

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“En España debería producirse un cambio legislativo en esta materia”, apunta la abogada penalista Bárbara Royo, especialista en accidentes de tráfico, que ejerce la acusación en los dos casos de kamikazes de Madrid. “No puede ser que la fiscalía se conforme con acusar por homicidio imprudente al conductor que mate a un peatón si va bajo los efectos del alcohol y las drogas. La pena va de uno a cuarto años. Las familias sienten una profunda indefensión y es que no se trata de una acción imprudente. El que va bajo el efecto del alcohol y/o las drogas sabe que no tiene sus reflejos al 100% y que puede matar a alguien. En mi opinión eso es un dolo eventual, es decir que el conductor puede prever la posibilidad de ese fatal resultado. En el caso de los kamikazes defendí esa teoría y se les va a juzgar con penas mucho más elevadas”. Si se aplica la tesis de la letrada la pena podría ascender a quince años, lo que haría desaparecer la sensación de impunidad ante este tipo de muertes evitables. Al revés, podría tener un efecto disuasorio.