Nuevo golpe económico y de reputación del Estado español en Reino Unido por su resistencia a indemnizar a empresas de energías renovables. Un tribunal británico ha ordenado el embargo de 800.000 euros en cuatro cuentas estatales en Reino Unido que poseía hasta ahora el Instituto Cervantes en ese país.
La decisión judicial ha sido adoptada por la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales y lleva la rúbrica del magistrado Richard Harold Davison. Da así la razón al grupo Blaskett que intenta vías de cobro con activos del Estado en Reino Unido al negarse el Gobierno a ejecutar un laudo ganado por esta entidad a España por el cambio a la baja en las subvenciones previstas a inversores en renovables.
La decisión de alterar el marco de ayudas fue tomada por el Gobierno anterior de Mariano Rajoy para contener el déficit tarifario heredado del precedente de Zapatero y el actual de Pedro Sánchez se resiste a pagar los juicios perdidos alegando protección de la Unión Europea.
Esta decisión judicial, que ha sido ya notificada a la Abogacía del Estado, se une a otras victorias parciales de Blaskett que tiene en marcha un proceso de embargo de la propia sede del Instituto Cervantes en Reino Unido y otra oficina de la Generalitat de Cataluña que el juez considera también propiedad del Reino de España. Estos procesos no han afectado hasta ahora a la actividad de ambas instituciones españoles, pero este embargo de cuentas sí puede dañar su liquidez. El juez ordena también notificar la decisión al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros Teresa Ribera y José Manuel Albares.
El saldo acumulado en las cuatro cuentas que ha sido intervenido por la justicia británica asciende a ¤805.808 euros (£699.057,49 libras esterlinas), según los abogados de Blaskett.
Este proceso está ligado al caso Infrared, que derrotó a España en un proceso canalizado en el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Es un litigio arrancó en 2014 y llegó a su fin en agosto de 2019, cuando se publicó un laudo que quedó confirmado en marzo de 2021.
La denuncia reclamaba una compensación de ¤75,7 millones de euros, que quedaron reducidos a ¤28,2 millones de euros una vez se conoció la sentencia final. Blaskett va intentando cobrar mediante incautaciones en Reino Unido.
Este pulso se une a que los tribunales británicos han autorizado el embargo cautelar de la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorada en 900 millones.
En paralelo a estos intento de cobro, Blaskett considera «intervenidos cuatro títulos de deuda pública española e invocado la cláusula que sitúa a España en una situación de default técnico». El Ministerio resta importancia.