La formación que lidera Ione Belarra presentó hace dos semanas su propuesta para reformar el Estatuto de los Trabajadores. Se trata de una extensa proposición de ley que busca fijar la jornada laboral en 35 horas semanales, recupera la indemnización de 45 días por año y abre el debate sobre el periodo de prueba, después de que el número de ceses haya crecido de forma significativa en los últimos años sin que el Gobierno o los sindicatos tengan claro cuál podría ser el diseño alternativo. Podemos plantea que las empresas tengan que justificar por escrito esta decisión para que el trabajador pueda reclamarlo ante la jurisdicción social, que podría declararlo nulo.
Así consta en la proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados que ha consultado La Información y a la que el Gobierno debe responder en los próximos días. Los morados proponen una modificación del artículo 34 de la ley, que regula el periodo en el que tanto el trabajador como el empleador puede rescindir el contrato sin preaviso y sin aportar una justificación -a no ser que se haya acordado otra cosa-. Este puede alcanzar los seis meses para los técnicos titulados y se restringe a dos para el resto de trabajadores, de acuerdo con la directiva 2019/1152 que el Ministerio de Trabajo traspuso en febrero y la iniciativa de Podemos mantiene estos tiempos, pero aboga por que se tramite como un despido disciplinario en el plano judicial.
El incremento de estos ceses tras la aprobación de la reforma laboral, llevó a algunos actores a sospechar que se estaban encubriendo antiguos contratos temporales con los periodos de prueba de acuerdos laborales indefinidos. La Inspección de Trabajo vigila que las empresas no incurran en esta práctica, porque supone un fraude de ley, pero los laboralistas han advertido de la dificultad de seguir estos movimientos y demostrar que es una práctica repetida, así como el escaso número de casos que han llegado a los tribunales. Por ello, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció una campaña específica para perseguir esta práctica el pasado 24 de abril.
Las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno coincidieron con un nuevo repunte de los ceses en periodo de prueba, de acuerdo con las estadísticas de Seguridad Social que llegan hasta el mes de marzo de 2024. Ese mes hubo 75.000 personas que no superaron el periodo de prueba, pero la estadística tocó techo -si excluimos el periodo de la pandemia- el pasado verano con 105.200 personas que se encontraban en esta situación en julio. No obstante, no está entre los temas que el Ejecutivo quiere tratar en la próxima reforma del despido que quiere llevar a cabo con el impulso del pronunciamiento del Comité Europeo de Derechos Sociales que parece ser favorable a UGT, como entidad denunciante.
Los socios de la coalición, PSOE y Sumar, acordaron "establecer garantías para las personas frente al despido", cumplir la carta europea y reforzar la causalidad para extinguir la relación laboral. Si bien, la posición de cada una de las formaciones políticas respecto al despido es dispar, como ha quedado reflejado en las respuestas de la Abogacía del Estado a la reclamación presentada por el organismo de Pepe Álvarez y también por CCOO, como publicó este medio. Díaz aboga por establecer una indemnización que no esté tasada ni tenga un límite prefijado para atender a las circunstancias personales del trabajador despedido, algo que no convence al PSOE.
Tampoco comparte esta posición Podemos, que podría terminar por ser un socio clave para sacar adelante la reforma, como ha sucedido con la reforma del subsidio. Los 'morados' quieren acabar con la figura del despido improcedente, de forma que el cese solo pueda ser objetivo o nulo y recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado para este segundo supuesto. Si, por el contrario, el despido obedece a razones objetivas, la formación de Belarra apuesta por incrementar la compensación de los 20 días actuales a 25 días por año trabajado si la empresa no ha aludido a causas económicas para justificar esta decisión.
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