Una nueva sentencia condena al ayuntamiento de Coslada a reconocer como trabajador a un parado que hacía labores de colaboración social. El Ayuntamiento de Murcia ha reconocido a 446 colaboradores sociales como indefinidos no fijos. Entre 2007 y octubre de este año al menos 43.292 personas en paro han sido llamadas por las administraciones como colaboradoras sociales.

Se ha presentado una querella por escuchas presuntamente ilegales basada en lo publicado por EL PAÍS sobre la grabación a los que intervienen el teléfono del Pequeño Nicolás (Fran). Posiblemente se haya utilizado un IMSI-catcher o antena con estación base falsa que monitoriza todos los terminales móviles de una celda de telefonía GSM, afectando a una pluralidad de personas. Se pide al Juzgado que requiera al Tribunal Supremo la autorización de esa intervención masiva y se fundamenta en la "vieja" sentencia de las "escuchas aleatorias" del CESID

Liam Bette, un francés residente en Málaga, no pudo participar en los Nacionales de Taekwondo de 2013 pese a ser ser campeón de Andalucía júnior y sénior. Una resolución del Consejo Superior de Depores permitía a la Federación vetar su presencia en la competición, circunstancia que él recurrió ante la Justicia.

ADICAE logra que Banco Mediolanum tenga que hacer frente a una sentencia que atestigua que los comerciales del banco visitaban y llamaban a los consumidores para colocarles un producto que ni entendían ni querían. La sentencia afirma que, a la vista de las órdenes de compra de estas obligaciones, no se sabe a ciencia cierta qué se estaba comprando.

La sentencia mantiene que la toma de imágenes en plena calle de peatones y vehículos sin expresa autorización vulnera el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, desestimando el recurso de la entidad financiera contra una resolución de la AEPD que, pese a todo, ha fijado el castigo más bajo posible para infracciones graves.

La cifra de mujeres víctimas de homicidio en la entidad llegó a 120 en este año, pero sólo una persona fue procesada por feminicidio, debido a la resistencia de la Fiscalía General del Estado a investigar si los crímenes tuvieron que ver con cuestiones de género.

La falta de definición para este supuesto no se da en los otros casos para los que se autoriza: terrorismo, crimen organizado y delitos contra los menores La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal legisla sobre una práctica que los jueces autorizaban sin un texto en el que apoyarse.Una sentencia del Tribunal Constitucional anuló en septiembre las escuchas en el calabozo a un condenado.

La paciente comenzó a sufrir síntomas de un posible infarto y desde que avisó a los servicios sanitarios hasta que se trasladaron a su domicilio transcurrió algo más de unos treinta minutos, "lo cual se compadece mal con la necesidad de atención urgente". Además, hubo un error de diagnóstico médico pese a las indicaciones de la ATS sobre el estado de la enferma.Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por la paciente y su familia contra la...

Un preso marroquí que cumple condena por narcotráfico se cosió los ojos en protesta por el rechazo de su petición de ver a un responsable de la cárcel de Kenitra, a unos 40 kilómetros al norte de Rabat. El narcotraficante pidió ver a un alto responsable de la cárcel para "desvelar nuevas informaciones", una petición que fue rechazada por la administración penitenciaria. Zahaf, condenado a diez años de prisión por narcotráfico, también se cosió los ojos el pasado mes abril, poco después de que un tribunal pronunciara su sentencia.

El Tribunal Supremo ha absuelto a dos jóvenes que exhibieron fotografías de dos etarras en la Diada de Cataluña de 2012 y anula la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que les condenó a un año de prisión a cada uno por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,ha asegurado este viernes que su prioridad es "recuperar el bienestar de los españoles que se llevó la crisis". Durante una rueda de prensa en La Moncloa para hacer balance de 2014 y fijar sus prioridades para el año que resta de legislatura, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que después de siete años, "este se ha creado empleo neto, lo que marca un antes y un después" y ha reiterado que estas son las Navidades "de la recuperación". "Así, 2015 será el año del despegue de la economía", ha sentenciado.

La Sala de lo Penal absuelve al alcalde de Marinaleda, y a otras tres personas más, del delito de desobediencia y confirma la pena por el de usurpación de inmueble. La sentencia explica que ello no significa legitimar la forma en que dicha protesta se ha realizado por mucho que fuera su respaldo social o político, "pues el comportamiento enjuiciado debe ser considerado en todo caso como delictivo, al actuar los recurrentes al margen de la legalidad vigente y debe ser sancionado como delito de usurpación por el carácter indefinido y persistente

El presidente o está haciendo un 'spot' publicitario, o habla de un país que no conoce", ha sentenciado Errejón. Podemos ha calificado este viernes de "insulto" y "broma de mal gusto" el discurso de balance del año realizado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha asegurado que los términos utilizados "no se corresponden en absoluto con la situación de nuestro país".

De las 48.653 condenas a medidas alternativas al ingreso en prisión que dictaron los jueces por delitos de violencia de género el año pasado, 8.298 obligaban a los hombres a cursar un programa de reeducación, conforme los datos oficiales. Se trata de personas sin antecedentes penales, que no parecen suponer un peligro para sus víctimas y reciben una sentencia inferior a dos años de cárcel. Según los expertos consultados, da resultado: las tasas de reincidencia están por debajo del siete por ciento.

La última sentencia del Supremo, que negó esta modalidad por la mala relación entre los progenitores, abordó un caso en el que intervino hasta el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. "No cambia mucho la situación actual", dicen los técnicos, que recuerdan que esta custodia no se estaba aplicando en casos de conflicto grave. "Hay mucha presión por parte de los grupos interesados", señala un perito judicial.

El TS obliga al Santander a revelar una lista de 100.000 clientes con más de 3 millones. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que obliga al Santander a desvelar la identidad de que quienes han realizado movimientos de más de 3 millones

Selección formada por escritos hasta ahora desconocidos firmados por magistrados del Tribunal Supremo pasando por breves comunicados de ceses/dimisiones de Fiscales Generales y finalmente un repertorio con varias sentencias de esas que ponen a los genoveses en su sitio, incluido al ínclito a Rafael Hernando, su nuevo Portavoz del GPP.

El ministro Rafael Catalá reconoce que se están produciendo sentencias con penas muy altas, "desproporcionadas en el momento actual". Justicia baraja proponer un máximo de 18 años de cárcel o bien multas económicas. Actualmente, el 315 contempla penas de hasta tres años de prisión para las personas que "actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga", así como para los que limiten o impiden el derecho de huelga..en los últimos meses este artículo se ha empleado ...

La sección 13 de la Audiencia Provincial de Madrid condena a la Bankia a devolver los 87.100 euros invertidos por una anciana analfabeta en preferentes. La sentencia –que anula el falló del juzgado nº 53 de Madrid- considera que “ha de rechazarse que la suscriptora tuviera conocimiento aquilatado, certero, total y asumido” de lo que contrataba.

Esta sentencia se remonta a noviembre de 2009, cuando Competencia inspeccionó la sede de Unesa en el marco de una investigación por posibles prácticas anticompetitivas en el sector. De esta investigación se derivó una multa de 61 millones de euros para la asociación y las cinco mayores eléctricas por obstaculizar los cambios de compañía y restringir la competencia. Unesa recurrió esta inspección por considerar, entre otras cuestiones, que no estaba bien justificada, una reclamación que planteó ante Competencia y, tras ser rechazada ...

El Supremo declaró ilegal contratar a desempleados para realizar labores propias de la administración a menor precio. El Gobierno permite que continúen en sus puestos. Centenares de personas trabajan en ayuntamientos de Madrid bajo este sistema, denominado de “colaboración social”..

"Las tres activistas han sido detenidas o sentenciadas únicamente por sus críticas a las autoridades. Estas críticas no son sólo legítimas según las obligaciones internacionales de Bahréin, sino esenciales para el libre debate necesario en una sociedad civil saludable", han valorado.