La madre de Mari es una de las que ha recibido el aviso de desahucio, pese a que cuando ha acudido al juzgado le han comunicado que no atendiese la petición del escrito. Así, las denuncias presentadas por el policía local multado junto a su abogado por impagos de los contratos ilegales que él mismo ofrecía, están prosperando y se han cobrado ya su primera víctima...

Con la vivienda como uno de los principales problemas de la capital, los inquilinos del Plan Vive madrileño pagan una renta por encima de la media de la zona y deben abonar el IBI, algo que el Supremo declaró ilegal en Aragón en 2023.

Cayó al patio de luces del edificio. Fue rescatado por los bomberos e ingresado en un hospital.

La Sareb, conocido como el banco malo y participado mayoritariamente por el Estado, cuanta aún con miles de viviendas en propiedad procedentes del rescate bancario. El objetivo de la entidad es dar salida a estos activos antes de 2027, pero en su interior aún residen familias que aseguran que se encuentran en peligro ante el deplorable estado de algunos de los pisos. Hacinamiento, condiciones de insalubridad, cortes de suministros e incertidumbre. El contacto es casi imposible y cuando se consigue está plagado de hostigamientos y amenazas.

En Baleares y Madrid hay que destinar más del 60 %. Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de sueldo bruto que es necesario para el pago de una vivienda media de 80 metros cuadrados en alquiler se registró en Baleares (63 %) y Madrid (62 %), siendo las únicas por encima del 60 %. A continuación se situaron Cataluña (58 %); País Vasco (54 %); Canarias (51 %); Comunidad Valenciana (44 %); Cantabria (42 %); Navarra (40 %); Andalucía (36 %); Aragón (35 %); Castilla y León (34 %); Galicia (33 %); Asturias (32 %)...

Mari Carmen lleva viviendo en la misma casa, ubicada en el barrio madrileño de Ibiza, durante casi 70 años. Este viernes 31 de mayo podría quedarse en la calle al no poder asumir la subida del alquiler que reclaman los propietarios del edificio.

Los hechos probados certifican que la denunciante era inquilina de un apartamento desde el mes de octubre de 2021, cuya casera era la mujer condenada. Pero fue desde marzo de 2023, tras recibir una carta certificada de la Agencia Tributaria en la que se le requería el pago directo a la misma por una deuda de la propietaria, cuando cambió la situación.