Los despidos involucrarían casi al 40% de la plantilla actual El procedimiento de de despido conectivo de Indra se ha puesto en marcha definitivamente estos días, pero a las 13.000 posiciones que ya se anunciaron que estarían afectadas para su división de Soluciones TI ahora se le suman otros 6.000 puestos de la división de Sistemas en España

Fin al culebrón de Scytl. El grupo irlandés Paragon ha adquirido la unidad productiva de la empresa de votaciones electrónicas tras el visto bueno del Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona, que llevaba el concurso de acreedores de la empresa española.La operación se formalizará a través de Service Point, la compañía de reprografía y soluciones gráficas comprada por Paragon en 2015, según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras de la operación.

Giuliani menciona en la Fox que el software Dominion es propiedad de la empresa venezolana Smartmatic, con vínculos con la española Indra.

Fuentes cercanas a Indra han desmentido a Vozpópuli cualquier vinculación con estas empresas y cualquier injerencia en las elecciones. "Indra nunca ha desarrollado ningún proyecto de gestión de procesos electorales con Dominion ni con Smartmatic. Y nunca ha tenido ninguna relación contractual o comercial con esas dos empresas, que son competidores de Indra. Indra no ha intervenido de ninguna forma en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos", señalan.

Economía tramita una licitación de emergencia para mantener el sistema de rastreo durante los próximos dos años "ante el grave peligro que representa la situación sanitaria actual de evolución de la pandemia".

Refuerza la importante acción social que viene desarrollando desde el comienzo de la crisis del coronavirus con la ayuda de sus trabajadores, a los que facilita la participación en numerosas iniciativas que contribuyen a mejorar la vida de las personas más vulnerables.

Ni siquiera ha hecho falta esperar a su dimisión. Los socios de Prisa han decidido cesar a Javier Monzón como presidente de la compañía, a iniciativa de Amber Capital. En la votación acaecida en la Junta de este viernes, el 52% de los asistentes se ha pronunciado en contra de su continuidad, frente al 46% favorable. Será el dueño de Amber Capital, Joseph Oughourlian, el nuevo presidente en funciones mientras se inicia el proceso para la elección de nuevo presidente.

Telefónica e Indra suman un total de 3 millones de euros en cuatro contratos para dar seguimiento y rastreo telefónico de casos de Covid-19 en la Comunidad de Madrid. En tres ocasiones, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha ampliado un primer contrato que había sido adjudicado el 29 de mayo a la ‘UTE Indra BPO-Indra-Telefónica' -por la vía de emergencia y sin publicidad- para realizar el seguimiento de contactos y el estudio de seroprevalencia en la comunidad.

Cuando el pasado 2 de enero el Boletín Oficial del Estado publicó la contrata por la que dejaba en manos de Indra la asistencia técnica del plan de vacunación del Covid-19, a nadie le sorprendió. El contrato, que asciende a 961.819,32 euros, impuestos incluidos, es el último de una larga lista de adjudicaciones relacionadas con la sanidad que, en los últimos diez años, le ha reportado a la empresa más de 151 millones de euros.

El Portal de la Contratación Pública de la región da cuenta de la adjudicación sin publicidad de esta nueva ampliación por 1.001.880 euros. Según detalla, contempla que se hagan 4.500 llamadas al día por un coste de 2,90 euros cada una. El plazo de ejecución estimado es de 60 días, desde el 27 de enero hasta el 27 de marzo.La Comunidad mantiene su confianza en la UTE de Indra y Telefónica para esta labor de seguimiento. Algo por lo que se ha embolsado ya más de dos millones de euros con las sucesivas adjudicaciones, sin contar el nuevo contrato

La multinacional Indra quiere evitar ir a juicio por la causa de la caja B del PP de Madrid. Consciente de que esta investigación penal está aproximándose a su fin, la empresa ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional para pedir que se le desligue de cualquier irregularidad. El magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, imputó a la consultora hace poco más de un año al considerarla como un instrumento de desvío de fondos del Gobierno regional de entonces.

La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la solicitud de sobreseimiento argumentando que quedan aún diligencias importantes por practicar.

Indra se erige como una de las firmas tecnológicas pioneras en España. Un supuesto ejemplo a seguir en un país en el que el uso del cemento siempre se ha preferido al de los ordenadores. Pero, como decía Mark Twain, cada persona (o empresa) tiene su lado oscuro. En el caso de la compañía que preside Fernando Abril-Martorell más si cabe, cuando organismos como la CNMC o Hacienda no le quitan el ojo de encima.

Indra Business Consulting es la única consultora que ha resultado exonerada definitivamente de la prohibición de contratar con el sector público, medida prevista en el artículo 71 de la Ley de Contratación del Sector Público, dentro del grupo de 22 compañías que han sido multadas por constitución de cártel, según informó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en una reciente resolución de expediente.

Por segundo día consecutivo, las acciones de Indra se sitúan como las más penalizadas del Ibex 35. El valor se deja más de un 10% entre el viernes y el lunes tras conocerse la marcha de la presidencia de Fernando Abril-Martorell, que será sustituido por Marc Murtra, ingeniero industrial y patrono de la Fundación La Caixa, que fue también jefe de gabinete del exministro de Industria Joan Clos hace catorce años

La SEPI es el primer accionista de Indra, con el 18,7% del capital, y el Gobierno es el principal contratista de la empresa. En representación del organismo público se sientan en Indra el exministro de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, y el exdiputado por el PSOE en Sevilla, Antonio Cuevas, quien también forma parte de la comisión de nombramientos de Indra.

El consejo de administración de Indra ha aprobado el nombramiento de Marc Murtra como nuevo presidente no ejecutivo[..]Medida impuesta por la Sepi, primer accionista del grupo, con el 18,7% del capital.[..]La compañía ha nombrado dos consejeros delegados, con carácter solidario, Ignacio Mataix y Cristina Ruiz, responsables de las divisiones de Transporte y Defensa y Minsait, sobre quienes se delega las funciones ejecutivas.

Lo ha hecho a través de un contrato de emergencia y sin publicidad por 224.479 euros. La Comunidad de Madrid tendrá disponible a finales del mes de junio el Certificado Verde Digital de Vacunación frente a la Covid-19, también conocido como ‘pasaporte Covid’ o ‘cartilla verde’, para que los madrileños que estén pensando en viajar a otros países europeos este verano puedan hacerlo con todas las garantías sanitarias y de seguridad que exige la Unión Europea (UE).

La empresa gestiona desde hace once años el Centro de Atención al Paciente del Servicio Madrileño de Salud por casi siete millones de euros al año. Con la pandemia ha ampliado sus funciones y sus contratos. Trabajadoras del centro denuncian caos y escasa formación para resolver dudas sobre el covid-19.