Las actuaciones policiales de los Mossos tras la condena por el «procés» en octubre del año pasado han dado lugar a una auditoría interna que sigue creciendo. Ya hay cerca de 50 agentes investigados.

Las empresas obligadas a elaborar un plan de igualdad deberán someterse a auditorías externas sucesivas para valorar el grado de aplicación efectiva de los principios de igualdad retributiva que establece la legislación, según consta en los borradores de los reales decretos que están ultimando los ministerios de Trabajo e Igualdad a los que ha tenido acceso La Información y que ya obran en poder de los agentes sociales.

as empresas de más de 50 trabajadores tendrán que hacer auditorías salariales que evalúen y valoren los puestos de trabajo con criterios "objetivos y adecuados" para evitar la brecha de género. Además, los planes de igualdad deberán inscribirse en el registro de convenios (hasta ahora no era obligatorio), pero solo podrán hacerlo las empresas que los hayan negociado. Dicho de otra forma: las empresas ya no podrán llamar 'Plan de Igualdad' a documentos unilaterales.

Una veintena de prestigiosos especialistas expresa en ‘The Lancet’ su preocupación por la situación del país, con registros peores que otras naciones del entorno. “La COVID-19 ha golpeado fuertemente a España, con más de 300.000 casos, 28.498 muertes confirmadas, y un exceso de alrededor de 44.000 muertes, a 4 de agosto de 2020. Más de 50.000 trabajadores de la salud han sido infectados, y casi 20.000 muertes se dieron en residencias de ancianos”

Veinte reputados científicos han reclamado que se realice una "evaluación independiente e imparcial" por parte de un grupo de expertos internacionales y nacionales sobre la actuación del Gobierno y de las 17 comunidades autónomas en la gestión de la pandemia de COVID-19.Según esgrimen, las "posibles explicaciones" a la mala situación de España frente al COVID-19 pese a la fortaleza de su sistema sanitario es "la falta de preparación para la pandemia (es decir, sistemas de vigilancia decientes, escasa capacidad para realizar pruebas de PCR...

La Marea Blanca en Defensa de la Sanidad Pública ha exigido al Gobierno de España que realice una auditoría “urgente” sobre la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid. La petición reclama que se audite la situación del personal sanitario, a las listas de espera, a los rastreadores y por “la desviación de fondos públicos a entidades privadas”.

Con el paso de los años, el partido del cambio, el que se congratulaba de estar a la cabeza en cuanto a la actualización de sus cuentas económicas y que exigía la misma receta al resto de partidos, acaba volviéndose menos transparente. El partido que enarbolaba la bandera de la claridad, el que en 2015 presumía de ella –y con fundamento– al convertirse en la primera fuerza política en realizar una auditoría externa de sus cuentas, ya no puede alardear de tal condición.

El pasado 7 de agosto la élite de la investigación española se organizó para hacer un llamamiento a las autoridades sanitarias: se necesitaba realizar una auditoría externa de la gestión de la crisis del covid-19 y cuanto antes fuera mejor. Tres días después, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró que aceptaría esta revisión porque era "obvio que hay que evaluar el pasado y evaluarlo bien", no sin mostrar algunas reticencias hacia la petición.

Una veintena de reputados científicos españoles firmaron el pasado mes de agosto una carta publicada en la revista The Lancet en la que exigían la puesta en marcha de una evaluación externa e «imparcial» sobre el impacto y gestión del Covid-19, capitaneada por un comité de técnicos y expertos independientes que elaborasen un informe a la mayor brevedad posible cuyas conclusiones fuesen aplicadas por el Ejecutivo central. ¿El objetivo? Evaluar la actuación del Gobierno y de las 17 comunidades autónomas en la crisis sanitaria, corregir errores...

Rechaza las alegaciones de la 'big four' y respalda el criterio del ICAC de que la auditora incumplió su obligación de obtener evidencias suficientes "sobre aspectos muy relevantes" del balance de la entidad.El trabajo de fiscalización que los auditores de PwC realizaron de las cuentas anuales del ejercicio de 2012 del Banco Popular, año en el que la entidad sustanció la absorción del Banco Pastor, incumplió la obligación legal de efectuar las pruebas necesarias para verificar la información proporcionada por el banco y a consecuencia de ello

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre, ha aprobado la propuesta elevada por el grupo municipal Adelante Cádiz relativa al apoyo a los trabajadores y trabajadoras del sector del metal. Esta moción ha recibido los votos favorables del equipo de gobierno y del concejal no adscrito, Domingo Villero, mientras que el PSOE se ha abstenido y el PP y Ciudadanos han votado en contra de la misma.

El juicio contra la antigua cúpula de Dia sigue su curso sin que ninguno de los acusados se salga de su papel. Tras el ejercicio de escapismo del jueves protagonizado por el exconsejero delegado Borja de la Cierva, este viernes comparecieron los auditores de KPMG en la Audiencia Nacional y argumentaron que no vieron irregularidades cuando pasaron a la cotizada por su escáner.

para la representación de obra sobre los comuneros. La concejala de Cultura del consistorio leonés reconoce que se pusieron en contacto con su departamento para representar en la capital leonesa «una ópera de los comuneros» | Evelia Fernández ha reconocido que «todo lo que tenga que ver con Villalar, mejor que aquí no venga». Evelia Fernández se ha negado a ceder el Auditorio Ciudad de León para tal fin y remarca que cuando se lo propusieron le explicaron que «es una...

Informe de la auditoría forense ordenada por un juez en el condado de Antrim, Michigan, arrojó "errores intencionales" con una tasa de 68 % en las inconsistencias, cuando lo tolerable por la Comisión Federal de Elecciones es de 0,0008 %. Informe preliminar en ingles beta.documentcloud.org/documents/20423772-antrim-county-forensics-repo

En la auditoría de comparativa de firmas realizadas en el condado de Cobb (Georgia), debido a las acusaciones de fraude realizadas por Trump, solamente se encontraron dos firmas no válidas de un muestra aleatoria de 15.118 votos, el 10% de los votos por correo del 3 de noviembre. En un caso, el voto fue 'firmado por error por el cónyuge del votante', y en el otro, el votante 'informó haber firmado solo en el frontal del sobre'. "En ambos casos, los votantes identificados llenaron los votos ellos mismos” según el comunicado oficial.

Emilio Saracho buscaba algo, lo que fuera, para poder justificar una reexpresión de las cuentas de 2016 que no tuvo ningún impacto en las ratios del Popular pero que sí hizo mucho daño en la liquidez, como indicaron los peritos del Banco de España

Desde que comenzó esta legislatura en enero de 2019, el Gobierno andaluz se comprometió a reordenar la conocida como 'administración paralela' que los anteriores gobiernos del PSOE fueron creando a lo largo de 37 años en el poder en Andalucía. El Ejecutivo ha encargado varias auditorías para conocer la situación real del entramado de empresas públicas y agencias, pero no ha sido hasta ahora cuando ha decidido comenzar a desmontarlo. La reforma comienza con la fusión de cuatro agencias en una sola, que tendrá una plantilla de 1.386 trabajadores.

El Gobierno se lleva la peor valoración, pero las comunidades y los ayuntamientos también reciben una mala nota por parte de los 172 profesionales consultados en nuestra auditoría

Diputados de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH-Bildu han respaldado el manifiesto presentado por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) en el que exigen una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. La coordinadora ha iniciado una campaña de firmas para exigir a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una auditoría «que clarifique y arroje luz del estado de las cuentas y la gestión realizada por los gestores públicos responsables...

Quiero demostrar que la DGT no sabe ni lo que tiene y que hay una parte muy importante que no puede demostrar, ni tan siquiera, que es suya. Pero lo triste es que todo eso es nuestro, no es de la DGT. Tan solo reproduzco el contenido de una auditoría de cuentas de la vergüenza si la tuviera, pero a estas alturas solo me queda la pregunta ¿Dónde está la vergüenza de la DGT? Y eso, a sabiendas que una gran parte de sus funcionarios no tienen responsabilidad ni culpa.

Un informe de la Intervención General de la Administración advierte de "incumplimientos graves" de la normativa de contratación en el ejercicio 2016: desde cláusulas ilegales y discriminatorias en los pliegos a "ausencia de motivación suficiente" de las adjudicaciones o prórrogas fuera de plazo

Indignantes, inaceptables, desbordantes e insostenibles. Con estos términos es como toda una promoción de trabajadores júnior en Barcelona de Ernest&Young (EY), una de las principales firmas de auditoría y consultoría del mundo

La Junta de Supervisores del condado de Maricopa (Arizona), dominada por los republicanos, denunció el lunes una auditoría en curso de la votación de las elecciones de 2020 como una «farsa» y una «estafa», y pidió al Senado estatal liderado por el Partido Republicano que ponga fin al controvertido recuento que ha sido defendido por el expresidente Donald Trump. En una feroz reunión pública y una carta posterior a la presidenta del Senado estatal Karen Fann, los miembros de la junta dijeron que la auditoría ha sido inepta, promovido falsedades…