Por haber encubierto el uso de falsos autónomos. A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo en 2020, que dictaminó la naturaleza laboral de la relación entre Glovo y sus repartidores, la empresa ha persistido en su modelo de negocio. De hecho, la situación se recrudece para ellos. Fuentes de Trabajo han confirmado ya que en los próximos días van a trasladar a la Fiscalía la petición para que actúen y apliquen la reforma del artículo 311 del Código Penal.

En verano del año pasado, la Ley Rider cumplía su primer aniversario y no lo hacía en su mejor momento. Uber Eats se sumaba a Glovo en el desafío de la norma y volvía a repartir con autónomos. Tras varios avisos de Trabajo de que sería “implacable” para hacer cumplir la norma, Yolanda Díaz anunció en septiembre que llevaría a las compañías “rebeldes” ante la Fiscalía para que fueran juzgadas en los tribunales de lo penal. Un año después, Trabajo aún no ha eactuado y finalmente quienes han dado el primer paso han sido colectivos de riders.

La Comunidad y la empresa renuevan su acuerdo hasta diciembre de 2024 y lo profundizan al añadir la entrega de comidas preparadas en comedores sociales

«Delivery Hero y Glovo siempre están abiertos al diálogo y a encontrar una solución a largo plazo con el gobierno y otras partes interesadas en España», ha subrayado, recordando que la plataforma opera en más de 70 mercados y expresando su compromiso de «trabajar con el gobierno español para encontrar una solución que funcione para todas las partes involucradas». No obstante, la compañía advierte de que «teniendo en cuenta el panorama político, Delivery Hero espera que la Autoridad Laboral continúe con su procedimiento».

Técnicos de la Unión Europea han registrado las oficinas de Glovo en Barcelona por presuntamente pactar prácticas comerciales ilegales contra la libre competencia. Según han confirmado fuentes de la empresa este jueves, la ha liderado la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario expresó sospechas de que dos empresas -que no identificaba- supuestamente intercambiaron información comercial sensible y acordaron prácticas al margen de las reglas comunitarias, en un comunicado el martes, según indica Europa Press.

Comparecencia del abogado que lleva el caso, D. Bernardo García, que ha vencido a Glovo en los tribunales más de una docena de veces, y cuyas sentencias propiciaron la 'ley rider', donde explica la demanda pionera. "Todo el mundo puede subir un vídeo, ¿Quiere decir esto que existe una relación laboral? No". "Jota sí la mantiene". "Nos consta a través de abogados y empresas que Google está inquieta, no está confiada"

En Glovo, la “pérdida completa del movimiento del codo o la muñeca” supone solo una indemnización de 10.000 euros. La “extirpación de la mandíbula inferior”, por su parte, 15.000 euros.

Las relaciones empresariales en materia de tecnología entre ambos países han sido constantes y millonarias. Según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español y de la agencia estatal ICEX (España Exportación e Inversiones), España exportó a Israel el pasado año casi 2.200 millones de euros e importó 1.052 millones. Las importaciones desde el paíss hebreo al nuestro alcanzaron los 987 millones de euros. Desde 2019, hay una cifra con escasa variación de 2.558 empresas españolas que exportan a Israel.

La empresa de repartos sigue desafiando a la ley y endureciendo las condiciones de trabajo del pequeño porcentaje al que contrata.

Bernardo García: "Una directiva europea sobre condiciones transparentes de trabajo establece a las plataformas en línea como empleadoras" "Cuando tienes un canal abierto, más de mil personas suscritas y más de 4.000 horas de visualización en el último año, Google te propone un contrato para lo que ellos llaman "monetizar": compartir la publicidad que generan. Hay otro perfil distinto, el de los influyentes, que promocionan productos y reciben compensaciones de las marcas. La relación ahí es distinta, pero este no es nuestro caso."

«Busco para alquilar y trabajar cuenta Glovo Madrid modo moto para todos los días en zona: Torrelodones, Majadahonda, Galapagar, La Navata, las rozas…», es un mensaje de tantos que aparece en un grupo de Facebook dedicado al alquiler de cuentas en Glovo, Uber Eats y demás servicios de entrega que existen en Madrid y el resto de España. El titular de la cuenta se queda el 30% de los ingresos y controla el trabajo del "sin papeles", que deben salir a trabajar en días de riesgo, por lluvia o con ola de calor, puesto que la decisión no es de ellos.

El regulador sanciona a la empresa por realizar una vigilancia excesiva de los riders y permitir que cualquier trabajador con acceso al sistema consultara sus datos y mensajes. Entre estos datos se encuentran, según la resolución de la Agencia, “la ubicación geográfica (en tiempo real)” de los repartidores, “la monitorización de cada paso de la entrega a través de una aplicación móvil”, “los datos sobre las comunicaciones intercambiadas con el operador de la plataforma a través de correos electrónicos, chats y llamadas de teléfono”

A pesar de la descripción del trabajo que hace la propia empresa en su web, en la que aseguran que se pueden elegir los horarios del trabajo y reducirlos, incluso solo a fines de semana y festivos, muchos de quienes reparten no deciden su horario, ni pueden tomar la decisión de quedarse en casa durante olas de calor de verano, heladas en invierno o días lluviosos «El horario lo elige el dueño de la cuenta, y como yo la trabajó, pone todos los horarios y los de mayor demanda» Las plataformas dicen no admitir el alquiler de cuentas, pero...

La compañía acumula 253 millones en sanciones y cuotas no abonadas a la Seguridad Social. La Fiscalía de Barcelona investiga su modelo laboral.