Los pescadores Luis Antonio Díaz y Zenón Gallegos vienen a España para reclamar justicia un año después de que la petrolera española Repsol vertiese, tras una negligencia, cerca de 6.000 barriles de crudo en la costa peruana. Los dos hombres representan a más de mil pescadores de los cinco distritos costeros afectados por el derrame. "Nos han dejado sin trabajo y con una economía destrozada que ya venía muy lastrada por la pandemia. Dañaron la salud mental de miles, de jóvenes que han tenido que dejar de estudiar para ayudar a sus familias"

Pero el exmandatario republicano también afronta riesgos en este viaje suyo a territorio amigo. Tal como demócratas y sindicalistas se encargaron de recordar a todo el mundo, en cuanto se anunció su visita, el Departamento de Transporte de la era Trump hizo retroceder de manera sustancial las exigencias de seguridad ferroviaria. “Todo el afán de Trump y su equipo fue hacer que los ferrocarriles fueran lo más rentables posible" Dijo Greg Hynes, Dirigente del sindicato de Transportes Smart.

Las Cofradías de Pescadores de Noia y de Portosín han liderado una concentración con la esperanza de que se revoque la autorización de la Xunta de Galicia para verter casi 900.000 metros cúbicos de agua de la antigua mina de volframio y estaño de San Finx en la ría de Muros e Noia. Pontón ha criticado al Partido Popular por ponerse en contra de los 5.000 trabajos directos en la marisqueo y la pesca de bajura que están vinculados con las cofradías locales, para apoyar los intereses de una compañía australiana que opera desde paraísos fiscales.

La Administración estima que este tipo de expedientes sancionadores puede estar resuelto en un año. Eso sí, si la Fiscalía no toma cartas en el asunto y abre diligencias de tipo penal, sobre lo que no hay noticia hasta ahora. La armadora añade que en Tarragona “la inspección que forma parte las investigaciones se completó sin ningún hallazgo relacionado con la supuesta contaminación”. El grupo asegura que la carga era de "ésteres de ácidos grasos". Los ésteres son compuestos orgánicos. que pueden ser derivados de petróleo.

La Consellería de Medio Ambiente está tramitando la AAI (Autorización Ambiental Integrada) de un vertedero de 1,03 millones de m3 en el polígono de Somozas (A Coruña), que se encuentra a 250 metros de una Red Natura, sin un estudio geotécnico que avale las consecuencias en la zona. Varias empresas de residuos ya han sido denunciadas por vertidos, pestes e incendios que pueden seguir aumentando con la llegada de hasta 300.000 toneladas de lindano.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a los promotores de la mina de Touro (ubicada a unos 20 kilómetros de Santiago de Compostela) a pagar un máximo de 3.000 euros en costas por tratar de impedir el acceso a información ambiental por parte de Ecoloxistas en Acción. El caso se remonta a 2021, cuando la organización ecologista solicitó a la Xunta copia de los planes anuales de labores y del proyecto de restauración de la mina, así como de varios informes de inspección y de expedientes sancionadores contra la empresa.

Las autoridades de Minnesota están supervisando la limpieza de un vertido masivo de agua radiactiva procedente de una central nuclear a las afueras de Minneapolis. Unos 1,5 millones de litros de aguas residuales nucleares salieron de la central a finales de noviembre, pero el incidente no se hizo público hasta el jueves. Xcel Energy, la empresa que explota la central nuclear afectada, promete que el vertido no supone ningún riesgo para la seguridad pública, al igual que la Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota.

El Departamento de Aguas de la ciudad estadounidense de Filadelfia ha recomendado a la gran mayoría de la población de la ciudad el consumo de agua embotellada como consecuencia de un grave vertido de más de 30.000 litros de látex en el río Delaware a la altura del condado de Bucks. La fuga del líquido contaminante se produjo el viernes y podría haber llegado ya a la planta de tratamiento de aguas de Baxter.

Desde este miércoles, las aguas del río Guadalquivir, ya de por sí muy escasas, tienen una tonalidad distinta. Fuentes oficiales han confirmado a este periódico que el origen está en un vertido con un origen, de momento, desconocido, y que no se ha producido en el término municipal de Córdoba capital. Eso sí, la afección es clara en los tramos del Guadalquivir a su paso por la ciudad.

El mercado de restricciones técnicas ha añadido 1.300 millones de euros a los costes totales del sistema eléctrico español en 2022, soportados por los consumidores y equivalentes a 68 euros por hogar, calcula Aurora. Los costes han aumentado considerablemente en los últimos años, alcanzando un total de 840 millones de euros en 2021, frente a los 530 millones de euros de 2020 y los 250 millones de euros de 2019

A raíz del descarrilamiento de trenes en Ohio, un nuevo análisis muestra que los accidentes químicos son más comunes en los Estados Unidos de lo que se pensaba anteriormente. Un mapa creado por la Coalición para prevenir desastres químicos muestra que los incidentes relacionados con productos químicos ocurren a razón de uno cada dos días. El mapa: preventchemicaldisasters.org/chemical-facility-incidents/

La Confederación del Guadiana ha abierto varios expedientes sancionadores y ha admitido en el Congreso que el embalse de La Colada tenía altas concentraciones de arsénico y cianobacterias, procedentes principalmente de residuos ganaderos y urbanos

Una jueza investiga a la empresa público-privada de aguas de Barcelona, participada mayoritariamente por Agbar, por vertidos de agua contaminada en una depuradora de Castelldefels. El caso se ha abierto a partir de una denuncia de la Fiscalía. El Ministerio Público acusa a la sociedad de “promover o tolerar” los vertidos “no autorizados” de aguas fecales en la laguna de la Olla del Rei, que incluso habrían llegado a la playa.

La causa ha saltado de una instancia judicial a otra con el mismo resultado: la Justicia no ha conseguido en 25 años dar una respuesta satisfactoria (ni insatisfactoria) a la reclamación de la Junta de Andalucía contra la empresa Boliden Apirsa, a la que reclama cerca de 90 millones de euros por los daños y costes causados por el vertido de 5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos procedentes de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), en la que está considerada la segunda mayor catástrofe medioambiental en España después del Prestige.

El Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil acaba de denunciar a la ganadería Avancar de Ser y a Excavaciones Agracastro, empresa sita en el polígono de Santa Comba, por un presunto vertido incontrolado de residuos a pie de la Prolongación del Camino, cerca del linde de la capital xalleira con Mazaricos.

El Juzgado de Instrucción de Noia ha abierto proceso penal contra la empresa que gestiona la mina de San Finx, por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Lo hace tras la denuncia presentada por los patrones mayores de las cofradías de Noia y Portosín, Santiago Cruz e Isaac Gaciño, respectivamente, que incluían pruebas de la contaminación provocada por la explotación minera ubicada en Lousame.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado a la Fundación Montescola la adopción de medida cautelarísima consistente en la suspensión de la autorización, emitida por Augas de Galicia en febrero de 2023, de vertido al arroyo de Rabaceiros de aguas residuales procedentes de la mina de San Finx, situada en el municipio coruñés de Lousame.

Hemos observado cómo se produjeron durante este miércoles 31 de mayo unos vertidos en marea baja a la ría de Villaviciosa desde el colector norte de Sidra el Gaitero, vertidos que, por su color, podrían provenir de la limpieza del proceso industrial de la empresa citada, desconociendo la toxicidad que pueden suponer dichos vertidos para la flora y fauna de este espacio natural.

Son fuente de riqueza económica, que da de comer a miles de familias gallegas, y de riqueza paisajística, que hacen de Galicia un paraíso de enclaves únicos. Y en torno a ellas vive más de la mitad de la población de la comunidad. Pero la importancia de las 18 rías gallegas va mucho más allá de nuestras fronteras. Representan una de las zonas pesqueras de mayor relevancia mundial y uno de los ecosistemas marinos de mayor diversidad ecológica del planeta.

La accidentada central nuclear de Fukushima ultima los preparativos para verter este verano al Pacífico toneladas de agua contaminada de radiación y depurada, una controvertida medida para la que se aguarda también al visto bueno de expertos internacionales. La planta de Fukushima Daiichi, escenario del peor accidente atómico desde el de Chernónbil (Ucrania, 1986) desencadenado por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011, afronta así un paso clave en su largo y complejo proceso de desmantelamiento.

El próximo 8 de julio está convocado un nuevo acto de protesta contra los vertidos de San Finx. En esta ocasión, la acción se desarrollará en las inmediaciones de la propia mina, a partir de las 11.00 horas. Para asistir, habrá autobuses gratuitos que saldrá de la estación de Noia a las 10.30.

Asimismo, los organizadores tienen previsto embotellar agua procedente de la mina para enviar al presidente de la Xunta de Galicia y a los titulares de las consellerías responsables por la situación en la que se encuentra la explotación.

Ante la falta de respuesta del Gobierno gallego a las demandas de la sociedad civil de las Rías Baixas, Ecoloxistas en Acción ha taponado una tubería de vertidos contaminantes de la mina de San Finx (Lousame, A Coruña), propiedad de la multinacional australiana Pivotal Metals. Una tubería por la que la explotación minera vierte de forma constante aguas contaminadas con altas concentraciones de cadmio, cobre y zinc. Un atentado medioambiental que se produce a tan sólo 7 kilómetros de la ría de Muros y Noia y el Lugar de Importancia Comunitaria

Ecoloxistas en Acción continúan con sus acciones para evitar que los vertidos de la mina de San Finx lleguen a las aguas de la ría de Muros y Noia. Ayer por la mañana los activistas paralizaban los trabajos de la instalación de los tubos de drenaje que la empresa quería usar para achicar las aguas de la instalación, que vecinos y ecologistas argumentan contienen altas concentraciones de metales pesados.