El fallo del Consejo de Transparencia, con el número de serie RT/0290/2018, firmado el pasado 4 de diciembre por el presidente en funciones del organismo, Francisco Javier Amorós Dorda; es un varapalo de quince extensos folios que obliga a la Junta de Castilla-La Mancha a detallar todos los gastos y facturas, una a una, con el nombre del beneficiario, sin ninguna interpretación y con datos parciales, como hasta ahora había hecho García-Page y siempre tras ser inquirido.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por el silencio administrativo en 131 de las resoluciones con las que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dado la razón a la ciudadanía durante el primer semestre de 2021, lo que representa un incremento del 65,82 % en relación con el mismo periodo del año anterior al inicio de la pandemia.

Interior en un primer momento ya se negó a entregar esta información ante una solicitud vía ley de transparencia realizada por Maldita.es. Pero este medio reclamó, el CTBG nos dio la razón e instó al Ministerio del Interior a entregar la información “en un plazo máximo de 10 días hábiles” indicándose “los gastos desglosados por partidas, así como los gastos de alojamiento, gastos de desplazamiento, gastos en comidas, dietas y otros gastos para cada una de las personas que conforman el dispositivo”.

El Consejo de Seguridad Nuclear se ha negado a dar información sobre el almacén nuclear contraviniendo la ley de Transparencia

Transparencia dictaminó que es una información relevante que debía facilitar. [] Exteriores oculta un argumentario político que envió a los embajadores españoles con las directrices diseñadas para ellos después de las elecciones del 28 de abril y en medio del juicio del «procés». El Consejo de Transparencia, organismo encargado de velar por que los ciudadanos accedan a la información pública a la que tienen derecho por ley, dictó una resolución, [] que exige al gabinete dirigido por Josep Borrell que entregue ese dossier

"Incumplimiento de principios contables", costes que "no pueden ser objeto de comprobación, debido a la inexistencia de datos" y bienes "disfrutados en situación de precario" que "siguen sin estar reflejados en la contabilidad" del organismo. Son los motivos por los que los auditores de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda han introducido salvedades a las últimas cuentas anuales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Siempre que el Consejo de Transparencia, organismo garante de que los ciudadanos reciban la información que por ley les debe facilitar la Administración, exige al Ejecutivo que aclare el precio de los desplazamientos del líder del Ejecutivo, desde el gabinete de Presidencia ponen la misma excusa: no pueden entregar esos datos porque se trata de una información «clasificada». Sin embargo, el Gobierno nunca cumple el procedimiento, perfectamente establecido por ley, que permite transformar unos datos en poder de los organismos públicos en secreto

Se han obtenido todas las actas de las reuniones semanales del Gobierno desde 1996. Los documentos revelan "las diferencias existentes" respecto a lo que se da a conocer a los ciudadanos. Cada viernes, en plena sobremesa, La Moncloa informa a través de Twitter de la publicación de “la Referencia con todos los acuerdos del Consejo de Ministros”. En efecto, en la página web vinculada al tuit figuran todos los que están... pero no aparecen todos los que realmente son.

El Ejecutivo dice que "es soberano" para decidir qué recomendaciones del Consejo de Estado asume cuando emite informes que no son vinculantes y que no está obligado ni a pedirlo, ni a difundirlo. Por su parte, PP y Cs creen que no se ha publicado porque es "demoledor" con la gestión del Gobierno del Plan de Recuperación.

El Gobierno, durante la última legislatura y con Pedro Sánchez en La Moncloa, utilizó de manera ilegal el secreto oficial para ocultar información a la ciudadanía. Si el Ejecutivo quiere velar un dato, debe servirse de la Ley de Secretos Oficiales, que data del año 1968, y que detalla los requisitos para llevar adelante el procedimiento. El factor clave del trámite es que el Consejo de Ministros rubrique un acuerdo por cada expediente que Presidencia quiera ocultar. Entre enero de 2018 y noviembre de 2019, el gabinete de Sánchez nunca cumplió..

El Tribunal Supremo ha obligado a la Corporación RTVE a hacer públicos los costes del festival de Eurovisión de 2015, año en el que participó la cantante Edurne. La sentencia, dictada este lunes, pone fin a un procedimiento judicial que se ha extendido más de un año ante la negativa de la cadena pública a revelar el coste de participar y emitir el citado festival: 396.918,47 euros. Es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la discutida opacidad de RTVE.

Registro de lobbies y Consejo de Transparencia con funcionarios, entre las 450 enmiendas a la ley de transparencia PP, Podemos y Ciudadanos han presentado esta semana más de 450 enmiendas a la Proposición de ley de transparencia, de acceso a la información pública y de participación de la Comunidad de Madrid del PSOE entre las que se incluyen incorporar a los ayuntamientos, crear un registro de 'lobbies' y un Consejo de Transparencia integrado por funcionarios. "Es un borrador en el que trabajar", señaló el diputado socialista José Cepeda

El índice que mide el nivel de apertura informativa de las diputaciones provinciales, a cargo de Transparencia Internacional, encuentra mejoras en 2015 respecto a la anterior edición: la nota media sobre un total de 80 indicadores de las 45 diputaciones sube a 81 sobre 100, frente a los 69 de 2013. Además, el índice bianual de la ONG pro transparencia recuerda que 15 diputaciones no pasan del aprobado en el área de cumplimiento con la Ley de Transparencia.

Según el ranking de transparencia en los ayuntamientos de España publicado por Transparencia Internacional las corporaciones locales menos transparentes son Mijas y Almería. El caso del Ayuntamiento de Almería es llamativo, ya que es la única capital de provincia cuyo consistorio no consigue aprobar en transparencia. No es la primera vez que suspende el Ayuntamiento de Almería.

Los parlamentos de Cantabria y Navarra y el Senado son, por este orden, las cámaras legislativas más transparentes de España, según el primer Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR), que muestra que el ámbito en el que se registra la peor puntuación es la transparencia económico-financiera, con una media de suspenso. 16 de las 19 cámaras analizadas han superado los 50 puntos sobre 100 y hay tres que no alcanzan el aprobado, los parlamentos de Baleares, Canarias y Murcia.

El avance de los resultados del tercer informe Transparencia, el mejor eslogan, elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia, desprende que solo dos partidos políticos de los 18 que integran los grupos parlamentarios de la X Legislatura del Congreso de los Diputados, UPyD y Esquerra Republicana (ER), son transparentes.

Las comunidades autónomas de Castilla y León, Cataluña y País Vasco son las más transparentes frente a Madrid, Murcia y Canarias que son las que han obtenido el peor resultado en el Índice de Transparencia de las comunidades autónomas (INCAU), elaborado por Transparencia Internacional... Según el Índice, ocho comunidades obtienen una valoración de sobresaliente (90 ó más sobre 100): Castilla y León, Cataluña y País Vasco (todas ellas con 100), La Rioja (95), Galicia (94), Baleares y Comunidad Valenciana (ambas con 93) y Asturias (90).

Transparencia Internacional es una organización no gubernamental con sede en Berlín, fundada en 1.993, que luchar contra la corrupción política. En mayo de este año su delegación en España, llamada Transparencia Internacional España (TI-E), confeccionó un índice de transparencia de los diez principales partidos políticos de nuestro país. Pero cualquiera que analice el trabajo de TI-E y no se quede sólo en los titulares podrá detectar que los diez indicadores que eligió TI-E para hacer su evaluación no son los más idóneos.

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada hace casi un año, establecía que el Gobierno debía aprobar en un plazo de tres meses el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de asegurar que se cumplan los requisitos de transparencia y de proteger el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Esa plazo legal se cumplió el pasado mes de marzo, pero no ha sido hasta hoy que el BOE recoge, con ocho meses de retraso, este decreto.

El Gobierno pone en marcha este miércoles, a las 12 del mediodía, el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado ('transparencia.gob.es'), que ha costado 300.000 euros y en el que los ciudadanos podrán consultar más de medio millón de informaciones referidas a 2014, así como solicitar datos históricos recogidos en la Ley de Transparencia, siempre y cuando estén elaborados.

Desde la apertura del portal de la transparencia, diversos análisis han desvelado que muchos de los datos que se muestran ya estaban disponibles con anterioridad, convirtiendo el famoso portal más en una herramienta de propaganda que en un recurso útil contra el fraude y la corrupción. Es el caso de los currículos de los ministros y del presidente. Relacionadas: www.meneame.net/story/montoro-guindos-maquillan-curriculos-portal-tran y www.meneame.net/story/portal-transparencia-sueldos-quien-demonios-dio-

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que tiene como fin fundamental promover la transparencia de la actividad pública y velar por el derecho de acceso a la información pública, se estrena desestimando la solicitud de acceso a la información pública planteada por un ciudadano utilizando para ello la figura menos transparente posible: el silencio administrativo

Debate sobre participación y transparencia con el nuevo Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid. Con la participación de Pablo Soto, Concejal Delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto; Vicky Anderica, Directora del Proyecto de Transparencia; y Miguel Arana Catania, Director del Proyecto de Participación.

Una información errónea para mejorar la transparencia solo redunda en más opacidad. Bajo esa premisa, Transparencia Internacional vuelve a dar un toque de atención al cabildeo en Europa: la plataforma presentó 4.253 denuncias por inscripciones defectuosas de lobbies en el registro de la UE, del total de 8.427 entradas con que cuenta este portal de transparencia. Esto se traduce en que más de la mitad de los grupos de presión publican datos “inexactos, incompletos o sin sentido” sobre sí mismos.