La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras que poseen viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes, lo que supone un incumplimiento de lo establecido en la Ley de Vivienda Protegida y en la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta.

Entre ellas se encuentran el BBVA y el Santander. Las posibles multas ascienden a 11,1 millones de euros, 60.000 euros por casa. Este procedimiento sancionador es similar al abierto contra el denominado banco malo.

La Consejería de Fomento y Vivienda trabaja para contabilizar la vivienda protegida que se encuentra desocupada, que sólo tiene cuantificada en la capital hispalense, con 528. La crisis de la Corrala Utopía ha puesto en evidencia que las administraciones no acaban de dar con la respuesta a las necesidades de los ciudadanos en materia de vivienda.

El pleno del Ayuntamiento de Gasteiz ha acordado, con los votos a favor del PP, PSE y EH Bildu y la abstención del PNV, instar al Gobierno de Lakua a que revise a la baja los alquileres de las viviendas de protección oficial para evitar desahucios por impago de las rentas.Los grupos municipales del PSE y EH Bildu han promovido la celebración de un pleno extraordinario para votar una moción impulsada por la plataforma Stop Desahucios. El objetivo de la iniciativa es que el Gobierno de Lakua adopte de forma urgente las medidas necesarias para que

El boom de la construcción también hizo mella en la Ciudad del Torcal. Antequera cuenta con unas 300 viviendas vacías, en un municipio de unos 41.000 habitantes. Y frente a las viviendas vacías destacan los 539 demandantes de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

El entonces alcalde promovió en Sanchinarro una promoción de casas baratas para jóvenes para "evitar una forma de exclusión social". Diez años después su precio se desboca. Los inquilinos denuncian que la gestión del nuevo dueño es pésima y además les quitan la opción de comprar su vivienda. El fondo se justifica y dice que están negociando puerta a puerta y que las subidas son graduales.

El Consorcio de Vivienda de Gran Canaria ha adjudicado una Vivienda de Protección Oficial a Yasmina Llarena, concejala del PSOE en el grupo de gobierno en La Aldea (Gran Canaria). Tomás Suárez, miembro de la oposición en CC, asegura que presentarán una moción en el próximo pleno extraordinario "para que la ciudadanía sepa a quién se le ha adjudicado, porque puede ser legal pero no es ético".

La Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid volverá a construir viviendas de protección oficial. El Ayuntamiento de la capital ya prepara la primera de las licitaciones, que incluirá levantar 112 pisos en una promoción de Vallecas...La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció hace unas semanas que se había marcado como objetivo terminar su legislatura al frente del Consistorio de la capital con un total de 4.000 nuevas viviendas sociales...

Durante el primer trimestre de 2016, una vivienda protegida fue de media un 34,2% más barata que una libre, según datos del Ministerio de Fomento. Es decir, la diferencia entre el precio de una VPO y el de una vivienda libre cada vez es mayor. Sin embargo, como recoge Idealista, hay 12 provincias de España y una comunidad autónoma (Castilla-La Mancha) donde, aunque sorprenda, la vivienda protegida acaba siendo más cara que la vivienda libre.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha pedido la dimisión del portavoz del Grupo Socialista, Daniel Jiménez, por entender que cometió un fraude ético y moral y un presunto fraude legal para adquirir dos viviendas de protección oficial.

Las viviendas que se quedan libres bajan de precio, mientras que cuando se renuevan contratos herederos de VPO se mantienen o se suben. Por ejemplo, Fidere cobra a una heredera de vivienda social 712 euros por un piso de tres habitaciones y alquila casas de cuatro en el mismo recinto por 691 y 720. La empresa ha dado continuidad a los alquileres de forma automática, excepto a la cara visible de los afectados, a la que ha impedido renovar, y a otras siete familias que deben marcharse aduciendo reformas.

El archivo considera que el informe que decía que Ana Botella "vulneró las reglas de buena gestión" no aporta nada nuevo a la causaEl Partido Socialista, que recurrirá el auto, había solicitado la reapertura del caso de adjudicación de 1.860 viviendas al fondo BlackstoneEl juez indica al Ayuntamiento, que se adhirió a la petición socialista, que sería responsable subsidiario si el caso prosperase

La PNL impulsada por el grupo socialista el pasado 15 de febrero (a favor de recuperar las ayudas a la subsidiación que había suprimido el Gobierno de manera retroactiva a 300.000 familias, unas 23.000 valencianas aprox.) salió adelante con los votos del PSOE, Ciudadanos, Compromís, Foro y otras fuerzas del grupo mixto, a los que agradecemos enormemente su apoyo. No tuvo votos en contra, pero sí abstenciones, como las del PP y de Unidos Podemos. La abstención de Unidos Podemos confirmó un cambio de tendencia en la política de total apoyo a los

Ramón Espinar Merino es uno de los hombres fuertes de Podemos, aliado incondicional del líder, Pablo Iglesias, y secretario general del partido en la Comunidad de Madrid. Además, es senador por designación autonómica y diputado en la Asamblea de Madrid. Una acumulación de cargos que contrasta con su precariedad laboral de hace menos de tres años, cuando no era más que un pobre desempleado de 28 años que levantaba la voz en televisión en nombre de la asociación Juventud sin Futuro.

La Comisión Europea decide "examinar" la solicitud que pide "incoar" la operación, realizada durante el mandato de Ana Botella

Un juez de lo contencioso administrativo anula la compra de miles de viviendas del fondo Azora a la Comunidad de Madrid en 2013.

"Íbamos a construir 6.500 viviendas públicas con dinero procedente de un fondo social. Y se me cesó", critica María Serrano, ex jefa de la EMVS

El PSOE apuesta por el suelo público para bajar los precios y el PP, por aumentar la construcción al ritmo de la demanda. El modelo de viviendas de protección oficial (VPO) no es una solución al problema actual del acceso a la vivienda porque, décadas después de que se inauguraran las primeras promociones, el resultado es que las viviendas han pasado de manos públicas a ser propiedad de los ciudadanos y hoy no hay ni viviendas disponibles ni las condiciones laborales y económicas permiten la compra de casas.

Desde 2013 el número de viviendas sociales en España no ha dejado de caer. De las casi 100.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que había en 1996 apenas quedan 8.000. Esta desaparición de las VPOs tiene una relación directa con la subida de los alquileres, algo que no pasa en países como Holanda, Reino Unido o Austria donde los precios del alquiler están más o menos regulados.Ahora quienes consiguieron una VPO hace más de una década ven como la venta de suelo público a fondos buitre se está viendo reflejada en el aumento de sus rentas.