Según la querella del PP, los tres responsables municipales encargaron "a dedo" dos informes externos de 50.000 euros para denunciar el convenio de gestión del torneo.

Es el resultado de una decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Carlos Lesmes y de los gobiernos autónomos de Madrid y Andalucía, ambos en manos del PP. Los demás funcionarios no serán analizados, dado que los gobiernos central y el resto de autonómicos han optado por seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad que no ha incluido a estos profesionales como esenciales a no ser que presenten sintomatología.

El archivo de la presunta violación en la feria de Málaga y las declaraciones del alcalde de Valladolid han movilizado a grupos feministas.En la capital castellanoleonesa también se han convocado concentraciones de protesta contra su regidor

El responsable de liquidar el proyecto detalla cómo se dilapidaron 100 millones en una de las iniciativas estrella de Esperanza Aguirre.

Sus víctimas han sido tres mujeres en la zona de la sierra madrileña, lo que hizo de forma reincidente porque ya fue condenado en 2011 por otra violación. Este violador reincidente volvió a actuar nada más salir de prisión, tras 6 años cumpliendo condena también por agresión sexual. Presuntamente fue el responsable de violar a otra chica en 2015, reaparece con otra víctima en 2016 y vuelve a atacar al año siguiente. Su abogado defensor, Jaime Rodríguez, letrado de oficio, ha manifestado que su cliente no era consciente de lo que hacía.

La Fundación Largo Caballero ha publicado en su cuenta de Twitter (@largocaballerof) un escrito de Sonia Largo Valcarce, nieta de Francisco Largo Caballero, dirigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras la revelación de unas imágenes en las que se ve totalmente destrozada la placa homenaje al histórico dirigente socialista que ha sido retirada de la Plaza de Chamberí por orden del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

Una fiscal y la presidenta de la asociación conservadora de jueces se cachondean de la periodista Ana Pardo de Vera por afirmar que el tribunal competente para juzgar a Ayuso sería el Tribunal Supremo por ser aforada. Así lo afirma el arículo 25 del Estatuto de Autonomía de Madrid.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de prisión a una mujer de origen paraguayo que estafó casi 5.000 euros a la dueña del piso donde trabajaba como interna, apoderándose de su cartilla bancaria para realizar extracciones de dinero en cajeros cercanos a la vivienda.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha suspendido de empleo y sueldo durante 14 meses a un profesor de un máster que fue acusado por varias alumnas de acoso sexual. Según ha informado este miércoles la Cadena Ser, se trata del profesor de la Facultad de Educación Juan Antonio García Fraile, que ha sido sancionado con nueve meses de suspensión de empleo y sueldo por acoso y abuso de autoridad, a otros tres por ausentarse de España permiso de la universidad y dos más por amenazar a un compañero.

Se ha visto obligada a entregar a su exmarido a la hija de ambos, una niña etíope adoptada, a pesar de que está denunciado por presuntos abusos sexuales contra la pequeña, de 5 años. "Lloraba cuando la cogía y su comportamiento era esquivo", afirma la abogada. "No me tocas aquí como hace papa". La Asociación Aspasi ha acreditado que el relato de la pequeña hablando de "tocamientos" por parte de su padre es "creíble" y "verosímil", "tanto por la cantidad de detalles como por la explicación de los hechos y el lenguaje corporal que los acompaña.

Foster fue contratado en 2006 por el Gobierno de la Comunidad madrileña, entonces presidido por Esperanza Aguirre, para construir dos de los edificios judiciales más emblemáticos por importe de 179,6 millones de euros. El proyecto no salió adelante, si bien el arquitecto cobró 13,7 millones de euros.

La asociación formula esta petición en un comunicado que ha difundido tras conocer el emitido por los jueces decanos de Madrid el pasado día 19 y la decisión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de convocar, con carácter de emergencia, la Comisión Mixta de la Consejería de Justicia para analizar la situación de las infraestructuras judiciales en la Comunidad de Madrid.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado Madrid Central tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) denuncia que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha incumplido la enmienda a los presupuestos que aprobó la Asamblea de Madrid, en virtud de la cual concedía 2 millones de euros a los colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares para garantizar la justicia gratuita y los servicios de orientación jurídica. De esos 2 millones sólo les han asignado 500.000 euros.

E director general de Justicia de la Comunidad de Madrid, Ricardo Ruiz de la Serna, ha presentado su dimisión tras varios episodios que no gustaron en el Gobierno regional, como no acudir a la Mesa de Justicia con los sindicatos o no recibir a la Comisión del Estudio de la Deuda de la Asamblea, que acudió el pasado jueves a los terrenos del Campus de la Justicia para conocer in situ la situación.

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Madrid que reducía la jornada de los funcionarios municipales de las 37,5 horas a las 35. La medida, adoptada el 30 de junio de 2016, fue recurrida por la Abogacía del Estado. El TSJM ha decidido suspender cautelarmente la reducción de jornada hasta que se resuelva el procedimiento. El Gobierno de Mariano Rajoy estando en funciones recurrió en octubre.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al Gobierno de Cristina Cifuentes a justificar por qué masificó las aulas en el curso 2015-2016. La sentencia parte de un recurso de Comisiones Obreras que terminó en los tribunales ordinarios ante la falta de respuesta de la Consejería de Educación por la vía administrativa. El sindicato denunció (en este caso concreto) que el número de alumnos y alumnas por aula se excedía los límites legales en el área norte de la región, con datos recabados colegio a colegio.

La Comunidad de Madrid no da por perdida la Ciudad de la Justicia. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de hecho, espera que antes de Navidad se conozca la decisión del Tribunal Supremo después de que las empresas concesionarias del último proyecto al que renunció la expresidenta Cristina Cifuentes. En este sentido, el consejero de Justicia, Enrique López, ha informado que hay que esperar a la Justicia para poder moverse. Si el Supremo da la razón a la Comunidad de Madrid, las constructoras tendrán que sufragar los gastos de las obras

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la medida cautelar solicitada por Delegación del Gobierno para suspender la ejecutividad de los acuerdos aprobados por el Ayuntamiento de Madrid en los meses de abril y mayo en los que se concedió créditos extraordinarios por un importe cercano a los 240 millones de euros.