La delicada tesitura en la que se encuentra la alcaldesa de Alicante, que no será candidata por el PP en 2015, dispara los rumores de que podría crear un Partido Independiente con el apoyo de Enrique Ortiz, la Polla Insaciable, como el mismo se denomina. Y es que hay algunas encuestas, que se manejan en determinados círculos, que señalan que el PP obtendría 10 concejales, 6 el PSOE, 5 PODEMOS, 4 el Partido Independiente de Castedo, 3 ediles UPyD y 1 Esquerra Unida.

El instructor de la rama del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en la urbanización del barrio de Rabasa, mantiene la legalidad de las escuchas telefónicas que desvelaron esta causa, a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie definitivamente sobre este asunto. En esta pieza separada del Brugal están imputados, entre otros, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el empresario y constructor Enrique Ortiz, el gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus, y la responsable jurídica de ese área.

1 de cada 5, 70% y 3 de 4. No son las cifras de un problema matemático, sino el triángulo numérico que muestra con mayor claridad el poder omnímodo de Enrique Ortiz en Alicante: 1 de cada 5 euros del dinero público de los alicantinos es destinado a pagar las contratas de Ortiz; el 70 % del suelo urbanizable de la ciudad es propiedad del “Jefe” de la trama Brugal; y 3 de las 4 grandes contratas del ayuntamiento han sido otorgadas a una Unión Temporal de Empresas (UTE) participada por el empresario.

El empresario Enrique Ortiz ha dicho que él no se ha beneficiado de su relación de amistad con Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante. También ha afirmado que "mirar con el prisma de hoy lo de hace años sorprende, pero era algo normal hacer un regalo de navidad" y ha añadido que entiende "lo que está pasando porque hay una situación económica en la que la gente está muy dolida".

Los peritos del Banco de España señalan también en su informe operaciones sospechosas de antes de que se formara Bankia, una veintena se refieren a la antigua caja valenciana Bancaja. Entre ellas, las que permitieron ganar decenas de millones de euros al empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal. Habría sido gracias a créditos concedidos a dedo, contra el criterio de los técnicos de la entidad. Y a negocios con precios inflados mediante la sociedad Urbanika, propietaria de los terrenos donde estaba previsto que se instalara Ikea.

La alcaldesa de Alicante, ha aprobado los presupuestos de 2015, que se elevan a 240,2 millones de euros, entre las acusaciones de la oposición (PSPV-PSOE, EU-IU y UPyD) de beneficiar a su empresario de "cabecera" y "amigo", Enrique Ortiz, principal contratista local. Castedo está imputada judicialmente en dos piezas separadas del caso Brugal y en ambas ramas el presuntamente beneficiado es Ortiz.

La audiencia nacional, como tiene poco trabajo, señala al terrorismo anarquista. El juez Bermúdez, sin despeinarse, desenvaina. El ministro del interior, sin que le entre la risa, asiente muy serio con el espíritu santo hablándole por el pinganillo. No se enteran bien, deben tener pocos informadores. Si fueran inocentes habría que explicarles que si su llamémosle trabajo es perseguir delitos, lo punible sería ser terrorista sin que el hecho de ser anarquista, tertuliano, anabaptista o mediofondista añada ningún dato perseguible de oficio.

Esto mismo es lo que le ocurre al sustituto de Castedo, el concejal de cultura Miguel Valor. Su voz aparece en los pinchazos policiales del caso Brugal. Él, como verifica la grabación, es quién llama al omnipresente empresario Enrique Ortiz para decirle lo siguiente: “Se os ha dado a vosotros lo del Castillo, que son dos millones seiscientos o por ahí”.

Diversas obras en Alcoi del empresario imputado en “Brugal” han terminado con sobrecostes o dejando un agujero millonario a las arcas públicas de los alcoyanos.

Un informe policial aportado al juez que investiga el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Manrique Tejada, atribuye al constructor Enrique Ortiz el pago de sobornos por un importe cercano a los 230.000 euros al exalcalde Luis Díaz Alperi. Ambos están imputados en esta causa junto a la exalcaldesa Sonia Castedo, entre otros.

El constructor entregó 174.000 euros para “compensar" el precio abonado por la diputada autonómica Elisa Díaz por el inmueble.

La Policía ha reconstruido dos "operaciones de cohecho" llevadas a cabo presuntamente entre Ortiz y Díaz Alperi con la intermediación de algunas personas del entorno familiar y laboral del primero...La Policía sostiene que tanto Santiago B.G. como Virgilio O.S. intermediaron en esta maquinación. En concreto, el segundo llevó presuntamente a su hermano Enrique Ortiz, a su yate, la cantidad destinada a compensar el dinero que Elisa Díaz debía pagar al banco por la hipoteca de su casa.

Hay que ver lo mal que aguantan el paso del tiempo determinadas acciones. Por ejemplo, este fantástico momento en que una Letizia sin corona nos trataba de convencer de que el cambio al euro no iba a producir una subida de los precios. ¿No os pone tiernos?

Aquí hacen una encuesta que pregunta si los españoles consideran verdadero el rumor que dice que LETIZIA ORTIZ se había sometido a un ABORTO voluntario años antes de su boda. A nadie se le escapa que era un hecho trascendente, ya que la Iglesia Católica no le hubiera permitido el matrimonio religioso. El tema del aborto es tratado muy claramente por el derecho canónico en su canon 1398 que dice: una persona que realiza un aborto exitoso, incurre en la excomunión automática.Por tanto se habría casado excomulgada y su matrimonio

El ministerio público aprecia delitos de estafa y falsedad documental en los pagos extra a Enrique Ortiz por la remodelación del Teatro Calderón de Alcoy. El gobierno lo ostentaba entonces el popular y afín a la corriente zaplanista Jorge Sedano, hoy candidato por Ciudadanos a la alcaldía de la ciudad.

La sentencia, fechada el pasado 2 de marzo y a la que ha tenido acceso Efe, desestima el recurso presentado por una de sus mercantiles, Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA, contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) del 18 de julio de 2013 que rechazaba su reclamación anterior contra la multa.

Familiares de Isabel Ortiz, la montañera cántabra desparecida tras el terremoto de Nepal, cuando hacía trekking en el valle de Langtang junto a su pareja, el aragonés Miguel Ángel Pizarro, continúan sin tener "ninguna noticia" de la joven y su novio, y tratan de averiguar algo sobre su paradero a través de las redes sociales y la prensa internacional.

El magistrado quiere saber qué parcelas y cuántos metros cuadrados de superficie pertenecen en realidad a Ortiz, pues las escuchas telefónicas realizadas en el marco de esta pieza separada del caso Brugal revelaron en su día que también se refería a aprovechamientos urbanísticos y recalificaciones de otros terrenos dentro del futuro planeamiento propiedad de otras empresas o entidades como la extinta Bancaja.

El 6 de julio habrán pasado cinco años desde que la Policía puso patas arriba en Alicante la vivienda y el yate del empresario Enrique Ortiz, presunto cabecilla de una trama de corrupción sostenida por los contactos con la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, quien aquel día permaneció 12 horas detenido. Ha sido un lustro después, y solo mediante la intervención del Consejo General del Poder Judicial, cuando la Policía ha entregado al juez instructor el informe.

Enrique Ortiz recibió 44 millones de euros por una empresa valorada en solo 12.000. Un negocio con una rentabilidad fuera de cualquier mercado que corrió por cuenta de Bancaja, la principal caja de ahorros de la Comunidad Valenciana. La operación fue detectada en 2013 por los auditores externos contratados por Bankia para analizar las cuentas de la entidad, presidida entonces por José Luis Olivas detenido hace dos semanas por la Audiencia Nacional.

El diputado regional del PP y exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado este sábado que tomará acciones judiciales contra las acusaciones de percibir una mordida gracias a la concesión de un contrato municipal a Cofely cuando era regidor de la localidad mostoleña.En su cuenta de Twitter, Ortiz niega las informaciones recogidas en la web de la Cadena Ser en la que se indica que el sumario del caso Púnica recoge pinchazos telefónicos que demostrarían que Ortiz habló con un representante de Cofely para negociar la cantidad que reclama

¿Debe España recordar a su más famoso artista surrealista u olvidar a un hombre que apoyó al falangismo en el levantamiento del 36? Antonio Ortiz, un historiador aficionado de 60 años de edad, quiere que el gobierno Municipal de Madrid se pronuncie sobre el nombre de las calles y la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. La respuesta del Ayto. determinará si una plaza diseñada por Salvador Dalí y popular entre los skaters se queda con el nombre del artista. Surgen voces discordantes.