El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, estaría explorando la posibilidad de ofrecer un aumento salarial del 5% a los empleados del sector público para aplacar así las demandas de mejoras en la retribución y poner fin a la creciente ola de huelgas, según informa ‘Financial Times’.

Ayer Urkullu se preguntaba cómo era posible que Euskadi fuese el territorio a la cabeza en “huelgas” pese a ser la comunidad con “mejores sueldos”. Hoy los sindicatos responden con una convocatoria frente a la privatización

Los recortes presupuestarios tienen un límite. Y este no es otro que la política de subvenciones a fondo perdido, que no ha sufrido los ajustes en el gasto público. Tanto es así que, en 2013, el conjunto de las Administraciones Públicas repartió en subvenciones nada menos que 16.408 millones de euros. O lo que es lo mismo, el volumen de ayudas públicas descendió apenas un 0,6% respecto del año anterior. De esa cantidad, 10.447 millones corresponden a ayudas concedidas por las distintas Administraciones Públicas españolas y el resto a...

Entre 2007 y 2014, la deuda pública creció el equivalente al 92% del PIB. Sólo en Irlanda subió más. Familias y empresas sí se apretaron el cinturón.

Una lista con los que más cobran de dinero público en la administración central.

El Pleno del Congreso aprobó este jueves en primera votación el proyecto de ley que propone como requisito para laborar en el sector público, no tener condena por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, corrupción, trata de personas, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual. Según el congresista Rolando Reátegui "es una legítima respuesta a la excarcelación de terroristas. La propuesta alcanza a todas las instituciones públicas para no poner en peligro el uso de los recursos públicos"

El 26,3% de los empleados públicos tienen un contrato temporal, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa. Según ha adelantado el diario El Nuevo Lunes, el Gobierno del PP de Mariano Rajoy llegó a un acuerdo con los sindicatos en 2017 y 2018 para disminuir esta tasa hasta el 8%. En cambio, se ha disparado hasta casi alcanzar el porcentaje de las empresas privadas, que está en un 28,3%. De este modo se aleja del objetivo y, con la referencia del año 2020, da pasos atrás.

Uno de los mantras más repetidos por los liberales para justificar la privatización de servicios públicos y la reducción del Estado es "el sector privado es más eficiente que el sector público". Pero, ¿es esto verdad? ¿que dice la evidencia empírica? Las razones que los liberales argumentan son siempre las mismas: la burocracia del Estado sólo pone palos en las ruedas, el no perseguir el beneficio lastra la competitividad, baja la productividad, etc. Pero echemos un ojo a la evidencia: En este informe de Mayo de 2014, el grupo PSIRU…

El 63,7% de los empleados públicos (funcionarios y personal laboral) en España ganaron en 2020 más de 2.295,2 euros brutos al mes, situándose en el decil más alto de salarios, frente al 21,2% de los trabajadores del sector privado que tuvieron esos mismos ingresos, según la Encuesta de Población Activa sobre deciles de salarios publicada este martes por el INE.

Además de animar a estos altos directivos a utilizar en sus desplazamientos el transporte público cuando el uso del vehículo particular no sea lo más económico y a acogerse a la tarifa turista en los viajes de avión o tren, salvo casos excepcionales y justificados, Hacienda también les sugiere que recurran a audio o videoconferencias como alternativa a las reuniones o desplazamientos y que apliquen "criterios restrictivos" en cuanto al número de personas que han de desplazar, evitando los desplazamientos "innecesarios" de equipos de trabajo.

El tercer rescate heleno incluye profundas reformas estructurales y drásticos ajustes presupuestarios para mejorar la competitividad de la anquilosada economía helena y garantizar la solvencia del país. Estas exigencias han provocado un drástico cambio en el discurso de Tsipras. La siguiente frase resume, quizás mejor que ninguna otra, la particular conversión política que ha protagonizado el líder de Syriza en los últimos tres meses: "Todo el mundo sabe que la Administración Pública es el gran enfermo [de Grecia]".

Los empleados públicos griegos secundarán el próximo jueves una nueva huelga contra la prevista reforma de las pensiones, a la que en esta ocasión se unirán los controladores aéreos, por lo que probablemente no se operará ningún vuelo con origen o destino en Grecia.

Hay que ser conscientes que los problemas a los que se enfrentan en la actualidad las economías europeas son muy diferentes de los que se trataban de acometer en las décadas anteriores. En lugar de una deriva inflacionista, se encuentran amenazadas o están instaladas en la deflación; y en lugar de unos tipos de interés elevados, ahora están próximos a cero o incluso son negativos.

El Supremo ratifica una sentencia del TSJ de Madrid que pone coto al abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas

En un comunicado, el sindicato que lidera Unai Sordo ha calificado de "importantes" los cambios introducidos que suponen un avance sobre la legislación existente, generando que la contratación pública tenga en cuenta aspectos como la garantía de empleo o los convenios colectivos y no sólo el bajo coste. Estos criterios económicos, ha añadido CCOO, solían terminar derivando en rebajas de derechos laborales y salariales de los trabajadores, a los que se les ha degradado y precarizado sus condiciones de trabajo con la excusa de la austeridad.

Tras la crisis financiera global de 2008, surgió un consenso respecto de que el sector público tenía la responsabilidad de intervenir para rescatar a los bancos con importancia sistémica y estimular el crecimiento económico. Pero fue un consenso efímero; pronto, las intervenciones del sector público en la economía pasaron a ser vistas como causa principal de la crisis, y se consideró necesario revertirlas. Fue un grave error.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en las administraciones públicas cuya aplicación a los sanitarios y los docentes se pospone un año para que ambos sectores adapten su normativa a la reforma que incluye el real decreto en materia de empleo público. El Gobierno da su visto bueno al texto que firmaron este mismo lunes el titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta y los sindicatos más representativos del sector.

Varias empresas y organismos públicos advierten al Gobierno sobre las consecuencias que la medida tendría sobre su operativa cotidiana y piden reconsiderar la propuesta.

Los datos de paro conocidos este martes han revelado que el desempleo ha caído un 20% a lo largo de todo 2021. El año ha terminado con 780.000 personas menos apuntadas en las oficinas públicas de empleo, y, a la vez, hay 776.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social, es decir, registradas como trabajadores.

Más de un millón de trabajadores del sector público se han lanzado a la calle y han participado en las 50 manifestaciones en la mayor jornada de protesta contra los recortes del Gobierno Cameron en los últimos cuatro años. Fuente alternativa en inglés The Guardian: www.theguardian.com/politics/2014/jul/09/david-cameron-strikes-1m-walk

Lo más significativo es que la mayor parte del empleo es de carácter temporal y no estructural, lo que puede explicarse por la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas. De hecho, son los municipios -que han puesto en marcha sus propios planes E para activar la economía y reducir el paro- quienes más han aumentado sus plantillas.

La huelga que iniciarán mañana las Brigadas de Refuerzo para Incendios Forestales (BRIF), tiene como objetivo unas reivindicaciones justas, que la empresa que gestiona el servicio, Tragsa, se niega a corresponder, pese a disponer de un abultado aparato directivo con sueldos que superan al del presidente Mariano Rajoy.

Aragón ha iniciado el procedimiento para impugnar la nueva Ley de Contratos del Sector Público ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de las competencias autonómicas y por crear un régimen desigual para Navarra y el Pais Vasco

El TJUE ve contrario a derecho renovar contratos de duración determinada en espera de que acaben los procesos selectivos sin plazo por "consideraciones de la crisis económica" y que, además, prohíbe la asimilación de esos trabajadores a "indefinidos no fijos". Además, pide a la Justicia española que revise si puede interpretarse o no conforme a la ley europea