Ada Colau (...) ha optado por recurrir al sector privado para construir vivienda pública de alquiler a precio asequible. El ayuntamiento ha adjudicado a Mediaurban, una agencia del grupo Mediapro, la compañía audiovisual que dirige Jaume Roures, y a la Fundació Habitat 3, la construcción de 47 viviendas en la calle Badajoz 11-15, en Poblenou.

La petición de la comparecencia como testigo de José María Aznar Botella en el proceso que se sigue por la operación de venta de paquetes de vivienda pública a fondos buitre por parte de la Comunidad de Madrid no ha sido desestimada por el titular del juzgado de instrucción, aunque, por el momento, no procederá a citarle. En cambio, sí lo hará con los responsables de Azora, una de las adjudicatarias, así como con Juan Van Halen, ex director general de Ivima, que ha sido además imputado.

Miquel Bonilla, consejero delegado de Adigsa —empresa que controla las viviendas públicas en Cataluña—, reconoció ante la policía que en la época en que Artur Mas era ‘conseller en cap’ (consejero jefe) del Gobierno catalán, “se adjudicaron una serie de obras sin proceso de licitación reglamentario”. Y subrayó que “la antigua dirección hacía encargos a contratistas sin respetar procedimiento formal alguno, y de las mismas no hay constancia documental”. En total, afirmó el directivo, había unas “100 actuaciones” irregulares.

Este fondo, que adquirió el parque de vivienda pública propiedad del Patrimonio Municipal de Majadahonda (PAMMASA), había iniciado un procedimiento de desahucio por expiración del plazo pactado. Sin embargo, el Juzgado desestimó la demanda impidiendo el desahucio de esta familia que carece de alternativa habitacional.

La secretaria general de Housing Europe, una red de promotores de vivienda pública europeos, participa en unas jornadas sobre el sector en Barcelona"

Prácticamente todo se hizo de forma irregular: la venta de estas viviendas se realizó por debajo del precio de mercado, el fondo Blackstone tuvo información privilegiada, el Ayuntamiento no abrió un procedimiento con publicidad para que hubiera más ofertas, no hubo una tasación fiable de los inmuebles que vendió. Todo se hizo a mayor beneficio del fondo buitre,no fue la oferta más alta dado que, de las cuatro ofertas recibidas, Harbor Group llegó a los 130 millones de euros. La venta de ese patrimonio vulneró prácticamente todo lo que..

La Generalitat de Cataluña aprobará una moratoria para que los inquilinos de vivienda de titularidad pública no tengan que afrontar la próxima mensualidad del alquiler en plena crisis por el coronavirus, a fin de facilitar la liquidez de las familias y no abundar en la vulnerabilidad de algunas de ellas.

(...)el porcentaje de pisos bajo dicho régimen en nuestro país es de un insignificante 2,5%, encontrándose a gran distancia de Francia e Inglaterra con el 17%, de Holanda y Dinamarca con un 30%, incluso Irlanda está muy por encima de España con el 8%(...) el 43,3% de los arrendatarios españoles destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, mientras que en Alemania se destina el 22,8%, y en Francia tan solo el 14,9%(...) Las declaraciones del ministro José Luis Ábalos, sobre los alquileres, ha sido como echar un jarro de agua helada

Este es el despliegue policial para desahuciar en Madrid a una madre con sus 3 hijos, 2 de ellos menores. ¿Quien desahucia? ¿Un banco? ¿Un fondo buitre? No. Está desahuciando el Ayuntamiento de Madrid. La vivienda es pública y llevan 11 años viviendo en ella. El desahucio es en el barrio de Lavapiés. En este barrio hay edificios enteros de vivienda pública, que están reformados pero que el PP los mantiene vacíos. Sí, el PP mantiene vivienda pública vacía en Lavapiés, y al mismo tiempo desahucia en plena pandemia.

"Nos resulta bastante hipócrita que mientras desde el Gobierno estatal se promueven medidas anti-desahucios, en los ayuntamientos donde gobiernan esos mismos partidos políticos se ejecuten desahucios de familias con menores y vulnerables de viviendas públicas, sin alternativa ninguna", ha señalado.

La última reunión del Consello da Xunta de 2023 y una de las últimas antes de las elecciones dio luz verde a un paquete de 50 millones de euros para la licitación de la construcción o rehabilitación de 231 viviendas públicas que iniciarán su ejecución en 2024.

David Marjaliza, ha confesado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que pagó comisiones de entre 3.000 y 6.000 euros a políticos del PP, PSOE e IU en diversos municipios madrileños a cambio de que adjudicaran a sus empresas la construcción de vivienda pública; ha concretado que con este sistema logró adjudicarse más de 1.000 viviendas entre los años 2000 y 2013 en localidades como Parla, Getafe y Valdemoro, esta última epicentro de la trama Púnica. Para ello, el empresario tenía contactos en el consorcio urbanístico de

El Ayuntamiento de Madrid ha relanzado la ejecución presupuestaria dedicada a la Promoción y gestión de viviendas en las últimas semanas y ya alcanza el 91% del gasto presupuestado para el año 2018. A comienzos de octubre el porcentaje de ejecución apenas era del 50%.

3.292, esta es la cifra total de ejecuciones hipotecarias realizadas en Andalucía durante 2019. Datos que sitúan a la comunidad como la segunda del país con más desahucios detrás de Cataluña. Este balance, hecho público hace un par de meses por el Consejo General del Poder Judicial, supone una bajada del nueve y medio por ciento respecto al año anterior. Durante el estado de alarma se anunció la paralización de los desahucios para no perjudicar aún más a las familias más vulnerables.

Fumata blanca en el Ayuntamiento de Madrid tras unas horas de confusión. 39 días han pasado desde que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que se sentaría con la oposición a ponerse de acuerdo en un gran pacto para reconstruir Madrid tras el coronavirus. El resultado de un mes de negociaciones contrarreloj son 352 medidas que conforman un acuerdo inédito en la ciudad. Y que ya se pueden consultar sobre el papel. Los cinco partidos han acordado blindar la vivienda pública para evitar que vuelva a ser vendida

Según los datos recabados por una investigación de Civio, las administraciones vascas son arrendadoras de casi 11.100 de las 75.000 que hay arrendadas en esta comunidad autónoma.

La Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA) tiene actualmente un patrimonio de 23.354 viviendas sociales públicas. El 8'5% de todas ellas, unas 2.000, "están ocupadas ilegalmente" a fecha 10 de julio, según reconoce la Comunidad de Madrid. Con ese dato sobre la mesa, actualmente el 51% de todos los pisos ocupados de forma irregular en la Comunidad de Madrid pertenecen a la Agencia de Vivienda Social. Además, la Comunidad de Madrid tiene un stock de 533 viviendas sociales vacías, pese a tener 3.412 familias vulnerables en lista de espera.

% de viviendas de alquiler social sobre el total de viviendas (Último año disponible, 2011-2020)

En 2001 el Ayuntamiento de Santiago de Compostela daba luz verde a la construcción de la que hoy es la Biblioteca Ánxel Casal, un proyecto del Estado. Al mismo tiempo el consistorio accedía a autorizar anexo un pequeño bloque de viviendas de promoción pública impulsada por la Xunta. Aquel proyecto lo concretó un poco más Manuel Fraga y su Conselleiro de Política Territorial, Núñez Feijóo, que anunció que levantaría pisos de alquiler para jóvenes. Trece años y tres gobiernos después lo único que se levanta en el solar son las hierbas.

El acceso a la vivienda está siendo uno de los principales ejes de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Pese a ello, la estadística del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) revela que en 2022 apenas 9.221 viviendas protegidas de planes estatales y autonómicos obtuvieron la calificación definitiva en España, es decir, 19 por cada 100.000 habitantes.

Desde la PAH hoy mismo han intentado paralizar, sin éxito, el desahucio de Raquel y sus cinco niños en el madrileño barrio de El Pozo. "Hoy de nuevo el capital financiero, con Goldman Sachs a la cabeza, participa de una nueva forma de control de la vivienda y de utilización de la misma para fines antisociales. La nueva estrategia pasa por la creación de grandes empresas encargadas de la gestión de viviendas en alquiler". Estas empresas están en manos de especuladores que "participan de la compra masiva de grandes paquetes de vivienda pública".