El juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha embargado un inmueble a la federación estatal de Consumo y Hostelería de CCOO a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 60.471 euros que impuso de manera solidaria a dos sindicalistas.

La jueza Mercedes Alaya, que investiga, entre otras causas, el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha ordenado este martes a la Guardia Civil "retener" el teléfono móvil a un periodista del diario La Razón porque creía, erróneamente, que le había grabado con dicho dispositivo.

Varios exaltos cargos se niegan a prestar declaración amparándose en la tesis de la Fiscalía Anticorrupción de que la investigación está "agotada en sede judicial" por la presencia de personas aforadas. La jueza se ha negado varias veces dividir la causa o remitirla al Tribunal Supremo e insiste en que la instrucción se encuentra en la "recta final". Alaya esquiva la imputación de diputados o senadores.

"Lo que nos parece más grave es el hecho de que la instructora atribuyera la comisión de un posible delito al informador, al sospechar que estaba grabando las conversaciones de una magistrada con terceras personas", dice la APS en un comunicado.

Alaya busca en el edificio emblema de la Junta ayudas ilegales a UGT y CCOO La juez Mercedes Alaya busca en Torretriana, el mayor edificio con funcionarios de la Junta de Andalucía, nueva documentación que aclare posibles ayudas irregulares concedidas por el Gobierno andaluz al sindicato UGT

La juez dice que Granado suscribió los boletines de adhesión de los tres “intrusos”, que eran conocidos del “conseguidor” Juan Lanzas, y de su propia esposa, quien “cobraría ilegítimamente rentas financiadas por la Junta de Andalucía”.

De los grupos políticos al programa 31L entre 2002 y 2009. La juez reclama los documentos "a la mayor brevedad posible". Son los informes popularmente conocidos como fondo de reptiles.

La revista, en un artículo titulado “Alaya, la juez indomable” hace hincapié en que la magistrada “se ha convertido en el punto de mira de la prensa” y que “su silencio ha servido para alimentar su leyenda”. Vanity Fair no ha hablado con la magistrada pero dice haberlo hecho “por primera vez con su círculo más íntimo”, con amigos y enemigos, para descubrir “las dos caras de la magistrada: la que manda con mano dura en la sala y la que necesita la seguridad y el refugio de su marido”.

La magistrada acusa al exconcejal del PP en La Carolina, de haber sido incluido en el ERE de una empresa donde solo trabajó seis meses. Polo compareció ante la juez el pasado día 16 e intentó hacer valer dos sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha embargado a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez una vivienda, una plaza de aparcamiento y un trastero a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 29,5 millones de euros que le impuso la magistrada el pasado mes de marzo.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha ampliado la investigación del caso a las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía durante los años 2011 y 2012, según un auto notificado este miércoles a las partes y al que ha tenido acceso Europa Press. Hay que destacar que, hasta el momento, la juez investigaba las ayudas concedidas entre los años 1999 y 2010.

Daniel Alberto Rivera, antaño director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía e imputado en la indagación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, se ha acogido este jueves a su derecho constitucional a no declarar en la nueva ronda de comparecencias promovida por la juez Mercedes Alaya por las ayudas a Altadis y A Novo Comlink, aunque ha entregado un escrito en el que achaca a la juez Mercedes Alaya "omisiones y ocultaciones" de documentos

González de Lena [disclaimer: Fue director del Gabinete de Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero y formó parte del equipo de José Antonio Griñan cuando éste ocupó la cartera de Trabajo] disecciona la instrucción del caso de los ERE con sólidos argumentos jurídicos, políticos y hasta filosóficos, aunque bien aderezados con ironía e ingenio. El artículo se publicó inicialmente en fabianoshoy.org.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades, considera que la Junta habría concedido 950 millones de euros en subvenciones a la formación sin justificar entre los años 2008 y 2011. Relacionada: www.meneame.net/story/alaya-amplia-investigacion-ayudas-junta-durante-

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, que eleve al Tribunal Supremo la causa respecto a los aforados y que la investigación se divida en piezas, una por cada ayuda.

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha retirado este miércoles la principal imputación que pesaba sobre el exviceconsejero andaluz de Economía José de Haro, ya que no le ha acusado de "coordinar e impulsar" la política presupuestaria andaluza.

La juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, considera "imposible" que los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán desconocieran que sus gobiernos usaban un sistema ilegal y opaco para pagar prejubilaciones y ayudas "de forma absolutamente libérrima" a empresas y personas afines a los sindicatos UGT y CCOO y al PSOE.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el resto de aforados citados en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo (TS) por la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, quieren que se investigue el "origen de la filtración" de este documento por considerar que su publicación está provocando una "nueva situación de indefensión y la creación de un ambiente de falsa culpabilidad".

La jueza califica el procedimiento empleado de "subversión del orden jurídico" Cree que se permitieron de "manera intencionada" una serie de irregularidades para favorecer a personas y empresas cercanas al PSOE, la Junta y los sindicatos

Mientras que la exconsejera Mar Moreno es señalada por su "asistencia política y técnica" al "sistema ilegal de subvenciones". Zarrías y Moreno han aparecido por primera vez como posibles imputados en la exposición razonada elevada por Alaya al Tribunal Supremo. . Noticias, última hora, vídeos y fotos de España en lainformacion.com

El secretario general de los socialistas ha prometido “limpiar de manzanas podridas la política” y se ha desmarcado de las declaraciones del preimputado por el caso de los ERE, José Antonio Viera, que aseguró que contaba con el apoyo de Sánchez.

Los vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han expresado este martes su preocupación por la filtración a los medios de comunicación del contenido de la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya en relación con el caso de los ERE irregulares en Andalucía.

Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio efectivo", según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo.

El incendio ha sido detectado en torno a las 14,00 horas y cuando los bomberos, cuyo parque central se localiza en las proximidades del Prado de San Sebastián, llegaron hasta el edificio, la Guardia Civil, encargada de la custodia de las dependencias judiciales, había desalojado ya las mismas a modo preventivo. Los bomberos han sofocado las llamas con extintores de mano y habrían resuelto el siniestro con rapidez y sin mayores complicaciones, toda vez que la Policía Científica se ha hecho cargo de las diligencias relativas a este incendio.