El tiempo se agota. El fin de una era, adelantado por las encuestas que sitúan al Partido Popular fuera de la Generalitat Valenciana, está provocando una fuga de altos cargos del Gobierno valenciano en busca de un futuro laboral. Varios han recuperado sus puestos en la propia Administración, de la que eran funcionarios en excedencia o donde habían conseguido un puesto fijo antes o durante su mandato. Pero esta búsqueda de futuro laboral ha dado un salto cuantitativo.

Los datos aportados por el Ejecutivo en su página de transparencia muestran que actualmente se paga pensión a 15 antiguos altos cargos de la Administración. En su mayoría son antiguos consejeros de las extintas comisiones reguladoras (CNC, CMT...), y miembros del Consejo de Seguridad Nuclear. Julio Segura, el expresidente de la CNMV que permitió los mercados internos de preferentes, percibió una i

Un total de 84 ex altos cargos han recibido autorización del Gobierno, desde que comenzó la legislatura, para dedicarse a la actividad privada tras su cese, pero sólo una docena, un 14 por ciento, solicitó volver a la empresa para la que trabajaba previamente.

La Pontificia Comisión para la tutela de menores del Vaticano estudia la posibilidad de que "las personas que ocupan altos cargos dentro de la Iglesia" Católica puedan responder de casos relacionados con presuntos abusos sexuales.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) ha contratado un seguro de responsabilidad civil para altos cargos y administradores. La contratación se ha llevado a cabo el mismo día que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo entregó en el Tribunal Supremo toda la documentación requerida en la que se basó para aprobar la Orden IET 1045/2014 de retribución de las instalaciones de renovables. La prima asciende a 7.926,22 euros, capaz de cubrir hasta 600.000 euros, cifra parecida a la que abonó por los informes.

Rusia ha remitido un listado de 89 altos cargos europeos a los que prohibirá la entrada en el país en represalia por las sanciones impuestas a su vez por Bruselas por la postura de Moscú en el conflicto ucraniano. En la lista hay dos españoles, el expresidente de Murcia Ramón Luis Varcárcel y el exeuroparlamentario del PP José Ignacio Salafranca.

El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha anunciado la elaboración de un proyecto de ley que regule el Estatuto de Altos Cargos de la Generalitat, para establecer un código de incompatibilidades que evite "las puertas giratorias que tanto desprestigian el trabajo de los representantes públicos".

Los Presupuestos Generales del Estado, que ya han iniciado su tramitación en el Senado, contemplan un gasto de 633,57 millones de euros (más de 1,7 millones diarios) en la partida de “alta dirección”, la que recoge los salarios de los asesores del Ejecutivo. El próximo año, el Gobierno contará con 452 altos cargos a su servicio, según los datos del Ministerio de Hacienda.

El Govern ha aumentado un 8% la cifra de altos cargos en esta legislatura, según informa La Vanguardia. Actualmente, hay 155 altos cargos ante los 143 del último gabinete de Artur Mas, es decir, doce más. El aumento supone un millón de euros en salarios.

Después de trescientos días, los altos cargos del PP durante la legislatura de Cospedal han decidido presentar sus declaraciones de bienes, algo a lo que estaban obligados por Ley. Tras este anuncio, el Gobierno de Page ha decidido archivar el procedimiento sancionador que había puesto en marcha.

No se pagaron comisiones por parte de los bancos a la familia del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, pero sí "bonificaciones" a distintas empresas públicas catalanas por concederles las gestión de las nóminas de funcionarios. Así lo han declarado este lunes tres ex altos cargos de la Generalitat que han negado ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que los bancos pagaran comisiones a la familia Pujol por llevar las nóminas de los empleados públicos.

“Estabilidad” es una de las palabras más usadas por el presidente de la Xunta de Galicia para elogiar a su ejecutivo frente a las alternativas que ofrecen otros partidos. Sin embargo, solo 18 de los 62 altos cargos de su ejecutivo siguen en sus puestos desde que llegó a la presidencia de la Xunta en 2009.

La entidad dependiente de Hacienda solo ha emitido dos resoluciones de incompatibilidad en la última década para altos cargos que querían fichar por el sector privado. Desde su creación en 2006, casi 200 ex altos cargos del Gobierno han recibido el visto bueno de la oficina para realizar actividades privadas en distintas entidades. Lourdes Arana, que quería trabajar en la Universidad de Deusto (privada)

El departamento de Exteriores que dirige Raül Romeva ha destinado este año más de 1,5 millones de euros para pagar el sueldo de 19 altos cargos(entre ellos el del propio consejero).

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el procesamiento del ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez y de otros dos ex altos cargos en la 'pieza política' de los ERE fraudulentos, resolviendo así todos los recursos interpuestos en dicha pieza, por la que se sentarán finalmente en el 'banquillo' 22 acusados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, investiga a 26 personas, todas ellas al menos por un presunto delito de malversación, por las ayudas y subvenciones públicas concedidas desde el Ministerio de Trabajo y desde la Junta de Andalucía a cinco empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva por una cantidad estimada en más de 40 millones de euros.Esta nueva pieza abierta de los presuntos ERE fraudulentos investiga a seis altos excargos de la Junta de Andalucía, dos exaltos cargos del Ministerio de Trabajo

PSOE y Podemos han retirado hoy la polémica enmienda que habían presentado de forma conjunta al proyecto de Ley en materia de gestión y organización de la Administración, que planteaba la adición de una disposición sobre consolidación de grados, algo que desató la indignación de los sindicatos. Una propuesta que pretendía blindar privilegios a los funcionarios que accedan ‑o hayan accedido‑ a altos cargos, los cuales conseguirán una mejor posición en la escala funcionarial en un tiempo récord y sin necesidad de pasar por procesos selectivos.

Un Juzgado cita a declarar en calidad de investigados/imputados a Luis Aguilera(subsecretario del departamento de Interior),Ángel Yuste (máximo responsable de Instituciones Penitenciarias) y Ana María Velasco (subdirectora de Recursos Humanos de Prisiones),tres altos cargos del Ministerio del Interior por presunta prevaricación administrativa. La Justicia les acusa de haber adjudicado presuntamente a dedo cientos de plazas de funcionarios en el último concurso interno de Instituciones Penitenciarias..

El BOE lleva un mes escupiendo nombramientos. Tras la moción de censura el relevamiento de altos cargos en la Administración General del Estado (AGE), Organismos Autónomos y empresas públicas ha sido casi total: secretarios y subsecretarios de Estado, directores y subdirectores generales, gabinetes y un largo etcétera. El quítate tú para ponerme yo tampoco ha cambiado en esta ocasión.

Los altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy que cesaron el pasado 1 de junio tras la moción de censura continúan a día de hoy sin cobrar la indemnización a la que tienen derecho por haber formado parte de la élite del Ejecutivo.

Un patrimonio incluido en las declaraciones de bienes patrimoniales de más de 1.000 altos cargos de este Ejecutivo y del anterior, publicadas este sábado por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El artículo 14.4 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, tras la modificación llevada a cabo por la disposición final segunda de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás altos cargos previstos en el artículo