El Gobierno español quiere poner orden en las filas del 1,8 millones de musulmanes –casi el 4% de la población–residentes en España. Considera que su representación ante el Estado no funciona y se dispone a legislar para, asegura, poder contar con un interlocutor válido con el que, por ejemplo, estudiar y poner en práctica iniciativas que impidan la radicalización, especialmente de los más jóvenes.