La nueva regulación para los pisos turísticos en Catalunya obligará a un drástico recorte de este tipo de apartamentos en algunas de las localidades turísticas más emblemáticas de la comunidad. Si el decreto ley acaba saliendo adelante en el Parlament y entra en vigor el umbral máximo de 10 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes, poblaciones como Salou, Cadaqués, Roses, L’Escala o Castelló d’Empúries se verán obligadas a eliminar miles de licencias.

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a notificar este miércoles el orden de cierre de pisos turísticos irregulares que los inspectores municipales han localizado en el barrio de la Barceloneta. Fuentes municipales han informado a Europa Press de que los técnicos han emitido 24 órdenes de cese de las actividades entre el lunes y el martes, aunque una de ellas afecta a varias viviendas en concreto por estar en la misma finca; así, en total se ha ordenado el cierre de 35 pisos turísticos.

El Govern quiere que los propietarios de pisos turísticos de la ciudad de Barcelona paguen una tasa de 2,25 euros por noche y por cada huésped que se aloje en la vivienda. El importe es el mismo que tienen que pagar los hoteles de cinco estrellas, de gran lujo y los grandes cruceros. Los de cuatro estrellas tendrán que pagar 1,10 euros y el resto de establecimientos 65 céntimos. Los importes están recogidos en el proyecto de ley de medidas fiscales incluido en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos.

El 58% de las personas que anuncian pisos turísticos son multipropietarios, que generan una contracción en la demanda del alquiler a largo plazo que está haciendo aumentar sus precios, según demuestra un estudio del Ayuntamiento de Madrid

Booking.com se apunta al boom de los pisos turísticos y prepara su asalto al reinado de Airbnb y HomeAway en el negocio del alquiler vacacional.

el Ayuntamiento de Madrid quiere suspender durante un año la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos.

La economía sumergida es como una gran hucha, pero sin cerradura. Dentro hay miles de millones de euros (nadie lo sabe a ciencia cierta) que bien podrían servir para absorber definitivamente el déficit público como para financiar una agenda social de altos vuelos. Sin embargo, lo difícil es encontrar la forma de sacarlos a la luz. El Gobierno de Pedro Sánchez lo sabe y ha puesto la diana en los pisos turísticos ilegales que, a diferencia de otras actividades económicas que escapan a la Ley, aún no tiene el suficiente recorrido.

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cese efectivo de 358 pisos turísticos desde el mes de junio (cuando tomó posesión el nuevo equipo de Gobierno municipal) al mes de octubre. Desde ese periodo se han inspeccionado 365 edificios con un total de 6.363 viviendas.

Tramitaban presuntamente de forma fraudulenta y arbitraria licencias de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella; en algunos casos, a cambio de dinero. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre el año y medio y los 18 años de prisión para los miembros de una trama en la que figuran ocho funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona y propietarios de viviendas, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La acusación pública atribuye a los 22 imputados delitos de diversa índole, entre ellos los de cohecho, prevar

El Ayuntamiento de Barcelona solicita, al igual que la fiscalía, importantes penas de prisión para los tres principales acusados en la trama de corrupción de pisos turísticos en Ciutat Vella: al que fuera jefe de servicios técnicos, Helidoro Lozano; a la entonces responsable de la asesoría jurídica del distrito, Elena Ariza, y al ingeniero Joaquim Quílez.

La patronal del negocio estima en 448 millones de euros el mazazo del confinamiento y prevé 2.900 millones de pérdidas hasta final de año, aunque huyen de la idea de una trasvase de vivienda al mercado de alquiler residencial. Los activistas consideran que la caída del turismo no les dejará otra opción que volver a colgar el cartel que "se alquila".

Las restricciones de movilidad y las malas proyecciones para el sector turístico están llevando a numerosos propietarios de pisos destinados al alojamiento vacacional a darles una nueva vida.

El Ayuntamiento de Barcelona lleva negociando desde el inicio de la pandemia con los propietarios de pisos turísticos para que algunos de ellos destinen las viviendas a alquiler social, aprovechando la caída de las visitas a la ciudad. Pero de momento no tiene éxito. Solamente dos apartamentos de los más de 9.000 que hay en la ciudad se han puesto a disposición municipal para asumir esta función.

La gran mayoría de los 9.600 pisos con licencia turística en Barcelona llevan meses vacíos a falta de viajeros y previsiblemente así seguirán durante meses a causa de los efectos globales de la pandemia del covid-19. Se trata de una coyuntura insólita que el ayuntamiento quiere aprovechar para negociar una colaboración público privada que permita dar un techo más estable y digno a cientos de familias en situación de vulnerabilidad social que ahora están alojadas en pensiones sufragadas por el municipio.

Los propietarios de los pisos turísticos de Cádiz piden protección. Consideran que la culpa del aumento del precio de los alquileres es, sobre todo, de la falta de leyes que les protejan ante los okupas.

Expertos del Consejo de Europa han alertado del uso en España de plataformas de alquiler de pisos turísticos para ejercer la trata de personas durante la pandemia de la Covid-19. Así lo indican en un informe en el que advierten de que la crisis del coronavirus está empeorando la trata de personas en toda Europa. "En España, los perpetradores utilizan cada vez más plataformas digitales, como Airbnb, para alquilar apartamentos donde tiene lugar la explotación sexual, lo que reduce la capacidad de las fuerzas del orden para detectar

Es decir, que tener un piso en Airbnb puede aportar lo mismo que, a grosso modo, entre dos o meses de salario típico en Galicia. Algo más importante teniendo en cuenta que el 55% de las ofertas son gestionadas por mujeres, que como nos recuerdanLa mitad, aproximadamente, de proveedores gallegos dicen que con sus ingresos pueden hacer frente a la subida de precios y satisfacer necesidades básicas, por ejemplo, como tener una vivienda propia. Es decir, que para la mitad de los anfitriones los pisos turísticos son parte clave de su subsistencia.

Presión, jornadas maratonianas sin parar a pegar bocado, sueldos de miseria, horas extras impagadas y contratos que no se pueden enseñar. Son las condiciones bajo las que viven algunas de las limpiadoras de los pisos turísticos que proliferan en el centro de las grandes ciudades. La mayoría son mujeres migrantes, que necesitan el dinero y no tienen muchas más opciones, así que tragan con condiciones abusivas.

El candidato a la alcaldía de Málaga por Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que muestra cómo sellar con pegamento los candados que guardan las llaves de los pisos turísticos y anima a los malagueños a seguir sus pasos. «¿Estáis cansados de no poder encontrar un alquiler barato en vuestra ciudad o de no encontrar un alquiler en vuestro barrio? Os traigo la solución». Dice el vídeo que tanto el candidato como otros miembros del partido han compartido en las redes sociales.