Hace 40 años, también coincidiendo con unos días festivos en Madrid, el Gobierno de Adolfo Suárez autorizó la legalización del Partido Comunista. Más allá de la circunstancia de que la decisión se anunciase cayendo la tarde de un día festivo, no se me ocurre una decisión más opuesta al escrito de conclusiones de la Abogacía General del Estado en el juicio abierto contra los responsables del desafío soberanista en Cataluña. Si la decisión de Suárez fue audaz y cambió el curso de nuestra transición democrática, la del Gobierno de Pedro Sánchez es

El Gabinete de coalición no descarta suavizar las penas por sedición —por la que fueron condenados los líderes independentistas—, pero tampoco el presidente renuncia a recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal que prometió en la campaña del 10-N, cuando blandía un discurso muy duro contra el separatismo, que tuvo que aparcar al necesitar los votos de ERC para sacar adelante la investidura.

Cuando hace ya más de 25 años estudiaba la carrera de Derecho, mi profesor de derecho penal a la hora de estudiar los delitos de rebelión y de sedición comentó de forma contundente que los mismos no eran muy importantes porque nunca se darían en un país como España con una Constitución firme y un estado democrático y de derecho asentado.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido este martes la querella de la Fiscalía General del Estado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los 13 consejeros de su Gobierno, a los que cita a declarar para los próximos 2 y 3 de noviembre, según han informado fuentes jurídicas.

El Ministerio Público califica la fase final del proceso soberanista de "levantamiento generalizado salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia"La Abogacía habla de "actos de resistencia y desobediencia" y "situaciones de tensión, disturbios y enfrentamientos"Los fiscales cifran en 2,9 millones la cantidad de dinero público supuestamente malversada, mientras los servicios jurídicos del Estado la reducen a 1,97Ni Fiscalía ni Abogacía piden responsabilidad civil por el gasto público en el 1-O, por lo que la cantidad malversada la tendrá qu

Rubira nunca ha sido un fiscal de hilar fino, ni dentro ni fuera de sala. Lo que sucede es que cuando se trata de echarle fábula y relato a una cuestión que legalmente no es que sea discutible, es que ya estaba resuelta en sentido contrario, como es la competencia de la Audiencia Nacional para la rebelión y la sedición, hay que ser al menos un poco hábil de labia.

"Exigen como si de un país bananero se tratase". Los magistrados compartieron desde sus correos corporativos su malestar por la decisión del tribunal alemán de no extraditar a Puigdemont Un juez propone devolvérsela a Alemania reclamando información sobre el cumplimiento de derechos humanos por parte de los funcionarios alemanes "vista su historia"

El Numero 1 de la lucha contra Franco, Maverick Trevijano nos da las claves para luchas contra el nacionalismo separatista y garantizar la unidad del Estado. Demoledor como siempre Treviano comienza asi: La declaración hecha en el parlamento autonómico catalán, según la cual termina la época de la autonomía y comienza la de la independencia, es un golpe de Estado en toda regla contra la mayoría del pueblo catalán y contra la nación española entera, que no ha sido corregido y ni siquiera encauzado por el Gobierno de E

El estado de excepción es la única salida, como ha defendido en estas mismas páginas nuestro mejor jurista en derecho político e institucional internacionalmente reconocido a la vez que silenciado por la oligarquía política, un hombre que sin haber ocupado un puesto en el Estado es el español con mayor experiencia política en el terreno de la acción y enemigo público número uno del consenso. Y solo nos queda hablar del papelón de su majestad el rey Felipe VI. Haciendo de chófer de Mas en la Seat, con la carga simbólica de tal hecho.

Los abajo firmantes, más de 100 profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas, ante la crisis política más grave vivida por nuestro país desde el golpe de estado de 1981, se entienden obligados a manifestar su experta opinión ante toda una serie de calificaciones jurídicas que llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado y la titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, han originado general repulsa y seria preocupación en los medios jurídicos españoles.

La revisión por su parte de la sentencia del asalto al Parlament ha generado un profundo malestar en un sector del Tribunal Constitucional

Parecen muchos años, pero con los beneficios penitenciarios disfrutarán de permisos en unos meses, saldrán en libertad condicional dentro de tres o cuatro años, y mucho antes les darán el tercer grado y solo irán a la cárcel a dormir. Además, parecen condenas muy duras, pero podrían haber sido peores: hasta 25 años pedía la Fiscalía, que además solicitó que no tuvieran tercer grado sin cumplir la mitad de la pena.

La flamante ministra de Comunicaciones de Bolivia, Roxana Lizárraga, amenazó con aplicar la ley de sedición contra los periodistas. Lo hizo en una rueda de prensa en la que apuntó contra quienes, para ella, "causan sedición" en ese país y "desinforman". "La prensa tiene que tener todas las garantías para trabajar, y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país tienen…

Sin el empleo de armas no hay delito de sedición. Este es el argumento principal del borrador de proyecto de ley de reforma del Código Penal que Unidas Podemos, uno de los dos socios del Gobierno, ha enviado al Ministerio de Justicia como propuesta de modificación del delito de sedición. Si esta propuesta saliera adelante, el Tribunal Supremo tendría que dejar libres a los nueve líderes del procés independentista catalán condenados a prisión, ya que la condena principal por sedición quedaría anulada, según fuentes jurídicas.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que la primera iniciativa parlamentaria del partido bajo su mandato será una proposición no de ley para incorporar al Código Penal los delitos de "sedición impropia" y de "convocatoria ilegal de referendos". En cuanto al delito de sedición impropia, ha aclarado que pretende estar preparado por si en la próxima Diada o en otros eventos los independentistas "preparan cualquier tipo de ruptura de la legalidad" o de la "seguridad ciudadana", haya mecanismos de reacción. ((Habrá ampliación))

El PP ha fracasado este martes en el Senado en su intento de frenar la reforma del delito de sedición que defiende el Gobierno, al rechazar el pleno una moción contra lo que los populares denominan "indultos encubiertos" con 141 votos, frente a 110 votos a favor y 3 abstenciones. La senadora María Teresa Martín Pozo ha sido la encargada de defender la iniciativa, que instaba al Gobierno a no modificar el delito de sedición para no beneficiar a los líderes del "procés" condenados y a incluirlo en el marco de los delitos contra la Constitución,

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha afirmado este lunes que reformar el delito de sedición en el Código Penal para favorecer la situación de los presos del 'procés' sería una solución "parcial", aunque se ha mostrado abierto a "estudiar" la propuesta que plantee el Gobierno central. En declaraciones a Ràdio 4, Aragonès ha salido al paso de la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez modifique el delito de sedición en el Cód. Penal antes de las elecciones catalanas para tratar de acortar las penas de los presos independentistas.

El exlíder y cuatro miembros de los Proud Boys, una milicia de extrema derecha en Estados Unidos, fueron acusados este lunes de sedición, un cargo castigado con 20 años de prisión. Se les acusa de haber coordinado la intrusión de un centenar de sus miembros en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Los cinco hombres, con edades comprendidas entre los 31 y los 45 años y detenidos desde hace varios meses, habían sido acusados previamente de "conspiración para obstruir los asuntos oficiales" y de agresión. La acusación de "sedición" va más allá.

La Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera fiscal, sostiene que "no es cierto" que el Derecho de la Unión Europea exija reformar el delito de sedición. Ésta ha sido la justificación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras un pacto alcanzado con ERC. La AF añade que "no es cierto que el Derecho de la Unión Europea exija reformar el delito de sedición" y sostiene que su supresión "supone una desprotección del orden constitucional, que es un valor imprescindible para mantener el Estado de Derecho"

El Supremo notificará ese mismo día el nuevo auto de procesamiento al prófugo catalán tras la entrada en vigor de la reforma penal con la que el Gobierno eliminó la sedición y suavizó la malversación. Puigdemont no respondería por el delito de sedición ya derogado, pero tampoco por el delito de desórdenes públicos agravados que lo reemplazó. Eso implica que Puigdemont podrá volver a España a partir del viernes sin tener que entrar en prisión.

El juez instructor de la causa del procés independentista, Pablo Llarena, ha aplicado la reforma que deroga el delito de sedición, una reforma que según argumenta plantea un contexto “cercano a la despenalización” de los hechos de 2017. El resultado es que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig siguen en búsqueda y captura pero por malversación y desobediencia, no por sedición.

La nueva ley de seguridad nacional presentada este viernes por las autoridades de Hong Kong tipifica nuevos delitos y endurece las penas a prisión contra aquellos que comentan traición, sedición, subversión o sedición, una medida que muchos consideran perjudicial para las voces disidentes y está llamada a toparse con las duras críticas de la oposición. Este artículo establece que el Ejecutivo local debe aprobar sus propias leyes a nivel local en relación con los delitos citados anteriormente.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha ordenado a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que actúen si en el proceso independentista catalán se produjeran "delitos contra la forma de Gobierno", en los que se enmarcarían también la sedición o rebelión. En una instrucción librada el pasado jueves, el fiscal Javier Zaragoza afirma que la Audiencia Nacional sería competente para actuar contra las personas no aforadas, por lo que quedarían fuera los diputados autonómicos.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado no admitir a trámite las querellas presentadas por el sindicato Manos Limpias y por UPyD contra los promotores de la resolución independentista aprobada por el Parlament, por los delitos de sedición y rebelión.