Con Fraga, Aznar, Rajoy, Casado y Feijóo: PP, la corrupción.

El investigado, Juan Nieto, se declara estupefacto al leerle infoLibre el diálogo donde el entonces coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí informaba en 2016 al secretario de Estado Francisco Martínez sobre la homosexualidad y las "relaciones amorosas" del informador. El antiguo alto cargo de Fernández Díaz dice ahora que aquello obedecía a una investigación secreta de la Guardia Civil por la filtración de noticias sobre el caso que cercó a Rita Barberá por el 'pitufeo'.

Hilo de Twitter con una explicación sobre una trama paralela a las cloacas del Ministerio del Interior, concretamente en la red de blanqueo de capitales que usaron los cargos venezolanos, implicados en el desfalco a la petrolera PDVSA, y sus vínculos con el Partido Popular.

Los 'whatsapps' de Francisco Martínez demuestran que utilizó sus relaciones con comisarios de las cloacas del Estado para conseguir objetivos personales y presionar al juez que investigaba el caso del Pequeño Nicolás para que fuera archivado. Sin embargo, el futuro de Martínez había comenzado a escribirse exactamente un año antes. El 3 de noviembre de 2016, Mariano Rajoy anunció su nuevo Gobierno y eligió como nuevo ministro del Interior a Juan Ignacio Zoido. Este movimiento puso punto final a la carrera política de Martínez en el Ejecutivo.

Unidas Podemos ha vuelto a registrar su propia propuesta de comparecientes para la comisión de investigación sobre las llamadas 'cloacas' del Estado durante la etapa del PP que incluye al expresidente Mariano Rajoy, el exvicepresidente y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, y varios periodistas, unos nombres que el PSOE sigue sin aceptar y que han hecho imposible una lista conjunta de los dos socios de gobierno.

El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres

Interrumpen en directo la Ser: El problema es que hay periodistas cómo usted!

¿Alguien piensa que el PSOE, MM o Compromís van a aceptar la comparecencia de Ferreras en la comisión anti-cloacas del Congreso?. Ojalá dejaran de hacerles el juego a cambio de buen trato mediático. La Sexta trabaja para el PP.

Las cloacas del estado español , cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior, pagaron a un policía francés por los detalles de la cuenta falsa de Xavier Trias en Andorra. El agente francés, que es un alto cargo todavía en activo del Servicio de Vigilancia de Aduanas, recibió 25.000 euros de parte de la operación Catalunya , según RAC-1 . Aunque la información era falsa, la supuesta cuenta de Trias acabó en la portada del diario El Mundo -le acusaban de haber transferido más de 13 millones de euros de Suiza a Andorra-

Ferreras reconoció que dio una información falsa que procedía de las cloacas de Interior. ¿No bastaba eso para que declarara en la comisión de las cloacas? ¿Por qué el PSOE lo quiso evitar? ¿Por qué no quiso que declarara ningún periodista del equipo de Villarejo?

La derecha miente, grita, roba, bloquea el CGPJ, organiza cloacas, reparte mordidas, maneja los medios... Pero hay quien pregunta si una ministra puede llevar en una camiseta una denuncia contra la corrupción. No hay mayor ingenuidad que regalar la incorrección a los corruptos...

Los policías de las cloacas siempre han tenido un objetivo común: poner en los mejores puestos y en los más estratégicos a sus amigos, a sus colaboradores y, por supuesto, a sí mismos. Pero Villarejo tardó tiempo en colocarse dentro del escalafón de la Policía y en conseguir su tapadera como abogado. Villarejo tuvo que recurrir a sus clásicas maniobras para poder conseguir los dos requisitos indispensables para aprobar: poseer una licenciatura y superar la prueba de acceso de la Policía Nacional.

Nsué Okomo y su pariente Crispín Edu Tomo, sobre los que pesaba una orden internacional de busca y captura, confirmaron en su testimonio incluido en la pieza separada número 20 de Tándem que para sufragar los servicios desplegados por el cabecilla del considerado por la Fiscalía Anticorrupción como clan policial, recurrieron a la mercantil Framen Consultores y Asesores, propiedad del empresario Francisco Menéndez Rubio.

Hay lugares en los que la oscuridad y la miseria compiten con el ansia de luz y las ensoñaciones de grandeza. Existen en muchas ciudades, de ayer y de hoy. Rincones abandonados en los que algunos caminos esconden pozos profundos. Itinerarios con cruces equivocados que conducen a cloacas malolientes de las que es difícil escapar. La realidad los ha mostrado en más de una ocasión, la ficción los ha recreado desde siempre. Un poco de una y otra es lo que muestra Los perseguidos (Planeta), el último trabajo de Fernando Benzo (Madrid, 1965). Una nov

La ola de escándalos que envolvería a España comenzó con una redada policial en una finca boscosa a las afueras de Madrid. Era el 3 de noviembre de 2017 y el objetivo era José Manuel Villarejo Pérez, un antiguo espía del Gobierno. El nombre de Villarejo llevaba años circulando en la prensa española. Se rumoreaba que tenía amigos poderosos y que guardaba trapos sucios de todos ellos. La impresionante variedad de acusaciones en su contra —falsificación, soborno, extorsión, tráfico de influencias— le había valido el apodo de “rey de las cloacas”.

La causa por presunto intrusismo profesional y falsedad documental contra el perito contratado por Corinna Larssen en el caso Villarejo ha recrudecido la guerra que colegios profesionales de ingenieros informáticos y asociaciones privadas libran en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ha sobreseído provisionalmente la investigación, abierta a raíz de una denuncia del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, al entender que los hechos no son constitutivos de infracción penal.

La Fiscalía ha solicitado al instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que dicte una nueva orden de búsqueda y captura internacional contra Carles Puigdemont y el también huido Toni Comín después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) les haya retirado su inmunidad como parlamentarios europeos. Tras la reforma del Gobierno que eliminó la sedición, la nueva orden de detención se emitiría sobre la base del delito de malversación agravada, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel y de entre 10 y 20 de inhabilitación.