Modificar el artículo 187 del Código Penal, que recoge las penas por proxenetismo que existen en nuestro país. Hasta ahora ese artículo solo castiga como delito a quien «induzca, promueva o facilite» a un menor de edad o persona incapaz a ejercer la prostitución, y también si quien lo hace es un funcionario público o policial. Ampliar ese fenómeno «en todas sus formas» es, nada menos, lo que pone hoy el PSOE sobre la mesa. Pero en juego hay mucho más. Decidir en qué lado está el país en un debate interno que ha atravesado cada estado europeo.

Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras.