9.468 personas que vivían en residencias madrileñas murieron entre los meses de marzo y abril de 2020, durante la primera ola de la pandemia. Y de ellas, 7.291 lo hicieron sin recibir atención hospitalaria tal y como llevan años denunciando sus familiares. Durante esos meses no era posible acceder a estos centros pero sí lo hacía la Policía Municipal de Madrid. Las actas de esas visitas permanecen custodiadas sin que nadie haya podido ver aún su contenido completo. Y, de momento, seguirá siendo así porque la Comunidad de Madrid ha decidido…

Los agentes de la Policía Municipal de Madrid redactaron más de 200 informes sobre la situación de las residencias de la capital en los primeros meses de la pandemia. Las actas reflejan que no se recogían los cadáveres y el agotamiento físico y emocional de los trabajadores ante la "falta de apoyo institucional" de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acudido a los tribunales para evitar que estas actas salgan a la luz, como exige el Consejo de Transparencia al dar la razón a un ciudadano que las había solicitado…

Cuando llegaron los agentes ya sólo vivían allí 122 residentes. Los otros 33 habían fallecido. En cuanto al personal, de las 127 personas que lo formaban, siete tenían el virus y 31 estaban de baja. Todo, según los agentes que intervinieron, se encontraban "agotados física y emocionalmente". Un mes más tarde la Policía volvió al centro. Quedaban allí 102 mayores, veinte menos que en abril. De ellos, 11 habían fallecido y nueve habían abandonado el geriátrico. Rel: menea.me/2bqtw

Las actas de residencia de la Comunidad de Madrid que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, intenta esconder acudiendo para ello a los tribunales (aunque la estrategia ahora parece que ha pasado a ser la ofensiva contra la izquierda después de que la oposición pida los detalles de los documentos sacados a la luz por la Cadena Ser y que va proyectando ElPlural.com) siguen reflejando imágenes desgarradoras. Cada línea, una historia, y en todas las páginas, muchas escenas que se repiten en cada uno de los textos, que reflejan lo peor de l

Mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pleitea para no tener que hacer públicas las actas de la Policía municipal de Madrid en las residencias durante la primera ola de la pandemia, los alcaldes del PP en la región emulan la misma actitud obstruccionista y se niegan a entregar los atestados policiales respecto a las residencias de sus municipios. Los concejales de Más Madrid llevan pidiendo esas actas en sus respectivos municipios desde principios del pasado mes de febrero, cuando el Gobierno regional interpuso un recurso contencioso

El coronavirus dejó una situación sin precedentes en las residencias de mayores de toda España. Esto es así, con escasez de material y de medidas de seguridad, y con condiciones totalmente desfasadas para los profesionales de estos centros, pero queda la sensación de que en ocasiones las administraciones y los responsables podrían haber hecho algo más. A veces las deficiencias o, directamente, la mala praxis, fueron protagonistas en estos centros de la tercera edad. Seguramente el caso más palpable sea Madrid, cuyas a

El 76% de los residentes que fallecieron a causa del coronavirus entre marzo y abril de 2020 murieron en los propios centros sin ser trasladados a los hospitales. Así se desprende de las 11 actas de las inspecciones sanitarias de oficio realizadas por la Consejería de Sanidad a las que ha tenido acceso la Cadena SER. Las inspecciones fueron muy pocas en los peores meses de la pandemia. Los técnicos sólo visitaron once residencias. El número total de víctimas mortales confirmados con pruebas diagnósticas o con síntomas compatibles con la COVID

Tras las actas de la policía llegan las actas de los bomberos. Igual de dramáticas. Igual de devastadoras. En este caso ha sido el diario El País el que ha podido acceder a la visualización de estos informes durante lo peor de la pandemia en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid. Las transcripciones publicadas por el medio previamente mencionado son demoledoras para los intereses de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Cadáveres que se acumulaban y hasta 80 horas de espera para que alguien viniera a por ellos, trabajadores desbordados... Así describieron los bomberos la situación en algunas residencias en lo peor de la pandemia. Como un infierno en la tierra