La Audiencia de Alicante fija para abril de 2020 el juicio contra Javier Morató, su mano derecha, Juan Roselló, su cuñado, Francisco Artacho, el exedil de Contratación Fernando Penella, el empresario Ángel Fenoll y su hijo Entre los ocho encausados se encuentran también la mujer de Roselló y un técnico municipal: el fiscal pide en total 58 años de prisión por haber defraudado 11,9 millones de euros a Calp y se les acusa de cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo.

El empresario Enrique Ortiz, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que acepta el grueso de los hechos recogido en la acusación inicial. Básicamente, que negoció cambios en el planeamiento urbanístico de Alicante con la intención de lograr un beneficio en terrenos de su propiedad a cambio de la entrega de diversas dádivas (entre ellas, dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper o viajes a Creta, Ibiza y Andorra) a los dos exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

La iniciativa, que llega tras el acuerdo con la fiscalía del empresario para librarse de la cárcel aboga también por esclarecer las responsabilidades del actual alcalde, Luis Barcala y de la regidora María del Carmen de España, del PP y Adrián Santos, de Cs, como antiguos miembros del equipo de gobierno de la imputada Sonia Castedo

El promotor Enrique Ortiz selló este miércoles en la Audiencia Provincial el acuerdo de conformidad por el que reconoce su culpabilidad en la causa sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante (PGOU). Con esa rúbrica, el empresario certifica su confesión sin dar un paso atrás, lo que traslada toda la presión sobre el resto de los procesados. Entre ellos, los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Rel: www.meneame.net/story/piden-comision-investigacion-determinar-hasta-do

Vuelco en el caso del PGOU de Alicante a falta de 7 días de que comience el juicio. El principal investigado, el empresario Enrique Ortiz, se ha desentendido del acuerdo firmado con fiscalía y acusaciones para eludir la cárcel (le reclamaban ocho años y se quedaría en dos) a cambio de pagar más de 1,6 millones de euros en multa y responsabilidad civil a cambio de confesar los intentos de amaño del PGOU durante los gobiernos locales de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, del PP.

Anticorrupción aduce que el promotor, su hermano y otro acusado vinculado a sus empresas ya ratificaron su conformidad por lo que es "impecable" si no se alega un vicio en el consentimiento. La Fiscalía expone que esos escritos de renuncia "no son acordes a derecho" y sostiene que "la conformidad prestada" ya ratificada ante el letrado de la Administración de Justicia "es irrevocable, no condicionada a ningún otro trámite y no estando prevista legalmente ninguna otra ratificación".

El tribunal debe dilucidar, al término del proceso, si los exalcaldes del PP Díaz Alperi y Sonia Castedo concedieron un trato de favor el promotor Enrique Ortiz en el diseño del planeamiento urbanístico de la ciudad, durante su fase de redacción, entre 2007 y 2009. Y si lo hicieron a cambio de las presuntas prebendas facilitadas por el empresario: entregas de diversas cantidades de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y viajes pagados a Ibiza, Andorra y Creta.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial debe dilucidar si los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, concedieron un trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el diseño del planeamiento urbanístico de la ciudad, durante su fase de redacción, entre 2007 y 2009. Y si lo hicieron a cambio de las presuntas prebendas facilitadas por el empresario: entregas de diversas cantidades de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y viajes pagados a Ibiza, Andorra y Creta, según el sumario.

La Fiscalía ha defendido la validez de toda la instrucción frente a los intentos de desacreditarla formulados hasta ahora por las defensas de los nueve procesados: los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo; el empresario Enrique Ortiz; los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo; el constructor Ramón Salvador; así como Santiago Bernáldez, Pablo Rico y Virgilio Ortiz, asociados a las empresas de Ortiz.

La Fiscalía Anticorrupción confirma que los planes trazados por Villarejo y Cospedal en aquella reunión de julio de 2009 para proteger al PP, se llevaron a cabo. El Ministerio Público sostiene que "en septiembre y octubre" de 2009, Villarejo advirtió por teléfono al marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, sobre la existencia de "dos investigaciones penales amparadas por el secreto sumarial". Se trataba de la Operación Brugal, que afectaba al PP de Alicante, y sobre la trama valenciana del Caso Gürtel

En la mayoría de las llamadas telefónicas seleccionadas por la Fiscalía , Ortiz se dedicaba a concertar encuentros con Castedo o con Díaz Alperi con la intención de que le explicasen algunas cosas, o que atendiesen algunas de sus peticiones relacionadas con actuaciones urbanísticas desarrolladas por sus empresas. La sala también pudo escuchar cómo prácticamente en todos esos contactos telefónicos, se trataba de concertar reuniones en lugares en los que se contase con cierta privacidad, sin que pudiesen ser vistos por terceros.

La semana pasada comenzó el juicio del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, la última gran causa dentro del caso Brugal, el macroproceso de corrupción que ha marcado la actualidad provincial de la última década y que mantiene a la comarca sin un plan integrado de gestión de su basura