El Tribunal Constitucional (TC) va a incluir la disolución del Parlament entre las decisiones que declarará ajustadas a la Constitución en su sentencia sobre la aplicación del 155 a Catalunya en el 2017. Ahora bien, del aval a la decisión no se derivará necesariamente el respaldo incondicionado del TC a la medida de disolución de una institución parlamentaria en cualquier supuesto de aplicación del 155. El Constitucional deberá establecer una mínima doctrina sobre los supuestos en que el 155 es aplicable.

El presidente del Constitucional traslada a varios magistrados su enfado por la filtración de un proyecto de sentencia redactado por el progresista Conde Pumpido que proponía tumbar una condena firmada por Marchena por el asalto al Parlament de 2011. El proyecto de sentencia filtrado a distintos medios no fue sometido a debate porque su autor lo retiró a finales de verano y mientras el Constitucional en un comunicado inédito avisa de que las filtraciones "propician el enfrentamiento interno"

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha hecho pública la sentencia cuyo fallo adelantó el pasado viernes y que, con dos votos discrepantes, rechaza el recurso presentado por el exdiputado y expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez -- condenado por sedición en la causa del 'procés' independentista de Cataluña--, contra las reiteradas decisiones del Tribunal Supremo de mantenerle en prisión antes de dictarse sentencia. El TC afirma que la medida fue proporcionada y respondió a un fin constitucionalmente "legítimo".

De este modo, los magistrados del Constitucional ni siquiera han entrado a estudiar el fondo del recurso que presentaron José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Boza y Alfonso Jesús Cabezuelo, después de que el Tribunal Supremo incrementara a 15 años la condena inicial de la Audiencia Provincial de Navarra. Los magistrados ven como "defecto insubsanable" del escrito su carencia de "trascendencia constitucional"

El Tribunal Constitucional asumirá el próximo miércoles el estudio de la legalidad o no del decreto por el que se acordó el estado de alarma, después de que el Tribunal Supremo haya dictado un auto en el que rechaza resolver sobre esta cuestión, por entender que es competencia del tribunal de garantías. La vía por la que el Constitucional va a asumir el estudio de este asunto será la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo parlamentario de Vox.

La convulsión política que ha generado la salida de España del rey emérito ha puesto de actualidad el debate sobre el vigente marco constitucional, hasta el punto de que el CIS ha anunciado que formulará una pregunta al respecto en su próximo barómetro de septiembre. La intención es loable, pero los resultados –a tenor de anteriores exploraciones- pueden ser poco operativos. La última vez que se preguntó a los españoles sobre la necesidad de la reforma constitucional, en septiembre del 2018, el 70% se mostró a favor y sólo un 15% en contra.

El Tribunal Constitucional se dispone a avalar la constitucionalidad de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que en 2015 reguló el rechazo en frontera -o devolución en caliente- de los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en España por los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. El presidente del TC, Juan José González Rivas, ha asumido la ponencia de este asunto tras la dimisión como magistrado del inicial ponente, Fernando Valdés.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha determinado que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la llamada 'Ley Mordaza', es constitucional en todos sus puntos, incluido el retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla --siempre que se respeten las garantías legales--, salvo en lo tocante a las grabaciones "no autorizadas" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana salvo el 'uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades

Hasta ahora la sentencia referencia, por la que se regía el Tribunal Constitucional, era la 258/2007, de 18 de diciembre. Esta imponía al recurrente probar de qué forma habría repercutido sobre el resultado de la sentencia condenatoria caso de haber podido hacer uso del derecho a la última palabra. El caso del holandés Jerry Aroon-Kumar Rustveld ha hecho que el Tribunal Constitucional cambie su doctrina sobre este derecho.

El Tribunal Constitucional de Alemania ha despejado el camino para la ratificación y el posterior desembolso del fondo de recuperación europeo de casi 800.000 millones de euros con el que la UE quiere impulsar su economía tras la pandemia tras desestimar el recurso presentado por un grupo de ciudadanos alemanes. El Alto Tribunal considera que las consecuencias del bloqueo preliminar serían más graves si posteriormente fuese declarado constitucional.

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado contrario a la Carta Magna el real decreto ley que permitió al Gobierno realizar los nombramientos provisionales en RTVE y nombrar a Rosa María Mateo presidenta de la corporación. El Constitucional considera que se vulneró el derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación. La sentencia, que no tiene efectos prácticos dado que ya hay un nuevo consejo de RTVE, ha salido adelante gracias al voto de calidad del presidente del Constitucional, Juan José González

El pleno del Tribunal Constitucional votará previsiblemente este miércoles si anula el confinamiento domiciliario del estado de alarma por inconstitucional, como defiende el ponente del borrador de sentencia. Ese pronunciamiento implicaría la anulación de un millón de multas y la obligación constitucional de decretar un estado de excepción para imponer medidas parecidas.La deliberación mantiene el empate entre partidarios del estado de alarma y el de excepción

Un grupo de 20 diputados y exdiputados de entre los que recurrieron ante el Tribunal Constitucional la ley del aborto el 1 de junio de 2010, han presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el TC por «retrasar injustificadamente» su pronunciamiento sobre dicho recurso. A juicio de estos antiguos diputados, el Constitucional está «violando» lo previsto en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) que garantiza «el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas».

La propuesta ha nacido de la mano de dos profesores de Derecho Constitucional, en este caso de Gabriel Moreno González (Universidad de Extremadura) y Germán Teruel Lozano (Universidad de Murcia), que ya han trasladado al propio Ayuntamiento de Cádiz y están haciendo lo propio para que llegue al Gobierno central. Estos profesores se fijan en ejemplos como el de Portugal, donde también se ha dado el pistoletazo de salida para el traslado del Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Supremo-Administrativo de Lisboa a Coimbra.

Gobierno y el PP han cerrado el acuerdo para renovar cuatro de los órganos constitucionales cuyo mandato estaba caducado: El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. Una semana después de anunciarse que se reiniciaban las negociaciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han pactado los nombres que serán designados por el Congreso y el Senado en próximas secciones. Quedan pendientes todavía los relevos en el Conse

Este martes, tras más de 20 horas de debate en la Cámara de Diputados de Chile, se aprobó, con 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones, la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Las bancadas de oposición en Chile acordaron a principios de octubre presentar una acusación constitucional contra Piñera, luego de revelarse un acuerdo de compraventa por la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, donde la familia del mandatario vendió su parte del proyecto a otro empresario chileno.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha rebajado las expectativas de los nueve vocales del sector conservador que querían llevar a Europa la reforma express del PSOE que busca permitir que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar a sus candidatos al Tribunal Constitucional para renovar el tribunal de garantías que tiene a cuatro magistrados, entre ellos presidente y vicepresidente, en funciones desde el pasado 12 de junio. Este órgano constitucional se suma al propio Consejo General del Poder Judicial

Hoy vence el plazo otorgado al Consejo General del Poder Judicial para realizar sus nombramientos de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, parece que la situación de bloqueo permanecerá algunas semanas más. Este artículo explica brevemente cómo se realizan los nombramientos y por qué se encuentran bloqueados (tanto los del Tribunal Constitucional, como los del Consejo General del Poder Judicial)

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de Vox contra la reforma legal de 2021 que prohibía, entre otras cosas, que un padre acusado de maltrato o violencia machista pudiera tener un régimen de visitas con sus hijos. Por unanimidad el pleno rechaza el recurso del partido ultraderechista y explica que esa decisión estará, en cualquier caso, en manos de un juez que “habrá de hacerlo mediante una resolución motivada” y no un “recorte de libertades”, como alegaba Vox. Esta medida, dice el Constitucional, “carece de automatismo y no…

El PNV considera que el Constitucional invade "la soberanía parlamentaria" al impedir votar la reforma de su propia renovación . Más País anuncia una Proposición de Ley para reformar la ley orgánica del Constitucional . Unidas Podemos califica de “golpe consumado” la paralización de la reforma en el Senado y critica la actitud “sediciosa” de los jueces. Belarra, tras la decisión del Constitucional: “La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia”.