A pesar de los asesinatos y las agresiones machistas que se dan de manera sistemática en el país, solamente eran expertos en este campo determinados jueces especialistas. Pero debido al cambio en el Código Penal demandado por la sociedad y la incesante cifra de víctimas, que aumenta en vez de disminuir, un total de 1.134 jueces y 28 fiscales han solicitado plaza para el 'Curso de formación continua con perspectiva de género', que ha sido diseñado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Piden 2 años de cárcel y 10 de inhabilitación para Paco Cuenca por los cursos de formación

Más de la mitad de los fondos que la Junta de Andalucía ha destinado a la formación de los parados del caso Delphi, fueron a parar a empresas, asociaciones o fundaciones vinculadas a Ángel Ojeda Avilés, ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía en tiempos del presidente José Rodríguez de la Borbolla(1984-1990), y su familia. La mayoría del dinero se tramitó como subvención excepcional aprovechando la circunstancia de que no había normativa.

La Policía Judicial ha tomado declaración a más de treinta empresarios en relación con los convenios de formación firmados entre la Cámara de Comercio de Madrid y las patronales madrileñas. También han sido citados un centenar de alumnos. Fuentes empresariales indicaron que la investigación comenzó hace cuatro o cinco meses. La Policía pregunta a los empresarios, fundamentalmente, sobre los convenios que la Cámara firmó con algunas asociaciones, como Ceim y Cecoma y otras, en los años 2010 y 2011.

CEOE critica que el Gobierno en funciones haya dado "un paso más en su estrategia de exclusión" de la patronal y los sindicatos del sistema de formación

Los servicios jurídicos del Gobierno del Principado, personado como acusación particular en la causa abierta contra varios exresponsables de UGT por el desvío de fondos de formación, se sumarán a la petición de penas de hasta 10 años de cárcel solicitada por el Ministerio Fiscal.

Este curso online está dirigido a cualquier persona que quiera profundizar en áreas de Ventas y Negociación, Marketing digital y Productividad

La Audiencia Provincial de Ourense juzga este lunes a un matrimonio que, "puesto de común acuerdo y con ánimo de beneficio injusto", está acusado de un delito de falsificación de documento oficial y un delito de estafa continuado. La mujer es una trabajadora de la Administración autonómica que ocupaba un puesto de "responsabilidad", el cual usaba para compulsar los documentos de los supuestos cursos, con los que obtuvieron más de 500.000 euros.

La empresa de Blanca Mata Fauri, pareja de Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), comenzó a recibir grandes contratos y ayudas públicas en el momento en el que su cónyuge fue nombrado líder del sindicato. El Debate publica hoy varios encargos públicos a Mata por valor de 345.000 euros para dar cursos de comprensión lectora a funcionarios de administraciones públicas del País Vasco.

La Junta a estas alturas puede clamar cuanto quiera, retorcer argumentos o invocar sus fantasmas familiares, pero los palos de esa nada sospechosa Cámara de Cuentas resultan, en última y fundamental instancia, demoledores: “Un agujero de 48’8 millones de euros en subvenciones sin justificar, retrasos de dos años para comprobar las justificaciones de los beneficiarios y hasta un 89 por ciento de ayudas para la formación concedidas durante un año sin ningún tipo de control”. ¡Es la Cámara de Cuentas la que lo dice, oigan, no la canallesca!

Los sindicatos CCOO y UGT han detectado irregularidades, por importe de 22 millones de euros, en las propuestas presentadas por medio centenar de centros que aspiran a las ayudas de 2015 del Servicio Estatal de Empleo Publico (SEPE) para actividades formativas destinadas a menores de 30 años.

Los sindicatos presentan una iniciativa en el Congreso para el pago de una renta a personas en riesgo de pobreza. El dinero defraudado por la corrupción en los dos casos que les implican asciende a 4.200 millones. El importe permitiría pagar esa renta anual a un millón de personas.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén acaba de archivar esta segunda causa contra Irene Sabalete y otros catorce funcionarios de la Delegación de Empleo interrogados por Alaya en el fraude de la formación en Andalucia

Lucía: "Nunca he sabido con quién hablar estos temas. Llevo años luchando por erradicar la masturbación y la pornografía. Alguien puede pensar que no es un problema, pero yo lo vivo como tal, estos temas me quitan la libertad, igual me ocurre con la atracción por amigas mías."

Después de la declaración de su ex secretario general, este jueves lo hacen el resto de acusados

!...Nos informan de los horarios establecidos, horarios de mañana, horarios de tarde y horario de sábado por la mañana, y seguidamente nos dicen que las mujeres no podremos acceder al horario semanal de mañana ya que al ser un colegio de chicos no pueden permitir extraordinariamente nuestra presencia porque los chicos se revolucionan, se desconcentran...y un montón de ridículas excusas para mostrar que no sólo hay desigualdad en sus aulas..."

Inturán recibió los favores de políticos del PSOE. Entre los gastos sospechosos están facturas de 2.483 euros en concepto de pan, queso y maíz. Otro escándalo con los fondos para los parados en Andalucía. Según revela este 10 de mayo de 2016 el diario ABC, la Junta pagó diez millones de euros a una empresa que, entre sus prácticas nada lícitas, hizo pasar como prácticas de hostelería lo que eran unos verdaderos banquetes para políticos. Desde enero de 2007 a marzo de 2012, la empresa propiedad de Vicente Carmona Ávila atrajo como un potente ...

Los seis detenidos durante el registro de la sede central de UGT Asturias en Oviedo por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han quedado en libertad sin medidas cautelares a la espera de ser llamados por la juez de Instrucción nº 4 de Oviedo, Carmen Blanco, una vez que los abogados hayan estudiado la amplia documentación.(...) "Hemos entregado toda la documentación y no entendemos este operativo mediático"

La junta lleva un retraso en los abonos a los alumnos de hasta seis largos años, la situación incluso ha generado la creación de una Plataforma Afectados Retrasos Ayudas FPE Andalucía, ni siquiera se recibe una notificación, siendo el supuesto plazo de resolución de tres meses.

Con este objetivo, ha pedido reactivar la comisión de estudio contra la corrupción para analizar "irregularidades" en torno a Feijóo, que se presenta como "luchador impecable contra la corrupción" mientras mantiene ocultos los contratos del Sergas con Marcial Dorado o las adjudicaciones a la empresa "donde trabaja su hermana". La trama de subvenciones de la operación Zeta, aparece en el listado de "proveedores del PP" en el informe del Consello de Contas sobre los gastos de la campaña previa a las elecciones autonómicas de 2009.

La Policía está recibiendo una auténtica avalancha de denuncias sobre supuestos fraudes en distintos cursos de formación, en Andalucía y en otras comunidades. Después de confirmar que había fraude en el 90% de los cursos de formación investigados en Andalucía tras el interrogatorio de unos 3.000 alumnos en la provincia de Córdoba, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han iniciado esta mañana el interrogatorio de unos 450 profesores de estos cursos en seis provincias (todas menos Sevilla y Huelva)

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil investigan desde hace meses una trama corrupta que utilizaría los cursos de formación subvencionados por las administraciones para engordar cuentas corrientes. Los presuntos fraudes en los cursos de formación apuntan a un entramado que salpica a la Xunta de Galicia y al PP en esa Comunidad, sin embargo apenas se informa en la prensa nacional a excepción hecha de alguna noticia perdida en El Mundo. Todo empezó con una investigación de la Agencia Tributaria a la empresa Prosem, ubicada en Lalín.

La Comisión Europea ha dicho este lunes que ha recibido garantías del Gobierno andaluz de que los supuestos casos de fraude o irregularidades detectados en los cursos de formación profesional continua no afectan en ningún caso al dinero de la UE recibido a través del Fondo Social Europeo (FSE).