En el documento remitido a Bruselas por el Gobierno español con la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019, el Ejecutivo de Mariano Rajoy hace gala de los "ahorros" conseguidos en el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) tras mediante el decreto ley de julio de 2012 para "racionalizar" el programa de atención a dependientes. El Observatorio de la Dependencia recuerda que 130.000 personas murieron sin ser atendidas.

Tres de cada diez personas con derecho reconocido a recibir una prestación por una situación de dependencia reconocida no reciben todavía ningún tipo de ayuda por parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En total, son 363.216 los dependientes reconocidos que permanecen en lista de espera para recibir prestaciones solicitadas, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La Ley para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia cumplirá 10 años este 14 de diciembre con 1.212.048 personas en España con derecho reconocido oficialmente a recibir alguna prestación o servicio por su situación de dependencia y 856.452 que de facto, lo están percibiendo.

La Asociación de Gerentes y Directoras de Servicios Sociales alerta de que en 2017 podrían morir 36.000 personas en situación dependencia, que actualmente se encuentran en lista de espera para recibir la prestación a la que tienen derecho por ley, por la "falta de financiación" del Sistema de Atención a la Dependencia.

La aportación del Gobierno central para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sigue cayendo respecto a lo que aportan las Comunidades. Según los datos del Observatorio Estatal para la Dependencia, la contribución presupuestaria de la Administración central se ha ido reduciendo paulatinamente hasta llegar al 15,9% de todo el presupuesto para atender a las personas que no pueden valerse por sí mismas o necesitan asistencia. En 2009, el Estado aportaba casi el 40% del presupuesto global del sistema. Se desplomó en dos años..

“No se destinan anualmente los recursos necesarios para atender puntualmente las prestaciones de dependencia ni se utilizan los instrumentos presupuestarios que permitieran subsanar el déficit, lo que sería fundamental para atender las necesidades de un colectivo especialmente vulnerable”. Así de contundente es la conclusión de la Cámara de Cuentas de Madrid, que ha fiscalizado la aplicación de la Ley de Dependencia en la región madrileña desde 2011 a 2015.Los datos son demoledores. El informe recoge los expedientes relativos a solicitantes..

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que el Gobierno no ha gastado 44 millones del presupuesto aprobado para el Sistema de la Dependencia, cuando existen 310.000 personas en lista de espera, de los que 120.000 son dependientes severos. Con los datos del Sistema de la Dependencia cerrados a 2017, explica esta asociación, "se han dejado de ejecutar 44 millones de euros y el incremento real de la aportación estatal por este concepto entre el año 2016 y 2017 ha sido de 28 millones de euros (el 2,4%)

Izquierda Unida (IU) ha pedido explicaciones al Gobierno acerca de lo que considera una "desatención" por su parte hacia las personas con dependencia, al no haber ejecutado 44 millones de euros de los presupuestos previstos para 2017 en materia de atención de la Dependencia, mientras "38.000 personas fallecieron ese mismo año esperando a recibir prestaciones y servicios"....

Fueron más de 30.000 las personas dependientes que murieron sin haber recibido atención, según el XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia. Al finalizar 2018 había 250.000 personas valoradas con algún grado de dependencia en una lista de espera que tardará tres años en ser atendida. Su presidente, José Manuel Ramírez, insta al Gobierno a aprobar un Real Decreto antes de las elecciones que, al menos, revierta los recortes del año 2012. al finalizar 2018 había 250.000 personas valoradas con algún grado de dependencia en lista de espera.

La Administración central lleva cuatro años ingresando más de 2.000 millones en impuestos y cotizaciones sociales vinculados a la atención a los dependientes mientras su baja aportación, de menos de 1.400, obliga a las comunidades autónomas a asumir el 80% de la financiación.

Las tarifas públicas de las residencias para personas de la tercera edad en grado de dependencia 2 se incrementarán un 5,8% este 2019. El departamento de Treball i Afers Socials ha informado este jueves de este aumento en el precio de las plazas de usuarios con dependencia severa, con carácter retroactivo con fecha del 1 de enero de este mismo año.

Hay “gravísimas desigualdades entre territorios” en el desarrollo de la ley de dependencia y las diferencias se han ido incrementando con los años. En cuatro territorios —Canarias, Extremadura, Andalucía y Catalunya— el tiempo medio de tramitación de un expediente supera el año y medio: desde el momento de la solicitud de un reconocimiento de dependencia hasta su resolución pasan 785 días en las Islas Canarias, 675 en Extremadura. A diferencia con territorios como, Castilla y León o País Vasco y Navarra, donde se resuelven en menos de 200 días

La crisis del coronavirus y el estado de alarma han hecho que el Sistema de Atención a la Dependencia retroceda en el mes de abril, al contabilizarse 7.396 beneficiarios y 15.421 personas con derecho a esas prestaciones menos que en el mes anterior. Así lo advierte, en un comunicado, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que manifiesta también su "preocupación" por el incremento de personas pendientes de valoración de dependencia, que ya asciende a 153.306 (2.744 más que hace un mes).

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha presentado este viernes 2 de octubre a las comunidades autónomas el Plan de Choque en Dependencia, que contará con un refuerzo económico de 600 millones de euros, y con el que quiere que "la atención a la dependencia sea, por fin, un derecho efectivo".

El sistema de dependencia retrocedió en la Comunidad de Madrid en el año de la pandemia tras reducirse la inversión en 135 millones de euros, un 10%, según el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia que sitúa en 4.782 los fallecidos entre marzo y diciembre en lista de espera sin ser atendidos. El sistema perdió en 2020 a 10.742 dependientes por fallecimiento en la región, lo que supone un 7% menos de personas atendidas, mientras el conjunto del país aumentó un 0,8%, según el XXI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependenc

El Ayuntamiento de València ha rebajado la lista de espera de las peticiones pendientes de valoración de la dependencia de 6.503 en noviembre de 2020 a 1.250 en septiembre, lo que supone una bajada de más de un 80 %. Ribó ha expresado su "satisfacción" por el avance de la dependencia tras la implantación en noviembre del 2020 de este plan "ante la acumulación de demandas" y cuyo objetivo era "dignificar los servicios sociales" que, a su juicio, son para "garantizar derechos y no para dar caridad".

Como consecuencia de la penosa situación del sistema de dependencia y la degradación de la salud de las personas que intentan acceder a él, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales calcula que, solo en 2021, cerca de 46.671 personas fallecieron antes de poder acceder a ellos: 28.192 en el “limbo de la dependencia” y 18.479 a la espera de ser valoradas. Durante el pasado año falleció una persona dependiente cada 11 minutos mientras esperaba a que la administración tramitase su petición.

Los líderes del G7 reiteraron este domingo su compromiso para reducir la dependencia de la energía rusa en represalia por la guerra en Ucrania, según un comunicado conjunto distribuido por la Casa Blanca. “Nos comprometemos a eliminar gradualmente nuestra dependencia de la energía rusa, lo que incluye eliminar o prohibir la importación de petróleo ruso”, afirmó el G7, integrado por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

La Comunidad de Madrid ha criticado que el Gobierno de España pretenda excluir del reparto de una nueva partida de 200 millones de euros para la atención de la dependencia a aquellas autonomías como la madrileña que votaron en contra del acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), al tiempo que ha amenazado con acudir ante los tribunales si finalmente sale adelante esta propuesta.

Un total de 353.965 personas están a la espera de recibir atención a la dependencia, 8.799 menos que en 2021, según el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que advierten de que, a este ritmo, "se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite". Además, más de 45.000 personas dependientes fallecieron en la lista de espera entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

La Ley de Dependencia cumple 17 años con más de 310.000 personas pendientes de valoración o en espera de atención.

SOS Rural, un movimiento ciudadano enfocado en la defensa del mundo rural, ha lanzado una advertencia sobre la futura dependencia alimentaria de España de países como Marruecos. En un reciente debate en Madrid, se ha discutido el preocupante declive de la superficie cultivada, la producción agrícola y las exportaciones en España, una tendencia que podría llevar a una dependencia externa para la alimentación nacional en la próxima década.

Lo más vergonzoso es que el gobierno hace trampa cuando presenta los datos relativos a la dependencia subrayando, como si fuera un éxito, que ha bajado la lista de espera y el número de personas que esperan ser atendidas. Una desfachatez porque, como acabamos de ver, eso no se debe a que el sistema funcione mejor sino a que hay menos personas beneficiarias porque se expulsan del sistema o porque fallecen antes de ser atendidas.