La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias para investigar si hubo delito en la difusión a través de la red social Twitter de los audios de la víctima de agresión sexual del 'caso Arandina', según han informado fuentes jurídicas. El Ministerio Público ha incoado estas diligencias a raíz de una denuncia que presentó Unidas Podemos, que considera que la difusión de los audios podría ser susceptible de la comisión de un delito de revelación de secretos, de protección del honor y de la imagen.

El juzgado de lo penal número 4 de Pamplona ha condenado a dos años y un día de prisión al hombre de Valladolid que publicó en internet una foto de la joven madrileña mientras estaba siendo violada por los integrantes de La Manada la noche de San Fermín de 2016, según la sentencia a la que ha accedido EL PERIÓDICO. El hombre, de unos treinta años, la acusó además de mentir en su denuncia y la insultó a través de su cuenta de twitter.

El juzgado considera hechos probados que la inculpada envió una centena de wasaps a su exmarido -del que se había divorciado recientemente y que fue representado por Juan José Jiménez Bustamante- en los que le profería insultos como «cabrón», «drogadicto», «pervertido» o «chulo putas». Y que le anunció que había pedido 2.500 euros de adelanto para que les pegaran un tiro a él, a su compañera y a la hija de ésta,

Teorías de la conspiración, tratamientos inapropiados o consejos falsos de prevención, la propagación relámpago de informaciones falsas de todo tipo sobre el nuevo coronavirus perjudica la lucha de las autoridades para frenar la pandemia. Si la gente deliberadamente crea y comparte contenido falso, con fines de conspiración -como los vídeos que afirman que el virus fue creado en un laboratorio francés- o incluso comercial -como los falsos remedios a la venta- “muchas personas” transmiten afirmaciones sin saber que son falsas y, por tanto, sin “

El partido ultra alega una inexistente censura en la aplicación de mensajería WhastApp

La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la multa de 30.000 euros impuesta al Ayuntamiento de Palma por divulgar datos privados de concejales de la oposición para revelar supuestas irregularidades en el uso de tarjetas municipales de aparcamiento. Según la sentencia hecha pública por la AN, su sala de lo contencioso-administrativo ha avalado la sanción impuesta a Cort por la Agencia de Protección de Datos en noviembre de 2017 por hechos ocurridos el año anterior.

Se ha determinado que la difusión de los vídeos sexuales en los que participaba la trabajadora no influyeron en su suicidio.

El informe de la Inspección de Trabajo sostiene que a la víctima "no le afectó" que los vieran sus compañeros (hasta 200 de ellos) y que solo temía que lo supiera su marido. Añade que "su única preocupación" los días antes de ahorcarse fue que la empresa, a la que exculpa, le concediera un cambio de turno para cuidar a sus hijos. Lo logró el 24 de mayo de 2019, pero un día después se suicidó.

Según un estudio de la revista JAMA Pedriatics el 8.4% de los menores de 18 años ha confesado haber distribuido imágenes íntimas de otras personas sin consentimiento. La relación directa entre sexting y difusión no consentida es la causa de que el 26% de los menores haya recibido mensajes de contenido sexual.

El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El Periódico- registraron una difusión media diaria conjunta de 277.820 ejemplares. Esto es un 29,3% menos que igual mes del año pasado cuando registraron 393.222

La cuenta que lanzó el tuit se declara afiliado a V0x. En realidad es un grupo. Esto se está poniendo interesante. Los puntos son cuentas de Twitter. Las líneas son los rts y demás. El punto rojo abajo central fue el difusor de ese tuit

Si no fuera por las grabaciones, abusos policiales como el ocurrido en Linares no siempre saldrían a la luz. Tener documentos gráficos de estas actuaciones es importante para poder denunciar los casos más graves, pero también está en juego la protección, seguridad e intimidad de los agentes. Esto es lo que dice la ley española sobre grabar y difundir las actuaciones policiales, cuándo es legal hacerlo y qué limitaciones hay.

Juana Ruiz Sánchez es una trabajadora humanitaria española en Palestina que ha sido encarcelada por el gobierno israelí sin cargos ni pruebas. [hilo de Twitter]

Esta semana Twitter destapaba una pequeña tormenta afirmando que un reciente estudio encargado por la misma red social se determinaba que los contenidos de “derechas” eran más difundidos en su red que los de “izquierdas”. La mala noticia es que en realidad Twitter no dice exactamente eso, y los matices son tan importantes que voy a intentar aclararlos, y traducirlos en algo entendible por cualquiera, fiel a mi estilo.Lo primero es que el estudio origen de todos estos titulares y tweets que hemos leído está disponible y cualquiera puede leer…

El servicio con mayor coste contratado por la Junta de Castilla y León es el relacionado con el recuento electoral y la difusión de los escrutinios provisionales. La empresa contratada para llevarlo a cabo ha sido Indra por un importe que se sitúa en 4,5 millones de euros, lo que supone un 67,7% del coste total de la celebración de las elecciones. El contrato para las campañas de difusión a la ciudadanía del procedimiento del voto por correo e información electoral en medios digitales ha tenido un coste de 437.680,80 euros; en prensa escrita…

El 14 de diciembre de 2012, un joven de 20 años entró con un rifle de asalto, dos pistolas semiautomáticas y una escopeta en la escuela primaria de Sandy Hook, en Newtown (Connecticut), y se puso a disparar. Mató a 20 niños de seis y siete años, y a seis educadores. La masacre, además, generó una ola de mentiras que cuestionaban hasta la existencia de la tragedia y fueron inventadas por unos pocos y difundidas masivamente con la palanca de las redes sociales.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 7.000 euros a una médico de una clínica estética por difundir sin consentimiento la grabación de un tratamiento de un paciente. El vídeo se publicó en redes sociales y en la sala de espera del centro con fines publicitarios. El paciente acudió a la clínica para realizarse un tratamiento láser en diciembre de 2019 y accedió a que se le hicieran fotografías de la zona tratada para que pudieran ser utilizadas con fines documentales y de formación.