La Oficina de Conflictos e Intereses (OCI) es la encargada de autorizar, durante un periodo de dos años, si un ex alto cargo puede trabajar en la actividad privada tras su cese en la administración pública. En cambio, solo ha emitido 15 denegaciones desde 2008. Se trata del 3,6% de solicitudes totales en 14 años.

El reto de gastar los fondos europeos es ingente. Así que el Gobierno se apoyará en las grandes compañías para asegurarse la buena ejecución de los proyectos. Además, en el último borrador del real decreto-ley para modernizar la Administración que se aprobará este martes, el Gobierno fomenta las sociedades de economía mixta como un nuevo modelo prioritario para trabajar con las empresas en los fondos europeos.

La Junta de Castilla y León aumenta en un 14% respecto al año pasado el canon que paga a la empresa encargada de todos los servicios no asistenciales. El Gobierno acordó con la empresa concesionaria un pago anual de 38 millones que se ha disparado hasta los 79 para 2016.

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo está estudiando desde el pasado mes de diciembre cómo se debe interpretar la última reforma del Código Penal en lo que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, en el Pleno que los magistrados del Alto Tribunal celebraron para abordar este asunto el pasado 15 de diciembre, la cuestión que más debate suscitó es si las empresas deben asumir una "responsabilidad penal por trasferencia" o es una cuestión de "autorresponsabilida

La izquierda española ha huido, tradicionalmente, de cualquier discurso próximo a los planes de pensiones individuales ya que temen que se interprete como una claudicación a los bancos. Sin embargo, la situación de la Seguridad Social es tan delicada que es el momento de buscar soluciones sin apriorismos. Desde esta posición, el PSOE ha decidido apoyar los planes de empresa obligatorios como complemento a la pensión pública dentro de las reuniones que se están realizando en la Comisión del Pacto de Toledo.

La Justicia obliga al Instituto Valenciano de Finanzas a adquirir el 54,58% de las participaciones sociales de la empresa en liquidación Desarrollos Urbanísticos Aguamarga SL, cuya propiedad comparte con dos entidades dependientes de las extintas Bancaja y CAM. El Consell de Camps se embarcó en 2008 en una operación inmobiliaria junto a Bancaja Hábitat (Banco Financiero y de Ahorro) y Tenedora de Inversiones y Participaciones SL (Banc Sabadell) para sacar de la quiebra a la empresa alicantina de ropa deportiva.

Katharine Hayhoe, directora del Centro de Ciencia del Clima de la Universidad Tecnológica de Texas, asegura que se está acelerando el calentamiento global

"Esa guerra contó con unas fuerzas estadounidenses muy pequeñas -todas voluntarias- que estuvieron complementadas por contratistas militares. En general, hubo el doble de contratistas que de soldados estadounidenses", dice Linda Bilmes, profesora de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Bilmes explica a BBC Mundo que políticamente se fijaba un límite al número de tropas que se iban a desplegar en el país y que con frecuencia la cantidad de contratistas requeridos se definía en función de esto.

El Ministerio de Fomento trabaja en la redacción de un Real Decreto Ley que otorgue cobertura legal a la nueva sociedad pública que aglutinará las nueve autopistas de peaje en quiebra, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

La Xunta de Galicia va a privatizar la gestión de 10 parques de bomberos. Las asociaciones de bomberos denuncian que este sistema de gestión no trae ninguna mejora en el servicio, pero si un incremento del gasto.

Considera que no controló operaciones sospechosas, ni conservó los documentos ni comunicó a las autoridades sus indicios El BOE publica hoy dos resoluciones del Ministerio de Economía en las que impone multas millonarias a Wester Union Payment Services Ireland. En total, entre las infracciones graves y muy graves de la normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales, la sanción suma 4,9 millones de euros. Una de las resoluciones, que impone una cuantía de 1.140.000 euros, corresponde a una falta muy grave porque considera que...

Un mes antes de que el PP ganara las elecciones, Abengoa sacó del consejo a Sebastián y fichó en su lugar al ex secretario de Estado de Hacienda, Ricardo Martínez Rico, un hombre de confianza en el PP que mantiene una estrecha relación con Cristóbal Montoro, ya que fue su mano derecha como secretario de Estado de Hacienda en la última etapa de Aznar. Tan buena es su relación que juntos montaron la consultora Montoro & Asociados –hoy llamada Equipo Económico, después de que Montoro la vendiera en 2008–.

El Tribunal Constitucional acaba de avalar el uso de cámaras en el puesto de trabajo, sin consentimiento del empleado, para comprobar el cumplimento del contrato. Pero esta sentencia no podrá ser aplicada a los funcionarios. La Agencia de Protección de Datos y el nuevo protocolo contra agresiones ‘blindan’ a los empleados públicos

Merece la pena repasar aspectos financieros del evento y del Comité Olímpico Internacional (COI), así como abordar algunas de las creencias populares más comunes que están equivocadas.

"La biomedicina es la medicina de hoy, una medicina con más conocimiento de las bases moleculares de las enfermedades y de los mecanismos de las mismas", ha explicado a Libre Mercado Javier Urzay, copresidente de la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos Innovadores y subdirector de Farmaindustria. Entre los principales objetivos de esta ciencia está "el desarrollo de nuevos medicamentos, de tecnologías sanitarias o de dispositivos médicos que ayudan a diagnosticar mejor las enfermedades y a tratarlas", ha añadido.

Los socios 'invitados' a última hora al negocio de las resonancias magnéticas en hospitales públicos valencianos se llevaron a menos 4,6 millones de euros por los tres años de permanencia en la UTE Erescanner Salud. Así se desprende del acuerdo que firmaron los socios de la UTE en 2008, justo antes de la adjudicación formal del contrato valorado por la Generalitat en casi 500 millones de euros en diez años.

La empresa pública ha acordado el pasado año un incremento salarial de media superior al de la empresa privada. Así, las 145 compañías de ámbito público, que agrupan a 48.518 trabajadores, se les aplica un aumento del 1,96% frente al 1,55% de los 2.101 convenios de empresas privadas con 433.017 empleados. Se trata del tercer año consecutivo en el que los salarios crecen en el ámbito público por encima del privado...

El enfermero José Aurelio Ventura denuncia que su empresa, Grupo Samu, le ha puesto un detective privado para intentar echarlo mediante despido disciplinario, según La Voz del Sur. Esta decisión de Grupo Samu, una empresa privada encargada de gestionar residencias de personas con discapacidades intelectuales y centros de menores de edad, viene dada porque Aurelio Ventura había iniciado pleitos contra la empresa por incumplimiento de impagos de trienios.

Las empresas dedicadas a la Educación y a la Salud han crecido desde 2008 en un 51,9% y 29,6%, respectivamente. Cada vez son más las compañías que ofrecen servicios en la Educación y Sanidad privadas, principalmente porque el trozo de la tarta a repartir es mayor. El deterioro en la inversión por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y los recortes de plantilla que inició José Luis Rodríguez Zapatero limitaron el sistema público al mismo tiempo que despegaba el sector privado en los dos campos anteriormente mencionados.

Naciones Unidas ha solicitado este lunes una regulación más firme a nivel mundial en torno a las operaciones de las empresas de seguridad privadas, al tiempo que ha recalcado que la condena contra cuatro antiguos empleados de Blackwater por su papel en la muerte de 14 iraquíes desarmados en 2007 en Bagdad refleja la necesidad de que los trabajadores de estas compañías sean juzgados por sus violaciones del Derecho Humanitario.

El hasta ahora diputado socialista por Asturias en el Congreso, Antonio Trevín, ha utilizado su cuenta personal en Facebook para defender su incorporación como directivo a la empresa Asturiana de laminados (ASLA) y rechazar así las críticas sobre la supuesta puerta giratoria. Así, Trevín defiende que su nuevo puesto «no tiene ninguna incompatibilidad legal», como han acreditado tanto los servicios jurídicos del Congreso como los de la empresa y califica de «panfletos con intencionalidad política» y «falsedades» las críticas que está recibiendo