Mientras que la exconsejera Mar Moreno es señalada por su "asistencia política y técnica" al "sistema ilegal de subvenciones". Zarrías y Moreno han aparecido por primera vez como posibles imputados en la exposición razonada elevada por Alaya al Tribunal Supremo. . Noticias, última hora, vídeos y fotos de España en lainformacion.com

"Esta situación, o situaciones de naturaleza similar, deben cesar de inmediato". Así de contundente se ha manifestado la Audiencia de Sevilla a raíz del recurso presentado por varios imputados del caso ERE, en el que se denunciaba que la instructora, Mercedes Alaya, había ocultado varios testimonios de otras personas que serían favorables a estos acusados. la Audiencia solicita a la juez que todas las diligencias policiales, entre las que se encuentran las tomas de declaración, estén a disposición de los imputados.

Que a El País no le gusta la juez Alaya, que investiga la corrupción del PSOE y UGT, no es nuevo. Pero hasta ahora se había guardado muy mucho de acusar a la juez de los ERE de cometer delitos. Hoy, aprovechando que la resaca de la Diada ocupa toda la actualidad nacional, arremete contra ella en un editorial por su decisión de unir la investigación sobre los ERE con la de los cursos de formación.

La imputación por la jueza Mercedes Alaya del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda augura lo que muchos se temían en el Partido Socialista y en el Gobierno andaluz: que la instructora de la macrocausa de los ERE dirigirá también la investigación judicial de una segunda macrocausa, esta vez sobre las irregularidades ocurridas en la concesión de subvenciones para cursos de formación vinculados al empleo. La instrucción de los ERE era inicialmente una investigación sobre el mercado público de abastos Mercasevilla.

El exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda ha presentado un recurso para evitar que la juez de Sevilla Mercedes Alaya investigue su caso relativo a los cursos de formación que le concedió la Junta de Andalucía, por lo que fue detenido el 6 de agosto y puesto en libertad tras declarar ante un juez de Cádiz.

La juez Mercedes Alaya no da abasto para llevar a buen fin la investigación de los dos macro procesos judiciales que dirige y que afronta prácticamente sola: el relativo a las irregularidades en los cursos de formación y el de los falsos EREs. Por esta razón, ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que destine a su juzgado tres funcionarios de refuerzo ante la sobrecarga de trabajo derivada de las citadas investigaciones.

Nuevo desacuerdo entre la Fiscalía y la juez. El Ministerio Público no quiere que Alaya siga practicando diligencias hasta tanto el Supremo no se pronuncie sobre la causa.La Fiscalía Anticorrupción estudia recurrir el auto del pasado 4 de septiembre en el que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía acordó seguir instruyendo la causa una vez remitida al Tribunal Supremo la exposición razonada por la presencia de aforados.

La magistrado ha dictado hoy un oficio en el que reclama al Ministerio del Interior que ordene el cese de la investigación que está desarrollando la Policía Nacional sobre este supuesto caso de corrupción para que todas las pesquisas recaigan en la Guardia Civil, que también lleva más de un año investigando ese tipo de subvenciones bajo la dirección de Alaya.

La Junta de Andalucía ha pedido a la juez Mercedes Alaya que se aparte de la investigación de los cursos de formación, al considerar que la remisión a la Guardia Civil del testigo clave, el jefe de departamento de Formación Profesional en Sevilla, Teodoro Montes, vulneró el artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que solicita que declare la nulidad del auto de 7 de marzo de 2014, por el que se abren estas diligencias, y se envíe la causa al decanato de los juzgados de Sevilla para su reparto.

La Junta de Andalucía ha pedido la nulidad de la causa que la jueza Mercedes Alaya sigue sobre el presunto fraude de los cursos de formación subvencionados por esta administración, según han confirmado a este periódico fuentes del Gobierno andaluz. En un escrito dirigido a la instructora del juzgado número 6 de Sevilla, los servicios jurídicos de la Junta esgrimen la petición de nulidad en la vuln

La juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha imputado en la causa a otras seis personas, lo que eleva a 229 el número de encausados, y las ha citado a declarar los próximos días 1 y 2 de diciembre.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al incidente de nulidad planteado por la Junta de Andalucía para que la juez Mercedes Alaya deje de investigar el presunto fraude de los cursos de formación y ha reiterado que la magistrada es competente para instruir este procedimiento.

La juez Mercedes Alaya está dispuesta a tirar de todos y cada uno de los hilos surgidos de la 'Operación Enredadera' contra el amaño de contratos públicos. Entre ellos, del primer indicio dentro de la causa que apunta a una supuesta financiación irregular de una formación política. En este caso, Izquierda Unida (IU). Y todo ello gracias a la documentación intervenida recientemente por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya ha cumplido con la orden dada por la Audiencia Provincial de Sevilla y ha vuelto a dictar un auto de procedimiento abreviado por el "concurso fraudulento" para la venta de los suelos de Mercasevilla contra 16 personas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde y exportavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o los exdirectivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos entre otras macrocausas, ha logrado una de las cuatro nuevas plazas creadas en la Audiencia Provincial de Sevilla

La juez considera acreditado que el Consejo de Gobierno conoció tres informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía alertando de un mal uso de los fondos públicos en numerosas empresas públicas. Pone fecha a los días en los que se abordaron esos informes: el 19 de abril de 2005, el 29 de agosto de 2006 y el 8 de mayo de 2007. Mercedes Alaya deja constancia en su escrito de que han sido los letrados del PP quienes han aportado los documentos.

Alaya rastrea cuentas bancarias por su sospecha de financiación ilegal en el PSOE La juez detona la bomba de los cursos a las puertas de una campaña electoral en la que Susana Díaz deberá encajar los sobresaltos por esta investigación y los ERE

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE ha acusado al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández de recibir mordidas por importe de 602.806,72 euros en relación con la concesión de subvenciones sociolaborales, unos hechos que para la juez se desprende el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del ex consejero y su “entorno familiar”.

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha citado a declarar como imputada a la monja de clausura Carmen Muñoz Rivas, que antes de ingresar en un monasterio de Constantina (Sevilla) fue presidenta de una cooperativa textil que recibió una subvención de 44.000 euros de la Junta de Andalucía. La monja, que lleva casi tres años en el Monasterio de las Jerónimas de Constantina y ha mostrado su disposición a acudir al juzgado con sus hábitos, es una de las 34 nuevas personas imputadas en la causa por la juez, que ya ha acusado en

Criminaliza, se contradice, deja indefensos a los imputados. El abogado de Griñán ha atacado sin piedad a la jueza Alaya. Ya vivió abucheos a la entrada del juzgado, aunque cuente 50.000 seguidores en twitter.

En teoría, la juez no podía –ni debía– conocer antes que las defensas ese informe, cuya importancia en la instrucción es jurídica y políticamente crucial, dado que su hilo conductor y sus conclusiones coinciden con la hipótesis central de la instrucción de Alaya.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolverá este martes el macroconcurso de traslado para magistrados. Mercedes Alaya obtendrá previblemente una de las cuatro nuevas plazas creadas por el CGPJ en la Audiencia Provincial de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, afirma que en la información facilitada por la Guardia Civil se comprueba con "claridad" el presunto enriquecimiento ilícito del exconsejero andaluz Antonio Fernández. En un auto, la juez afirma que "resulta con claridad, sin necesidad de mayores argumentaciones, y sin perjuicio de los detalles que en su caso puedan ser concretados, un presunto enriquecimiento ilícito que podría ser constitutivo de delito de cohecho o blanqueo de capital".