La Junta de Andalucía ha pedido la nulidad de la causa que la jueza Mercedes Alaya sigue sobre el presunto fraude de los cursos de formación subvencionados por esta administración, según han confirmado a este periódico fuentes del Gobierno andaluz. En un escrito dirigido a la instructora del juzgado número 6 de Sevilla, los servicios jurídicos de la Junta esgrimen la petición de nulidad en la vuln

La juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha imputado en la causa a otras seis personas, lo que eleva a 229 el número de encausados, y las ha citado a declarar los próximos días 1 y 2 de diciembre.

Nueva ofensiva de la Junta de Andalucía contra la juez Alaya el mismo día que Susana Díaz hablaba de transparencia parlamentaria. Si durante todo el caso de los ERE, la actitud de la Junta ha sido cuando menos confusa hasta el punto de pedirse su apartamiento de un caso en el que parecía estar de parte de los imputados.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al incidente de nulidad planteado por la Junta de Andalucía para que la juez Mercedes Alaya deje de investigar el presunto fraude de los cursos de formación y ha reiterado que la magistrada es competente para instruir este procedimiento.

La juez Mercedes Alaya está dispuesta a tirar de todos y cada uno de los hilos surgidos de la 'Operación Enredadera' contra el amaño de contratos públicos. Entre ellos, del primer indicio dentro de la causa que apunta a una supuesta financiación irregular de una formación política. En este caso, Izquierda Unida (IU). Y todo ello gracias a la documentación intervenida recientemente por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Sevilla.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos entre otras macrocausas, ha logrado una de las cuatro nuevas plazas creadas en la Audiencia Provincial de Sevilla

La juez considera acreditado que el Consejo de Gobierno conoció tres informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía alertando de un mal uso de los fondos públicos en numerosas empresas públicas. Pone fecha a los días en los que se abordaron esos informes: el 19 de abril de 2005, el 29 de agosto de 2006 y el 8 de mayo de 2007. Mercedes Alaya deja constancia en su escrito de que han sido los letrados del PP quienes han aportado los documentos.

Alaya rastrea cuentas bancarias por su sospecha de financiación ilegal en el PSOE La juez detona la bomba de los cursos a las puertas de una campaña electoral en la que Susana Díaz deberá encajar los sobresaltos por esta investigación y los ERE

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE ha acusado al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández de recibir mordidas por importe de 602.806,72 euros en relación con la concesión de subvenciones sociolaborales, unos hechos que para la juez se desprende el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del ex consejero y su “entorno familiar”.

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha citado a declarar como imputada a la monja de clausura Carmen Muñoz Rivas, que antes de ingresar en un monasterio de Constantina (Sevilla) fue presidenta de una cooperativa textil que recibió una subvención de 44.000 euros de la Junta de Andalucía. La monja, que lleva casi tres años en el Monasterio de las Jerónimas de Constantina y ha mostrado su disposición a acudir al juzgado con sus hábitos, es una de las 34 nuevas personas imputadas en la causa por la juez, que ya ha acusado en

Criminaliza, se contradice, deja indefensos a los imputados. El abogado de Griñán ha atacado sin piedad a la jueza Alaya. Ya vivió abucheos a la entrada del juzgado, aunque cuente 50.000 seguidores en twitter.

En teoría, la juez no podía –ni debía– conocer antes que las defensas ese informe, cuya importancia en la instrucción es jurídica y políticamente crucial, dado que su hilo conductor y sus conclusiones coinciden con la hipótesis central de la instrucción de Alaya.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolverá este martes el macroconcurso de traslado para magistrados. Mercedes Alaya obtendrá previblemente una de las cuatro nuevas plazas creadas por el CGPJ en la Audiencia Provincial de Sevilla.

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha suspendido las declaraciones previstas esta semana de 35 nuevos imputados por ayudas concedidas en la Sierra Norte de Sevilla tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de no imputar a doce de ellos por prescripción de los posibles delitos. En una providencia dictada el pasado 20 de marzo y conocida hoy, la juez informa de que suspende las declaraciones de los imputados por un delito de malversación hasta que se resuelva la petición de la Fiscalía.

La juez Mercedes Alaya ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 119.964 euros impuesta al que fuera ingeniero jefe del Servicio de Infraestructura de la Diputación de Sevilla Elías Oliver, imputado en la operación 'Madeja' que investiga una red de sobornos a funcionarios y responsables públicos a cambio de contratos públicos para la empresa Fitonovo

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, afirma que en la información facilitada por la Guardia Civil se comprueba con "claridad" el presunto enriquecimiento ilícito del exconsejero andaluz Antonio Fernández. En un auto, la juez afirma que "resulta con claridad, sin necesidad de mayores argumentaciones, y sin perjuicio de los detalles que en su caso puedan ser concretados, un presunto enriquecimiento ilícito que podría ser constitutivo de delito de cohecho o blanqueo de capital".

La actual titular del juzgado de Primera Instancia número 17 de Sevilla, María Ángeles Núñez Bolaños, será previsiblemente la sustituta de Mercedes Alaya al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla al ser, de todos los aspirantes, la que tiene más antigüedad en la carrera judicial, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press. Un total de diez jueces aspiraban a sustituir a la instructora de los ERE.

La juez Mercedes Alaya ha solicitado al Tribunal Supremo una copia del atestado elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la "implicación" del exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

La juez Mercedes Alaya pedirá una comisión de servicio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para seguir con las macrocausas que investiga, entre ellas los ERE fraudulentos y los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. A pesar de haber logrado un ascenso a la Audiencia de Sevilla, Alaya solicitará seguir al frente de estos casos durante al menos otros seis meses, con posibilidad de sucesivas prórrogas, según confirmaron fuentes del entorno de la juez.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos a través de una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro" a Fitonovo, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la adjudicación de las obras municipales por parte del Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva) a dicha empresa.

Hay una auténtica bomba de relojería a punto de explotar en las dependencias judiciales con más solera de Sevilla. La juez Mercedes Alaya se plantó el pasado viernes en el despacho del decano de los juzgados sevillanos. Se sabe que le confesó su “honda preocupación” por el momento que atraviesa su carrera. “Está muy tocada”. Sabe que el Consejo General del Poder Judicial libra un duro pulso interno, al parecer con empate técnico, sobre si acepta o no la prórroga que ha solicitado para seguir al frente de sus grandes casos.

La nueva juez titular de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha dictado una providencia en la que deja sin efecto un auto dictado pero no notificado a las partes por su antecesora Mercedes Alaya donde solicitaba nuevos datos sobre el "entramado" empresarial del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, imputado por el presunto fraude en la formación.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado este martes el plan de actuación para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla presentado por su actual titular, María Núñez Bolaños, y ha decidido que la juez Mercedes Alaya siga instruyendo el caso de los ERE irregulares, hasta que la Audiencia Provincial resuelva sobre su posible división, y el delito societario de Mercasevilla, y que su sustituta asuma la instrucción de las restantes.