El Tribunal Superior de Justicia de Canarias concluye que el derecho de la trabajadora a concretar su horario prevalece sobre la libertad organizativa de la empresa, el ‘call center’ de Telefónica en la capital grancanaria. La sentencia fija la cuantía de la indemnización en 3.500 euros, al situar la actuación de la empresa en el tramo económico correspondiente a las infracciones graves.

La institución foral cumple así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País vasco, que el pasado 9 de julio ordenó la reincorporación de la empleada en un plazo de 10 días hábiles, que se cumple el 1 de agosto. En febrero, el alto tribunal ya dictó, en otra sentencia, que hubo desviación de poder por parte del ayuntamiento y declaró nulo el despido, con la restitución a su puesto y el abono de los salarios de la exsecretaria durante los dos años y medio que lleva sin su trabajo.

Quizá te suene su cara, ya que en su momento fue uno de los abogados que con más ahínco combatió el canon digital español, que fue declarado ilegal por la Unión Europea y finalmente suprimido por el Gobierno. Además, también fue uno de los más activos a la hora de luchar contra la famosa ley Sinde que, ante el aluvión de sentencias favorables a las webs de descargas, optó por cerrarlas sin que hiciese falta una orden judicial. En este sentido, de hecho, fue uno de los abogados que representó a Pablo Soto –ahora concejal (...).

"Considero que la orden de arresto europea ha sido una historia de éxito para la UE", ha asegurado la comisaria europea de Justicia

El Tribunal Supremo anula su propia sentencia y dicta a favor de los bancos. En la excepción española,junto al IBEX debería anotarse el TS como nuevo indicador de referencia bursátil. El descrédito de la alta justicia española registra un nuevo hito. Todo se resume en esa máxima absoluta. El dinero, como prioridad. Su patria, su nación, su emblema. Sucio. Desmedido hasta lo innecesario. A cualquier precio, por encima de quien sea. Parece el hilo conductor de la actualidad, de sus grandes atropellos. El dinero. El poder que da acceso a obtenerlo

Igualdad Animal ha celebrado este "día histórico" para los animales a consecuencia del fallo del Tribunal Europeo de Justicia que ha prohibido el sacrificio animal sin aturdimiento y que permite a los países no autorizar ninguna excepción, como ocurre en la actualidad con los ritos musulman y judío halal y kosher.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura, ha confirmado una sanción de 10.000 euros a un empresario de la provincia de Cáceres que en una finca tenía trabajando a tres menores de edad, uno de ellos de solo 7 años; los otros dos tenían 15 y 13 años. También estaban trabajando otras cinco personas sin estar dadas de alta en el Régimen de la Seguridad Social.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción Rodríguez, no será reprendido finalmente por sus superiores por comparar a Unidas Podemos con los nazis durante. Así lo ha acordado el Promotor de la Acción de Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado viernes decidió archivar la diligencia informativa que se le había abierto y no incoar expediente disciplinario contra el magistrado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha determinado que si una empresa cambia de centro de trabajo a un profesional con jornada reducida para facilitar la conciliación, y la nueva localización le lleva más tiempo de desplazamiento, imposibilitando dicha conciliación, este incremento del tiempo computa como trabajo. El organismo da la razón de esta forma a una trabajadora madrileña que tenía jornada reducida, de nueve de la mañana a tres de la tarde, para poder cuidar a su hija. Recoger a su hija del colegio pasó de 35 a 80 minutos.

Una sentencia europea va a dar la vuelta del calcetín en los principales puertos de España. A partir de ahora, las empresas podrán contratar estibadores sin tener que hacerlo a través de una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores (SAGEP) que existe en cada uno de los principales puertos y de la que deben ser accionistas previamente. Condena a España por la exclusividad de la carga y descarga de los principales puertos, como Valencia, Bahía de Algeciras, Barcelona, Vigo, Gijón o Bilbao.