la parcela está valorada en 2,9 millones de euros, coste equivalente de las 36 viviendas de promoción pública", y de un proyecto "justo". El regidor compostelano, por su parte, resalta que ambas administraciones responden a la "demanda" de pisos protegidos existente en la ciudad –con una lista de espera de unas 600 personas–, a la que se "suma la paralización del proyecto de vivienda protegida de alquiler previsto en Xoán XIII", que dependió de él mismo hasta hace escasos meses.

El abogado de la asociación denuncia que la venta no se hizo a la mejor oferta y recalca que adjudicación de las 1.850 viviendas fue hecha por la EMVS al fondo Magic Real Estate Blackstone, aunque la adquisición fue hecha por Fidere. Sumando a los supuestos puntos oscuros de esta transacción el hecho de que “intervinieran comisionistas que se llevan dos millones de euros”. Añade el letrado que también se vendieron a Fidere unas 50 plazas de garaje y unos 25 locales que no estaban previstos, “lo que se hizo sin oferta pública”.

El contrato que presta la adjudicataria finaliza el 24 de abril. La compañía ha anunciado un ERTE para 51 trabajadores y el despido de 16. Anuncian protestas a partir del 12 de abril. Recortes en el servicio, despidos en la plantilla y protestas de los trabajadores. Con esta secuencia se puede resumir la convulsa situación que vive la Oficina de la Vivienda de la Comunidad de Madrid...

El proyecto de Ley de Urbanismo y SueloVentana nueva, aprobado por el Gobierno regional, no contempla la obligación de cesión de suelo a la Comunidad de Madrid con destino a la construcción de vivienda pública social. Además suprime las reservas de suelo existentes obtenidas con la Ley del Suelo vigente. Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), califican el proyecto de Ley de antisocial porque desprecia la situación de emergencia habitacional existente en la Comunidad de Madrid.

"Ese proceso ha sido un proceso transparente, pulcro, inmaculado". El 20 de noviembre de 2015, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, volvía a la Asamblea de Madrid para dar explicaciones por la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo de inversión perpetrada en 2013 durante su mandato. Dos años y medio después, el juez que investiga la operación por la vía penal ha pedido al parlamento madrileño que envíe las actas de esas comparecencias por si tuviesen información de interés para la causa..

Se anunció el proyecto de la creación de la planta de energía virtual con un enfoque en la vivienda pública, para reducir así, los costes de la electricidad en las viviendas. Pese a su temprana implantación, la cadena de noticias local ha indicado que ya estaría teniendo un impacto en el país, poniendo el ejemplo de una persona que hasta ahora pagaba en su vivienda más de 500 dólares cada trimestre en electricidad, y que ahora, ha visto su factura reducida a 175 dólares desde que se le implantó el sistema.

Nuevo revés a la operación de venta de 32 promociones de viviendas públicas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en 2013. La justicia anula por segunda vez, en casos diferentes, este traspaso promovido por el Gobierno del PP de Ignacio González al considerar que la venta no estuvo debidamente justificada.

La Corporación Municipal de San Sebastián de los Reyes fue la pionera, al aprobar en octubre de 2018 una declaración institucional en la que declaró “non grata” a Lazora -precisamente por la actuación de la empresa al intentar subir los alquileres de los inquilinos al acabarse la protección de su casas- y a principios de diciembre Tres Cantos le siguió los pasos y declaró non grato al fondo de inversión Fidere. Esta semana, Podemos Torrejón y el PSOE han propuesto llevar al pleno sendas mociones para defender a un grupo de inquilinos.

La Audiencia Provincial de Madrid confirma el procesamiento del ex consejero delegado de la EMVS,Fermín Oslé y del apoderado de Fidere Vivienda,Alfonso Benavides,por los delitos de prevaricación,malversación y fraude. Asegura que no hubo libre concurrencia,ni se fijó previamente el precio de mercado de las viviendas,desde el inicio del proceso de venta,por eso pide aclarar si lo lo hizo a posteriori,el grupo que resultó ser adjudicatario,es decir,Blackstone. Además se cuestiona el pago de dos millones y medio de euros a la sociedad ITACA DESARR

Si en mayo la sociedad participada mayoritariamente por Goldman Sachs recibió de la Comunidad 107 millones en concepto de indemnización, el miércoles el Ejecutivo aprobó pagarle otros dos en concepto de intereses no devengados. Un capítulo más en una historia rocambolesca, a la que aún le queda un importantísimo capítulo final: Encasa Cibeles todavía reclama en los tribunales entre 65 y 90 millones más a Madrid como indemnización.

Una cuarta parte de los habitantes de la capital francesa vive en viviendas propiedad del Estado, en el marco de un agresivo plan para mantener a los parisinos con menos ingresos -y a sus empresas- en la ciudad.

La Junta invertirá 11,5 millones para 350 viviendas con un precio de alquiler asequible y 150 de alquiler social, aunque para Campamento Dignidad no se resolverán los problemas urgentes

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que el anuncio de realojo de todas las familias de la Corrala Utopía fue legal por obedecer a situaciones de especial necesidad.

270 familias, con bebés y personas dependientes, viven sin suministro desde el lunes por una deuda de 500.000 euros de la que nadie quiere hacerse cargo. La Fundación Todo Ayuda, encargada de la gestión del edificio y a quien los vecinos pagaban la luz y el alquiler, cerró las cuentas bancarias". Nadie se responsabiliza de lo que ha pasado", cuenta un vecino que necesita luz para mover la cama eléctrica de su cuñada y que asegura que está al día de pagos.

“Nadie querrá hacer negocios con el Ayuntamiento si empezamos a rescindir contratos”, ha defendido. Una opinión que coincide con la que ya apuntó Begoña Villacís hace unos meses, aunque dando otros argumentos. Para la portavoz de la formación naranja, revertir la venta supondría asumir costas de 400 millones de euros, que “enriquecerían aún más al fondo buitre”.

El último año ha estado marcado por un goteo de sentencias que ponen de relieve las prácticas de los nuevos propietarios en las viviendas del IVIMA y la EMVS, vendidas a precio de saldo por los gobiernos del PP. "Los jueces empiezan a frenar la cantidad de abusos en materia de alquileres, que son los mismos cometidos en materia hipotecaria", analiza una abogada. Los tribunales han parado desahucios y reconocido el derecho de los inquilinos a reclamar la venta porque tiene "consecuencias directas" sobre ellos..

Estas inversiones, que se extienden durante 6 años, está dotado de presupuesto anual y su objetivo es "atender la emergencia habitacional" que vive Canarias. Con estos fondos, el Gobierno de Canarias aspira a la creación de 28.300 nuevos empleos en el sector de la construcción, en edificación y rehabilitación. Del total de viviendas a construir, 5.971, las que va a construir directamente el Gobierno de Canarias son 3.634.

Un listado de posibles soluciones para el mercado de vivienda

"O se pone en marcha desde ayer una política de vivienda pública en alquiler dedicando a ello los miles de millones que hagan falta a fin de compensar las décadas de retraso, o se implementa la expropiación por parte del Estado a los propietarios del número de viviendas que excedan a la unidad y se asignan con un alquiler social"

El decreto ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), apenas 24 horas después de su firma. Se suspende la reunión entre el PSOE-A e IU prevista este viernes pero aseguran que están en conversaciones por vía telefónicaPara la federación una de las exigencias tras 12 horas de reunión era la retirada de este mandato de Susana Díaz que ya está en vigor

El juez que instruye el caso sobre la venta de viviendas sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo buitre tomará declaración a Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño y María Concepción Osacar Garaicoechea, dueños de Azora Gestión, la empresa que está detrás de la adjudicataria del contrato de los 2.935 inmuebles, Encasa Cibeles. La venta se formalizó en 2013, cuando Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid.