La Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía sigue investigando los incendios declarados el mediodía de este pasado martes en el interior del edificio de los juzgados, en el Prado de San Sebastián. A la espera de aclarar definitivamente si en el incendio, declarado en la tercera planta y el sótano, medió o no algún acelerante del fuego, los investigadores creen que "lo más probable" es que el siniestro fuese "intencionado", pues no han sido descubiertos desperfectos o fallos en la instalación eléctrica del edificio. .

La Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado el auto en el que la juez que investiga el caso de los ERE irregulares ordenaba "suprimir" y sacar del...

Es una situación ya recurrente en esta instrucción: la jueza no hace llegar ciertas actuaciones a las partes, éstas recurren la ocultación y la Audiencia les da la razón.

"Esta situación, o situaciones de naturaleza similar, deben cesar de inmediato". Así de contundente se ha manifestado la Audiencia de Sevilla a raíz del recurso presentado por varios imputados del caso ERE, en el que se denunciaba que la instructora, Mercedes Alaya, había ocultado varios testimonios de otras personas que serían favorables a estos acusados. la Audiencia solicita a la juez que todas las diligencias policiales, entre las que se encuentran las tomas de declaración, estén a disposición de los imputados.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha comunicado la existencia del procedimiento "en calidad de imputados" a los exconsejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y Mar Moreno en un auto en el que considera que existen indicios "de cierta consistencia o solidez sobre la posible responsabilidad de ambas señorías" en presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación.

La instructora admite que olvidó imputar al exconsejero la autorización de pago de una subvención de 450.000 euros.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 1.650.000 euros al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet a cuenta de su imputación por las irregularidades detectadas en los ERE de 2003 y 2007 y ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.

Que a El País no le gusta la juez Alaya, que investiga la corrupción del PSOE y UGT, no es nuevo. Pero hasta ahora se había guardado muy mucho de acusar a la juez de los ERE de cometer delitos. Hoy, aprovechando que la resaca de la Diada ocupa toda la actualidad nacional, arremete contra ella en un editorial por su decisión de unir la investigación sobre los ERE con la de los cursos de formación.

La imputación por la jueza Mercedes Alaya del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda augura lo que muchos se temían en el Partido Socialista y en el Gobierno andaluz: que la instructora de la macrocausa de los ERE dirigirá también la investigación judicial de una segunda macrocausa, esta vez sobre las irregularidades ocurridas en la concesión de subvenciones para cursos de formación vinculados al empleo. La instrucción de los ERE era inicialmente una investigación sobre el mercado público de abastos Mercasevilla.

Cinco exaltos cargos de la Junta de Andalucía imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares se han acogido este lunes a su derecho constitucionala no declarar ante la juez Mercedes Alaya, tras lo cual ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han solicitado nuevas medidas cautelares para los imputados.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto fianzas de responsabilidad civil por valor de 40.317.001,21 euros a 24 imputados en la causa entre exaltos cargos de la Junta y miembros del consejo rector de IDEA, siendo la más alta la fianza de 10,7 millones fijada para el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y destacando también las fianzas civiles de 4.070.633 y 482.790 euros fijadas para el exconsejero de Innovación Martín Soler y el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Eduardo Pascual ha declarado ante la jueza Mercedes Alaya. Afirma que el dinero se invirtió en dos hoteles de República Dominicana. Los establecimientos estaban controlados por empresarios afines al partido, según su declaración.

El exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda ha presentado un recurso para evitar que la juez de Sevilla Mercedes Alaya investigue su caso relativo a los cursos de formación que le concedió la Junta de Andalucía, por lo que fue detenido el 6 de agosto y puesto en libertad tras declarar ante un juez de Cádiz.

¿Qué es una ayuda sociolaboral? El abogado Carlos Leal, imputado en el caso de los ERE, explica el funcionamiento de este tipo de indemnizaciones. Cree que se debe excluir de la instrucción a las empresas y a sus responsables y asesores.

La juez Mercedes Alaya no da abasto para llevar a buen fin la investigación de los dos macro procesos judiciales que dirige y que afronta prácticamente sola: el relativo a las irregularidades en los cursos de formación y el de los falsos EREs. Por esta razón, ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que destine a su juzgado tres funcionarios de refuerzo ante la sobrecarga de trabajo derivada de las citadas investigaciones.

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández se ha acogido este miércoles a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, aunque su defensa ha presentado un escrito en el que pide una remoción de la nueva imputación y niega haber dado instrucciones al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en relación con las ayudas a Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén.

Nuevo desacuerdo entre la Fiscalía y la juez. El Ministerio Público no quiere que Alaya siga practicando diligencias hasta tanto el Supremo no se pronuncie sobre la causa.La Fiscalía Anticorrupción estudia recurrir el auto del pasado 4 de septiembre en el que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía acordó seguir instruyendo la causa una vez remitida al Tribunal Supremo la exposición razonada por la presencia de aforados.

Durante más de cinco horas, un funcionario de la Consejería de Empleo en Sevilla ha declarado como testigo ante la juez Mercedes Alaya dando cuenta de las irregularidades y la falta de control que han reinado en los fondos destinados para la formación en Andalucía. Teodoro Montes, uno de los principales testigos en este fraude que instruye Alaya, ha narrado cómo su departamento fue desmantelado y privado de personal hasta el punto que él solo estuvo al frente de la supervisión de “miles” de cursos durante más de un año.

Caso ERE: 71 millones de euros defraudados al 90% de la revisión de las ayudas sociolaborales. Caso UGT: 4,9 millones de euros con 21 expedientes revisados. Caso de los cursos de formación: 17 millones de euros en el 50% de las ayudas concedidas desde 2007 a 2011. Son las cantidades oficiales reclamadas por el Gobierno andaluz en las tres investigaciones internas abiertas en la administración autonómica después de que estos tres escándalos estallaran en los tribunales desde hace ya tres años. La investigación sigue abierta en las consejerías...

Entramos en el cuartel general de la UCO de la Guardia Civil en Madrid, el brazo ejecutor de la juez Alaya en los casos de los ERE, la Formación y los desmanes de la UGT La Unidad Central, que modernizó al instituto armado. Cumple 25 años.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha ordenado a la Guardia Civil que investigue una denuncia presentada por un particular por la existencia de nuevos 'intrusos' en distintos ERE, según una providencia dictada el pasada 14 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press.

La magistrado ha dictado hoy un oficio en el que reclama al Ministerio del Interior que ordene el cese de la investigación que está desarrollando la Policía Nacional sobre este supuesto caso de corrupción para que todas las pesquisas recaigan en la Guardia Civil, que también lleva más de un año investigando ese tipo de subvenciones bajo la dirección de Alaya.

La juez ha requerido a la Junta que le entregue las actas de las reuniones celebradas desde 2001 al 18 de octubre de 2012 por los viceconsejeros, denominadas 'consejillos'. Hay que recordar que desde mayo de 2012, Díaz ocupaba el puesto de consejera de Presidencia, y por tanto era la encargada de coordinar las reuniones en las que participaron los viceconsejeros de todas las áreas.

La juez ha dictado dos autos que han causado perplejidad. En uno exige a la Policía que deje de investigar la formación y en otro prohíbe a la Prensa publicar imágenes del testigo Montes. Esta vez ha conseguido sorprender a todos, incluidos aquellos que nunca hicieron reproches a su controvertida instrucción de los ERE dado que iba dirigida a la buena causa de desenmascarar el clientelismo y la corrupción de tres décadas de poder socialista en Andalucía.