La Policía registra la vivienda y la mercantil de Alberto Luceño en una pieza separada del caso mascarillas La Policía Nacional ha registrado la vivienda de Alberto Luceño y la sede de su mercantil dentro de una pieza separada del caso mascarillas en la que el juez Adolfo Carretero investiga las comunicaciones del empresario, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El investigado Luis Medina envía al juzgado un cuadro de beneficios completo en el que aparece el nombre Lin Shin. ¿Quién es Lin Shin? ¿existe?, ¿realmente intervino en la compraventa de las mascarillas? Estas son las principales preguntas que ahora surgen entre los investigadores, según fuentes jurídicas, que recuerdan que la Fiscalía Anticorrupción ya puso sobre la mesa sus sospechas sobre la posible invención, por parte de Luceño, de San Chin Choon, el supuesto dueño de la empresa, Ahora suman a estas incógnitas este "personaje".

Carretero sospecha que el imputado pudo utilizar el carnet falso del servicio secreto “para facilitar las relaciones comerciales con autoridades o empresas en Asia”.

El Ayuntamiento de Madrid continúa sin aclarar la cantidad y el destino del material sanitario que compró a través de Alberto Luceño y Luis Medina en plena pandemia de COVID dos años después de que comenzara la investigación. El juez del caso, Adolfo Carretero, acaba de reclamar al Consistorio que detalle cuántos guantes adquirió a los comisionistas por importe de 975.000 dólares, pese a que no servían para proteger a los sanitarios en plena pandemia.

Los documentos se localizaron en los registros practicados el pasado mes de septiembre por orden del juez Adolfo Carretero en el marco de una pieza separada abierta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para investigar las comunicaciones entre el investigado y el proveedor malayo San Chin Choon. "De todos ellos, habría multitud de versiones con modificaciones que desvirtuarían el contenido original de los mismos", señala el informe policial.

Cita al comisionista el próximo 10 de febrero por este nuevo delito de falsificación y por otro fiscal al haber intentado engañar a Hacienda en 1,3 millones de euros obtenidos con el negocio de la venta de material sanitario a Madrid

Más novedades en el caso del comisionista Alberto Luceño por la compra millonaria de mascarillas y material sanitario durante los inicios de la pandemia de coronavirus en Madrid. El citado por el juez Adolfo Carretero se ha negado este viernes a prestar declaración por, presuntamente, defraudar 1,3 millones de euros a la Hacienda Pública en el ejercicio de 2020 y manipular documentos oficiales, informan fuentes jurídicas. Una perito de la Agencia Tributaria manifiesta que "no tenía ninguna voluntad de pagar a Hacienda".

La Policía ha concluido que Alberto Luceño, uno de los investigados en el caso Mascarillas, se encargó de que el empresario malayo San Chin Choon diera a las autoridades judiciales las respuestas que le dijo, con el fin de que quedasen exculpados él y Luis Medina, aunque tomando “extremas precauciones” para que no se notara, según ha informado EFE.

La víctima en esta presunta estafa es el Ayuntamiento; el conseguidor de la trama, Luis Medina; y el "gestor criminal" Alberto Luceño. Al Rojo Vivo recuerda cómo los dos empresarios se embolsaron seis millones de euros en comisiones por venta de material sanitario en lo peor de la pandemia.

La Policía elabora un nuevo informe a partir de los whatsapp incautados a Alberto Luceño para describir "el ánimo de ocultación y engaño" de los dos comisionistas y cómo "desvirtuarían la realidad del negocio acometido"

El Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid ha abierto juicio oral contra Luis Medina y Alberto Luceño por el denominado 'caso mascarillas', una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en plena pandemia de Covid-19.

El juzgado de instrucción número 47 de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral contra Luis Medina y Alberto Luceño por el conocido como Caso Mascarillas, la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario durante los momentos más críticos de la pandemia. La Fiscalía, en su escrito de acusación, pedía 15 años de prisión para el empresario Luceño y otros nueve para el aristócrata.

La inmoralidad no tiene reproche penal pero la descripción de aquella que cometieron Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón en marzo de 2020 sirven al juez y a la fiscalía para explicar su acusación por estafa agravada, falsificación de documentos –públicos y privados– y delito fiscal a la que se enfrentan los dos miembros de la clase privilegiada de Madrid. En el momento más crítico vivido en España desde la Guerra Civil, con 74.839 muertos por Covid solo ese año, los dos acusados engañaron al Ayuntamiento de Madrid para obtener 6 millones