Fuentes del Gobierno confirman a Redacción Médica que los padres deciden también en estas cuestiones de salud.

"El veto escolar ultrareaccionario, lo que han llamado 'pin parental' para parecer moderno, es inconstitucional. Punto pelota, se acabó la discusión", ha indicado el multifacético artista.

Hoy, queridos grupis, les traigo reflexiones que llegan tarde (porque el tema ya no interesa a nadie, ahora hay que hablar de Venezuela desde una perspectiva de género) sobre el pin parental. Para aquellos que no estén al corriente -en especial, grupis de Latinoamérica-, el pin parental consiste en un "freno de emergencia" que los padres pueden aplicar a la educación de sus hijos si estiman que están siendo educados en creencias con las que no concuerdan.

La consejería de Educación y Cultura de Murcia modificará los decretos de los currículos de primaria y secundaria para que la autorización denominada por Vox como 'pin parental' sea obligatoria para las actividades complementarias, pero no se requerirá en caso de charlas impartidas por funcionarios como policías, médicos o jueces.

"Me niego y me he negado a solicitar ese permiso parental", arranca la alocución de Diego Reina que lo ha convertido en el primer objetor, al menos explícitamente, al pin.

Los populares valencianos no tienen intención de apoyar la propuesta de Vox para implantar el pin parental en los centros educativos de la Comunidad. Tras estudiar la iniciativa de la formación de derecha populista, el PP considera que pedir el consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenido de valores éticos, morales, sociales o cívicos contraviene la jurisprudencia.

Durante la visita del presidente autonómico, Fernando López Miras, al Centro Integrado de Formación Carlos III, una mujer, María Martínez Conesa, madre de una alumna del centro, ha denunciado el incumplimiento del pin parental en la visita del presidente al centro educativo. Indica que no se le había notificado dicha visita, que no se ha explicado el motivo de la misma.

Declaración institucional de la Universidad de Murcia. Sobre la inclusión en los artículos 15.2 y 25 de las instrucciones de inicio de curso de 29 de agosto de la necesidad de autorización de padres y madres sobre las actividades complementarias de los programas docentes, tras un largo y extenso debate, el Claustro de la Universidad de Murcia manifiesta: 1. Que insta a la eliminación de la autorización por parte de padres y madres de las actividades complementarias que han venido siendo denominadas como “pin” o “veto parental”.

En el escrito señalan que se consideran padres contrarios a la aplicación del pin parental porque todas las actividades del centro son aprobadas por el claustro de profesores a los que consideran profesionales cualificados. Además, estos padres dicen que se niegan a que la educación de sus hijos sea objeto de chantaje entre partidos políticos en la región de Murcia.

El único alumno que no ha llevado la autorización familiar ha quedado al cuidado de un profesor mientras todos sus compañeros de 5 y 6 de primaria participaban en la actividad impartida por un técnico de la Delegación del Gobierno.

El (mal) llamado “pin parental” es la medida acordada desde el jueves 16 de enero entre PP, Ciudadanos y Vox en la comunidad de Murcia. Consiste en una solicitud de veto que los progenitores podrán imponer en los colegios e institutos a cursos, asignaturas, actividades y demás propuestas formativas obligatorias sobre igualdad o educación sexual. El partido de extrema derecha ha utilizado la implantación de esta disposición a cambio de la aprobación de los presupuestos para el año 2020 en la comunidad.

Se ha propuesto "paliar como sea el desastre que va a suponer la Ley Celaá" aunque, para empezar, ha tenido que descafeinar su medida estrella

La conocida actriz y activista feminista está atravesando por la peor campaña de acoso y derribo en las redes sociales por parte de grupos de ultraderecha y sectores antifeministas. Han conseguido que la veten en varios centros educativos bajo la mirada indiferente de la Administración a pesar de la gravedad del asunto, y su familia teme que sufra una agresión por la calle. En menos de una semana ha acudido a la comisaría dos veces para denunciar los hechos por un vídeo de hace dos años que una diputad de VOX ha vuelto a poner en la palestra.

“Les recordamos que estos contenidos son curriculares y que, en la actual legislación, aparece la obligación de trabajarlos en el ámbito educativo. No obstante, en caso de que no quieran que sus hijos participen en esta actividad, podéis [sic] comunicárselo al tutor”. Preguntada la Consejería de Educación, informa de que “tras realizar las pertinentes investigaciones, el servicio de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid le ha indicado al centro educativo que [las actividades] son curriculares y obligatorias para todo el alumnado”.

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, aseguró que su partido bloqueó las exigencias de Vox sobre el 'pin parental', e insistió en que desde un primer momento, cuando la Consejería de Educación envió la instrucción a los centros educativos, mostraron su disgusto y alega que no se les consultó al respecto. "Lo más sensato sería paralizar esta orden hasta que se sepa si es legal, y parece ser que no lo es".

Se trata de una de las propuestas estrella de la formación de extrema derecha desde las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y de la que sus defensores hablan cada vez que se refieren al tema de la educación afectivo-sexual en las aulas. En la práctica, se trata de un papel que permite a los padres vetar las actividades externas que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas. El objetivo es que los progenitores decidan sobre si sus hijos deben asistir o no y está muy dirigido a las charlas contra la homofobia.

Tenemos que dejar absolutamente claro que el hijo de un terraplanista tiene derecho a ir a clase de ciencias naturales, como el hijo de un antivacunas tiene derecho a ser vacunado. Los contenidos LGTBI, la educación en diversidad o el fomento de la convivencia no solo son un derecho de nuestros hijos, lo son también de sus compañeros de clase, es decir, de los hijos e hijas de los demás

El término es el que ha acuñado el partido de extrema derecha Vox para definir una solicitud escrita que va a dirigida a los directores de los centros educativos para que los padres puedan censurar cualquier materia, charla, taller o actividad que decidan que no quieren para sus hijos.

Los defensores del veto parental se hicieron escuchar. Padres, algunos con sus hijos, gritaron en la tarde del sábado al unísono contra el «adoctrinamiento en las aulas» en una manifestación diversa. Sobre todo murcianos, pero también algunos venidos de otros puntos de la geografía española como Madrid o Barcelona. Sin embargo, el grupo más numeroso, además del oriundo, fue el de la comunidad latina residente en la Región, que se hicieron notar en la protesta.

La clave del conflicto se debe a que la anterior consejera de Educación, la popular Esperanza Moreno, según Froet, alcanzó un acuerdo con las empresas del transporte escolar que ahora ha incumplido la nueva titular de Educación, Mabel Campuzano (ex de Vox). Tal acuerdo consistía en que la Consejería prorrogaría tres años el convenio marco que regula las 350 rutas de centros educativos y se sentaría a escuchar las demandas del gremio antes de sacar a concurso las rutas regidas por un nuevo convenio porque el actual data de 2009.

El rechazo de la Comisión Islámica de Melilla a los modelos familiares que difunde un colegio público de la ciudad autónoma ha llevado a la parte socialista del Gobierno melillense a plantearse la retirada de las ayudas públicas que recide la entidad religiosa. El PSOE gobierna junto a Coalición por Melilla, partido de mayoría de miembros y votantes de la comunidad islámica.

Las principales asociaciones de magistrados dan argumentos a favor y en contra de la censura parental. Hay quienes consideran que vulnera los valores constitucionales y que no existe un genérico derecho a la objeción de conciencia. Por otro lado, quienes defienden la medida, afirman que es un derecho de los padres recogidos en la Carta Magna.

Muchos profesores y educadores se han expresado en las redes contra la censura parental. Es la última polémica inventada del partido ultra Vox y seguida por el Partido Popular: la censura parental. La medida permite que los padres puedan vetar a sus hijos la asistencia a actividades complementarias en las escuelas, como pueden ser las charlas sobre diversidad LGTBI. Tras aceptar la medida de la ultraderecha, Pablo Casado vinculó la idea de que los niños "no son propiedad" de sus padres "con el pensamiento de los gobiernos comunistas”.