Las bonificaciones sobre el recibo de la electricidad han beneficiado durante años a los propietarios de medio millón de segundas residencias mientras apenas llegan a uno de cada veinte hogares con todos los miembros el paro.

Esta normativa es fruto de un acuerdo con PSOE y Ciudadanos, según el ministro de Interior Íñigo Méndez de Vigo. Rajoy ha presidido este viernes la penúltimo reunión de este 2016.

Pequeñas comercializadoras denuncian el nuevo modelo de financiación y la falta de respuesta a la pobreza energética. Eléctrica de Cádiz, que calcula que tendría que asumir la mitad de sus beneficios para costear la medida estatal, ha anunciado que recurrirá el decreto ley validado en el Congreso.

El Gobierno ha enviado a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla el Real Decreto Ley del bono social eléctrico, dentro del cual se fijan distintas categorías para los 'hogares vulnerables' en virtud de unos umbrales de renta.El borrador de reglamento, que se remite después de que el Ministerio de Energía haya recibido las aportaciones de los grupos políticos que apoyaron la aprobación en las Cortes de la nueva regulación del bono social, se basa en criterios de renta de la unidad familiar.

La obligación de financiar el bono social arrincona a las pequeñas comercializadoras y cooperativas eléctricas Empresas como Holaluz han tenido que explicar a sus clientes los recargos mensuales por el nuevo coste.

El reglamento que debe regular este asunto ya ha sido examinado por la CNMC y acaba de pasar el trámite del Consejo de Estado. El Pleno del Congreso debate este martes una Proposición de Ley del PSOE para extender el bono social al gas natural.

Las compensaciones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años ascienden a unos 500 millones de euros.

En concreto, el descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que se inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para el caso de personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo; para el caso de una persona sola este nivel de renta será de unos 11.000 € anuales y para una unidad familiar con dos menores se elevará a unos 19.000 € anuales.

Las familias numerosas podrán acceder a él sea cual sea su nivel de renta. Las pensiones de viudedad y no contributivas quedan fuera, pero podrán acceder por bajo nivel de renta.

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este viernes que ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo contra el decreto del Estado que regula el bono social para reclamar su "nulidad" y ha impuesto a Endesa cinco multas por valor de 350.000 euros en total.

Consumidores y empresas alertan de que la mayoría de los 2,4 millones de clientes afectados no saben que el plazo acaba el 10 de abril.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denuncia que el Gobierno no ha realizado una “adecuada campaña” informativa y que hay un “atasco burocrático” en la gestión de la documentación exigida. Lo mismo critica la Fundación ECODES (Ecología y Desarrollo), que habla de “una alarmante desinformación” y un “camino de obstáculos”.

El Ministerio para la Transición Ecológica baraja fórmulas para ampliar el número de potenciales beneficiarios de las ayudas (que contemplan descuentos en el recibo eléctrico de entre el 25% y el 100% para hogares vulnerables), para facilitar mucho más los trámites burocráticos para su solicitud y también para cambiar su financiación y que las eléctricas dejen de cargar en solitario con el coste (en torno a 200 millones de euros anuales).

Las subidas de la luz, como la anunciada para el próximo miércoles 19 de septiembre, son uno de los gastos que más resienten la economía doméstica cada mes, en especial, en los hogares considerados más vulnerables, como pueden ser aquellos con una renta baja, en los que residen familias numerosas o donde todos los miembros de la unidad familiar sean pensionistas con una pensión mínima por jubilación o incapacidad permanente, entre otros.

FACUA critica también que siga sin darse acceso a familias con bajos ingresos pero que resultan superiores a los pequeñísimos niveles de renta establecidos en el bono social aprobado por el Ejecutivo anterior.

Se establece un mínimo de 25 euros anuales por familias, siempre que haya “disponibilidad presupuestaria”. A partir de ahí, se repartirá la partida que se apruebe, por determinar, según zonas térmicas y grado de vulnerabilidad del hogar.

El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad.

Las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y ahora también Repsol tras las compra de Viesgo) están obligadas a ofrecer la tarifa eléctrica regulada a sus clientes.El precio de la tarifa depende de la evolución del mercado eléctrico y de otra parte que establece el Gobierno, que también fija cada año el margen de comercialización que debe recibir cada compañía por gestionar este tipo de tarifa y que cada año hace que las eléctricas se quejen de que esa retribución es tan baja que no sirve para cubrir sus costes.

El Gobierno central busca a 116.722 familias para ingresarles en su cuenta corriente entre 25 y 124 euros. Es la cantidad que les corresponde por cumplir los requisitos para beneficiarse del bono social térmico, que el Ministerio de Transición Ecológica aprobó en el otoño de 2018. Sin embargo, el Estado aún no sabe a qué número de cuenta debe realizar la transferencia con la cifra a la que tienen derecho. Por eso ha publicado sus números de DNI en el BOE para avisar a las familias de que tienen hasta el 2 de diciembre para confirmar sus datos.

El fraude escondido en el bajo consumo hasta 2018, del que se beneficiaron segundas viviendas, sacó fuera 600.000 hogares.

El Gobierno obligará a las eléctricas a detallar sus contratos con la industria y con sus propias comercializadoras a través del Real Decreto-Ley que prevé aprobar este martes el Consejo de Ministros, que incrementa las exigencias de transparencia a las empresas y refuerza el bono social de electricidad para los más vulnerables. El decreto persigue incentivar los contratos a "precio razonable" con la industria que quiere facilitar el Ministerio para la Transición Ecológica tras los anuncios de paradas de varias fábricas por la subida...

El Supremo asume la sentencia de octubre del TJUE y declara inaplicable y nula la financiación fijada en 2014. Veinte eléctricas han presentado alegaciones y las compensaciones rondarán los 500 millones.

Un peligro para la seguridad pública. Este es el principal argumento del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 8 para denegar a Civio el acceso al código fuente de BOSCO, una aplicación desarrollada por el Gobierno y que utilizan las eléctricas para saber si un usuario en situación de vulnerabilidad puede recibir descuentos en su factura de la luz. El Gobierno, para rechazar su apertura, alegó durante el juicio que difundir este código supondría problemas tanto de seguridad pública, como defensa nacional y propiedad intelectual.